La diócesis de Barcelona cree que el acuerdo Iglesia-Gobierno "beneficia a las víctimas"

El Arzobispado de Barcelona ha valorado "positivamente" el acuerdo firmado este jueves entre el Ministerio de Justicia, la Conferencia Española de Religiosos (Confer) y la Conferencia Episcopal Española (CEE) para la reparación de las víctimas de abusos sexuales a través del Defensor del Pueblo.

El obispo auxiliar de Barcelona y responsable del Servicio de Atención a las Víctimas de Abusos del Arzobispado de Barcelona, David Abadías, considera que el entendimiento "beneficia a las víctimas", informa la institución en un comunicado de este jueves.

El acuerdo contempla que aquellas víctimas de abusos sexuales que no deseen acudir directamente a la Comisión Priva, establecida por la Iglesia, puedan hacerlo a través del Defensor del Pueblo.

Se trata de una "vía temporal" con una duración de un año --prorrogable otro año-- para aquellas causas que no hayan tenido ni puedan tener recorrido judicial bien sea por la prescripción del delito o por la muerte de victimario.

Para la firma del acuerdo, el Gobierno se ha comprometido, tal y como solicitaba la Iglesia, a abordar la "reparación integral" de todos los menores víctimas de abusos sexuales en cualquier ámbito de la vida pública.

Este sistema acordado de reconocimiento y reparación tendrá el criterio técnico de la Oficina del Defensor del Pueblo, la evaluación de la Comisión Priva, el consenso Iglesia católica-Estado y la participación de las víctimas.

La oficina del Defensor del Pueblo estudiará los casos presentados y propondrá una vía de reparación que será estudiada y evaluada por la Comisión Priva establecida por la Iglesia.

Los criterios de valoración de los casos y de la baremación de la reparación de la Oficina del Defensor del Pueblo y de la Comisión Priva serán "homogéneos"; en caso de discrepancia en la valoración, una comisión mixta estudiará el caso que, en última instancia, resolverá el Defensor del Pueblo tras escuchar al rpesidente de la CEE o de la Confer.

El Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas de tributación, especialmente sobre la renta; el Arzobispado considera que el sistema no se basa en la imposición de una obligación jurídica, sino "en el compromiso moral de la Iglesia y en el acuerdo mutuo de las partes".