(Luis Centeno, Escuelas Católicas).- En estas últimas semanas de graves recortes por parte del Gobierno de la Nación y de las administraciones públicas, estamos asistiendo a un claro ejemplo de doble discriminación en perjuicio de la enseñanza concertada: por un lado, se pretenden reducir unidades concertadas en centros con suficiente demanda bajo el pretexto de que existen plazas disponibles en los centros públicos; por otro, algunas administraciones empiezan a insinuar que los recortes salariales no sólo afectarán a los funcionarios públicos, sino también a los profesores de los centros privados concertados por consecuencia del principio de la "analogía retributiva" (en este caso, en su sentido negativo).
No hace falta decir que las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno y refrendadas por el Congreso por un solo voto de diferencia, son el último episodio de una nefasta gestión de los fondos públicos y de la política económica equivocada aplicada a nuestro país, cuyas consecuencias las vienen padeciendo todos los ciudadanos en progresivas fases (primero los que perdieron su empresa o su empleo, después los funcionarios y pensionistas, los futuros padres, los consumidores, etc).
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