A Ione Belarra la vino a ver Dios el domingo 18 de abril. Es una forma de hablar. Quiero decir que a la flamante ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 se le apareció ese día El País con la información en donde el diario contaba que había creado, fruto de sus investigaciones periodísticas desde 2018, “la primera base de datos sobre pederastia en la Iglesia española”, con 816 víctimas en 306 casos.

Y es que a la ministra ‘pata negra’ de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición le pudo la emoción el 15 de abril, cuando el Congreso de los Diputados aprobó la Ley contra la violencia a la infancia, la llamada Ley ‘Rhodes’, y desde la tribuna de oradores le espetó sin filtro alguno su júbilo a la Iglesia afirmando que esta institución “ha sido cómplice demasiadas veces en nuestro país encubriendo la violencia sexual, y esto tiene que terminar”.

La Iglesia fue la única entidad directamente señalada y la acusación cayó como una patada en Añastro, desde donde, al día siguiente, aún doloridos los obispos, se emitió una nota de prensa en donde se calificaba de “acusación gravemente injusta” las palabras de la ministra, que estimaban “presas de un rancio anticlericalismo”.

Consejos vendo…

Acostumbrada a la refriega en las redes sociales, Belarra se enganchó a los datos elaborados por el diario de Prisa para adjuntárselos en forma de carta al cardenal Omella, que acababa de reivindicar ese mismo día, lunes 19 de abril, en la apertura de la Asamblea Plenaria, el compromiso “incuestionable” de la Iglesia contra los abusos.

Y ya sin estar constreñida a los 280 caracteres de Twitter, la navarra se explayó en lo que más le duele al arzobispo de Barcelona, su compromiso personal con las reformas de Bergoglio, y le soltó sin paños calientes que “la Iglesia católica española está lejos de cumplir con los compromisos exigidos por el Papa Francisco”, como si desde el Gobierno del que forma parte pudiesen dar lecciones en otras cuestiones que también preocupan a este Papa y son nucleares en la Agenda 2030, como el trato a los menores en los CIE, la acogida a los que llegan en pateras a Canarias, denunciadas por los obispos de las islas, o en paliar de una vez el frío en la Cañada Real, por ejemplo. Si quieren más, vayan al último informe FOESSA, ejemplar que la ministra del ramo debiera tener en su mesilla de noche.

“A diferencia de otros países europeos donde se han llevado a cabo investigaciones independientes, España no ha investigado aún en profundidad el problema de pederastia en el seno de su Iglesia. Parece evidente que, de hacerlo, los datos se asemejarían a los de otros países europeos”, señalaba la sustituta de Pablo Iglesias en el Gobierno de coalición en su misiva, fundamentada exclusivamente en la información del citado periódico.

Aprovecharse de la ineficiencia de Añastro

Y no le falta razón en este último punto a Belarra. Ya en febrero pasado, el secretario general del Episcopado, Luis Argüello, puso dramáticamente en evidencia que la Iglesia en España no disponía de esos datos, algo que sigue resultando de difícil justificación, y claro, cuando uno no tiene números o no hace por tenerlos, ya se encargan otros de buscárselos.

Pero tal vez sea únicamente este aspecto al que puede agarrarse con fuerza la ministra en sus graves acusaciones, pues ni ella, ni su antecesor en esa responsabilidad gubernamental, ni tampoco su socio de Gobierno, tienen autoridad moral para señalar a la Iglesia cuando Unidas Podemos y el PSOE frenaron en marzo del año pasado, en el mismo Congreso desde donde la ministra puso en el foco de todas las miradas a la Iglesia, una investigación sobre los abusos a menores bajo tutela pública en centros de acogida en Baleares.

Y resulta también injusto que, aun reconociendo la Iglesia como ya ha hecho, que se han cometido esos delitos en su seno, solo se la señale a ella, olvidándose en un caso de amnesia político-periodística bastante curioso, el reciente informe de la de la Fundación Anar en donde advertía que “los abusos contra menores se han disparado en los últimos años”, detectando 1.093 casos en 2020, “cuatro veces más que en 2008”. Y donde, además, se constata que “casi la mitad de los abusos sexuales a niños y adolescentes son cometidos por un familiar”.

Cuando es el Gobierno quien mira para otro lado

Para quien no recuerde el caso (probablemente porque tampoco se le ha dado mucha cancha, porque desde luego ahí hay un auténtico filón periodístico también), PSOE y Unidas Podemos rechazaron crear la citada comisión que debiera de investigar la red que explotaba sexualmente a cambio de drogas, regalos o dinero a niñas de entre 13 y 17 años tuteladas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, gestionado por el Gobierno socialista de Francina Armengol.

Un último detalle que tal vez la ministra Belarra ignora: mucho antes de que James Rhodes abogase en España por una legislación contra los abusos, una entidad eclesial como la Universidad Pontificia Comillas había pedido en 2013 una ley de protección integral a los menores y juzgados específicos para juzgar los delitos de abusos contra ellos.

La Iglesia, a pesar de todo, pionera contra los abusos

Ya entonces se advertía de que uno de cada cinco menores en España sufría abusos sexuales, y que solo se conocía el 2% de los mismos, fundamentalmente por el secreto dentro de las familias, barbaridad que ha constatado también la Fundación Anar una década después sin que los medios habilitasen cauces para luchar contra esta lacra. Ahora, la hipocresía se ha trasladado al estrado. Y es muy peligroso.

Hace ahora 90 años de la proclamación de la Segunda República. Y van a cumplirse en unos días también los mismos años de la vergonzosa quema de conventos en Madrid. Nadie supo muy bien cómo comenzó aquella barbarie. Sólo que el ambiente social estaba muy caldeado, que la Iglesia andaba en boca de muchos, también políticos, por supuesto, y siempre hay un inconsciente a mano para prender la mecha.

Quizás por ello, el cardenal Omella, en su discurso de apertura de la Plenaria, reclamaba una política que evitase los “intereses electorales cortoplacistas” así como las “soluciones populistas”, porque da la impresión de que lo mismo que hace 90 años evidenciaba Josep Pla, “la política del nuevo régimen no sea hoy más que ateneísmo agudo y casi enfermizo”. Al menos el de la señora ministra.