El hombre sufre esclerosis múltiple y reside desde que nació en la vivienda, propiedad del obispado El juez autoriza el desahucio de Carlos Aguiriano tras la demanda interpuesta por la Diócesis de Bilbao

Fachada del edificio propiedad del Obispado en Bilbao.
Fachada del edificio propiedad del Obispado en Bilbao. Maizterrak Bilbo

Con 61 años de edad y una clara situación de vulnerabilidad, Carlos Aguiriano ha vivido toda su vida junto a su familia en esta vivienda propiedad de la Iglesia vasca

El Sindicato de Inquilinas ha hecho pública una propuesta de resolución en la que piden un contrato de alquiler que respete “tanto la Ley Vasca de Vivienda como la Ley de Arrendamientos Urbanos”

Tras casi una década de negociaciones con la diócesis, Aguiriano sigue intentando solucionar su situación, que pasa por seguir viviendo en el piso con un contrato de alquiler social

De poco o nada ha servido hasta ahora la presión del Sindicato de Inquilinas de Bilbao y de los vecinos del barrio de Begoña para impedir el desahucio de Carlos Aguiriano del piso donde vive desde que nació, propiedad de la Diócesis de Bilbao. Afectado de esclerosis múltiple, Aguiriano compareció en rueda de prensa frente a la Basílica de Begoña el pasado 28 de julio junto a miembros del sindicato para informar que un juez ha fallado a favor de la diócesis y ha autorizado el desahucio.

Según informaciones recogidas por el portal vasco Naiz, el Sindicato de Inquilinas, que lleva semanas denunciando la actitud de la institución eclesial, ha hecho pública una propuesta de resolución que el propio Aguiriano detalló durante la rueda de prensa. Piden un contrato de alquiler que respete “tanto la Ley Vasca de Vivienda como la Ley de Arrendamientos Urbanos”, un contrato “de acuerdo al marco establecido por todos los organismos multilaterales en relación al derecho a la vivienda”. 

Esta misma propuesta ha sido planteada de forma reiterada, y sin éxito, ante la diócesis, a la que califican como “un agente inmobiliario de primer orden, partícipe de la especulación y miseria que sufrimos”. Ante la falta de respuesta del obispado, el sindicato insta al Gobierno Vasco a no seguir mirando para otro lado "después de protagonizar una operación que costará al erario público 2 millones de euros, y que premia a un gran propietario, como es la Diócesis de Bilbao, después de haber tenido al menos 14 viviendas vacías, y por tanto incumpliendo la Ley Vasca de Vivienda durante más de 10 años”.

Con 61 años de edad y una clara situación de vulnerabilidad, Carlos Aguiriano ha vivido toda su vida junto a su familia en esta vivienda de la Iglesia vasca. Con la muerte de su padre en 1996, el contrato de alquiler pasó a nombre de la madre. Aguiriano había trabajado como traductor e intérprete en la década de 1980, oficio que tuvo que dejar para dedicarse al cuidado de su madre y hermana. Tras el fallecimiento ambas mujeres tiempo después, fue diagnosticado de esclerosis múltiple. 

Sindicato de Inquilinas de Bilbao, en su comparecencia junto a Aguiriano.
Sindicato de Inquilinas de Bilbao, en su comparecencia junto a Aguiriano.

Tras casi una década de negociaciones con la diócesis, hoy sigue intentando solucionar su situación, que pasa por seguir viviendo en el piso con un contrato de alquiler social. Quiere que se tenga en cuenta que “el propietario es la Iglesia católica, no un fondo buitre”. La diócesis, por su parte, asegura que siguen en contacto con Carlos y que trabaja para poder ofrecerle una alternativa.

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