Ante la pederastia, tolerancia cero, igual que ante el terrorismo. Pero observando escrupulosamente la legalidad. Para que los "malos" no tengan agarraderas ante el Estado de Derecho. Salvando todas las distancias, al igual que no puede existir un GAL por muy horrorosos que sean los crímenes de ETA -la verdad y la justicia están con el Estado de Derecho-, no es de recibo la actuación de la Policía belga desde el jueves hasta la fecha. No se puede "secuestrar" a los obispos belgas durante nueve horas, sin dejarles comer, beber o comunicarse. No se pueden profanar las tumbas de dos cardenales con la curiosa sospecha -más propia del Código Da Vinci que de la realidad- de que podían esconder pruebas. No se puede, en definitiva, utilizar como prueba pública pliegos de investigaciones privadas, que además tenían asegurada esa privacidad por el mismo Gobierno de Bélgica.

Nadie puede obligar a las víctimas a que den sus nombres y apellidos, como si fueran ellas parte del problema o, peor aún, sospechosas. Ojalá, claro está, que todas las víctimas de abusos se animaran a denunciar públicamente a esos criminales (dentro o fuera de la Iglesia), pero estas personas tienen que ser, siempre, el centro de la atención, y no de la polémica. Que se investigue hasta las últimas consecuencias, y que los culpables, sin límites -sean quienes sean, desde Danneels hasta el último monaguillo-, paguen su afrenta una vez que se pruebe su culpabilidad.

Pero que el Estado de Derecho sea exquisito en el cumplimiento de la Ley. Es imprescindible, y más en casos como éste, tener bien claras las medidas y las proporcionalidades. Y tiene toda la pinta que, en este caso, la Justicia belga se ha pasado bastantes pueblos.

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