La locuacidad de los obispos españoles suele dispararse en campañas electorales y con motivo de la constitución de nuevos gobiernos. En esas situaciones son la Conferencia Episcopal Española y no pocos obispos quienes acostumbran a publicar documentos y hacer declaraciones para orientar el voto no solo de los creyentes católicos, sino de toda la ciudadanía, creyéndose una especie de oráculos de lo que llaman “la “ley moral natural”, de la que se consideran legítimos intérpretes y albaceas.

Las orientaciones del voto tienden a centrarse en temas relativos al origen y el fin de la vida, la familia y sus modelos, la sexualidad, el feminismo, etc., y en la mayoría de los casos inclinan la balanza a favor de partidos y coaliciones de derechas, y sus propuestas son un calco de las de dichos partidos. Se oponen a la que llaman “ideología de género” –que en realidad no existe, sino que es una invención suya-, al matrimonio igualitario, al LGTBI, al divorcio, al aborto, a las relaciones prematrimoniales, a la píldora del día después, a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a la eutanasia, etc. Y lo hacen con frecuencia en un tono recriminatorio para quienes no siguen sus orientaciones y disuasorio hacia al electorado para que no voten a los partidos que no siguen sus consignas.

A su vez, defienden la vida desde el mismo momento de la concepción, la indisolubilidad del matrimonio, la familia patriarcal, el ideario católico en los centros, el mantenimiento de la enseñanza de la religión confesional en la escuela, etc. A las mujeres apenas las citan salvo para condenarlas por prácticas abortivas, que llevan implícita la excomunión, oponerse al reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, que reducen simplistamente a la interrupción voluntaria del embarazo o confundir sus reivindicaciones de emancipación y libertad con el libertinaje.

Desde que se anunciara el Gobierno Progresista de Coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, los obispos han redoblado sus temores y sospechas no han cesado de expresar públicamente su inquietud, su temor, “mucha perplejidad y un horizonte incierto” y de alertar sobre el peligro de que se reproduzcan capítulos penosos de la historia de España. Así se ha manifestado el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la CEE, que ha pedido estar atentos a los cambios que pueda llevar a cabo el nuevo Gobierno en temas como los colegios concertados católicos, la clase de religión y la eutanasia.

“La Iglesia no quiere privilegios, pero tampoco discriminaciones. No quiere estar por encima de la ley, pero tampoco ser menospreciada”, ha declarado el secretario general de la CEE, Luis Argüello. No los quiere, pero los tiene y muy numerosos y se niega a renunciar a ellos. No quiere estar por encima de la ley, pero lo está en relación con otras tradiciones religiosas, por ejemplo, en la asignación tributaria, que supone unos ingresos de en torno a 250 millones de euros al año para la Iglesia Católica, gestionados por la jerarquía. Los obispos acostumbran a considerar derechos lo que son privilegios y en cuanto se toca mínimamente alguno de ellos suelen poner el grito en el cielo y lo consideran una persecución.

Sin embargo, en el acuerdo del Gobierno PSOE-UNIDAS PODEMOS ni siquiera aparece la derogación de los anacrónicos, preconstitucionales y anticonstitucionales Acuerdos con la Santa Sede de 1979, cuando tanto el PSOE como Unidas Podemos la han defendido en sus programas. Al no derogarlos se mantienen intactos los privilegios de los que viene disfrutando la jerarquía católica desde tiempos inmemoriales: educativos, culturales, jurídicos, políticos, urbanísticos, económicos, fiscales e incluso militares. Son todos privilegios sin ninguna contrapartida, sin los correspondientes deberes; todas son exigencias que debe cumplir el gobierno de turno, sobre todo cuando es de izquierdas. Con los partidos de derechas las demandas son menos exigentes y las reivindicaciones más moderadas.

En las declaraciones episcopales pre- y post-electorales hay pocas referencias a la crisis climática, la protección de los animales, la ecología, y cuando se hacen, como el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, es para calificar a los ecologistas de “enormemente frívolos”. Tampoco a la devolución de los bienes comunales inmatriculados ilegítimamente, o patrimonio de la humanidad como la Mezquita de Córdoba. Desde su posición privilegiada no mencionan la igualdad de las religiones ante la ley.

Pero quizá las reacciones más sorprendentes ante el nuevo gobierno han sido las del cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, y del ya citado arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz. El primero ha vuelto a clamar por la unidad de España, como lo hiciera siendo arzobispo de Toledo. Y lo ha hecho en un tono apocalíptico, hablando de “tiempos de secularización y de eclipse de Dios”, del “silencio de Dios” que “lacera nuestro mundo y nuestra cultura”, “de la “hora crucial y de emergencia” y del “futuro incierto que vivimos ahora en España”. Por ello pide encarecidamente “elevar oraciones especiales por España” en todas las Misas, en los conventos de vida contemplativa, en los hogares y termina su carta pastoral del 3 de enero del nuevo año: “Os lo repito: Orad por España”. Cañizares incorpora así la unidad de España al dogma nacionalcatólico en plena coincidencia con la extrema derecha y la derecha política.

El arzobispo de Oviedo se ha dirigido a la Virgen de Covadonga, patrona de Asturias, al grito de “Santina, sálvanos y salva a España”. ¿Salvar de qué, señor arzobispo? ¿De su homofobia, antifeminismo, integrismo y de sus ataques a la Ley de Memoria Histórica? Si es para eso, que la Santina le escuche y haga el milagro.