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Detenido tras recibir información de un organismo antipederastia de EEUU
La Fiscalía solicita nueve años de cárcel para un sacerdote que fue detenido en Málaga tras descubrirse que supuestamente tenía miles de archivos de pornografía infantil, según publica este martes el diario SUR.
Los policías encontraron además muñecos de apariencia realista de menores desnudos en el salón de la casa donde residía el cura, señala el periódico malagueño.
Agentes de la Policía Nacional recibieron información de un organismo de Estados Unidos encargado de obtener y canalizar perfiles que comparten pornografía infantil, la alerta incluía una serie de direcciones IP cuyas conexiones se ubicaban en la provincia de Málaga.
Se advertía de que, mediante el intercambio de archivos Peer to Peer (P2P), se estaban compartiendo imágenes de contenido pedófilo; el rastreo posterior llevó hasta el sacerdote, indica el rotativo.
Precisa que ejerció durante doce años como profesor de religión en un instituto de Coslada (Madrid) y desde su ordenación como sacerdote en 2003 ejerció su ministerio en la diócesis de Alcalá de Henares, aunque en octubre de 2017 se trasladó a Málaga para cuidar de su madre, que se encontraba enferma.
En la operación policial fueron intervenidos gran cantidad de dispositivos de almacenamiento electrónicos y al volcarse la información de los discos duros, los agentes descubrieron miles de imágenes y vídeos (más de 400.000) de contenido pedófilo, según informa el periódico, que alude a un escrito del Ministerio Público.
En sus conclusiones provisionales, el fiscal explica que por muchas de esas imágenes se abrieron procedimientos distintos contra el cura, que en Málaga nunca ejerció la docencia destinada a menores.
Tras un auto del Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, el procedimiento en el que solicita los nueve años de cárcel únicamente se refiere a los delitos de tenencia y distribución de pornografía infantil, de los que el representante del Ministerio Público acusa al sacerdote, indica el rotativo malagueño.
Además de la pena de prisión, la Fiscalía malagueña solicita que se imponga al procesado la medida de nueve años de libertad vigilada y que se le prohíba por nueve años desempeñar cualquier empleo en el que esté relacionado con menores de edad.
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