El Escorial ha ordenado la primera exhumación por la vía civil en el Valle de los Caídos La Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos amenaza con la vía penal para evitar exhumaciones

Valle de los Caídos
Valle de los Caídos

El Juzgado de primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial ha ordenado la primera exhumación por la vía civil en el Valle de los Caídos. Se trata de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás, fusilados en Calatayud en 1936 y trasladados al Valle de los Caídos

Tras esta decisión judicial, desde la Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos se pide que se deniegue cualquier actuación que suponga la manipulación de los restos "de cualquier persona inhumada en todos los osarios del Valle de los Caídos, que no sean los anteriormente referidos Manuel Lapeña Altabás y Ramiro Lapeña Altabás"

Alega que ninguna de las dos personas aparecen en las listas oficiales ni en el mapa de fosas elaborado por el Ministerio de Justicia. Y si así fuera, "se invadirían irremediablemente los derechos del resto de los inhumados en los mismos osarios". También aluden al estado deterioro de los osarios

La Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos ha reclamado este lunes que se deniegue cualquier actuación que suponga la manipulación de los restos de cualquier persona inhumada en todos los osarios del Valle de los Caídos y ha advertido que emprenderá las acciones que considere oportunas, incluída la vía penal, contra los responsables de cualquier vulneración de los derechos de las familias de los caídos de ambos bandos que allí reposan.
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El Juzgado de primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial ha ordenado la primera exhumación por la vía civil en el Valle de los Caídos, con el objeto de que los restos mortales de dos fusilados durante la Guerra Civil sean entregados a su nieta y reconocer así su derecho a una "digna sepultura".

En un auto, el juez José Manuel Delgado Seoane admite la petición de Purificación Lapeña respecto a su abuelo y su tío abuelo Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás, fusilados en Calatayud en 1936 y trasladados al Valle de los Caídos, al entender que "el derecho a una sepultura digna está indisolublemente unido a la dignidad propia de todo ser humano, con independencia a la forma en la que falleció".

Tras esta decisión judicial, desde la Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos se ha reclamado a Patrimonio Nacional que se abstenga "de tocar y manipular los restos mortales de cualquier persona inhumada en los osarios de la Basílica" y, en el supuesto caso de que así lo haga, que previamente lo notifique "a todas las familias del resto de los enterrados en el lugar", ya que de otra manera se produciría una absoluta indefensión de los mismos.

En este sentido, la citada asociación ha advertido de que, si no se hiciera así, se podría incurrir en un delito de profanación, tipificado en el artículo 526 del vigente Código Penal y se podría generar "un importante conflicto social entre el resto de las familias, que manteniendo a sus difuntos en el Valle, se niegan a cualquier manipulación con los mismos".

Sobre este punto, ha recordado que en el informe por el que se acordó la creación de la Comisión de Expertos del Valle de los Caídos, el 27 de mayo de 2011, se le exige, "si técnicamente fuera posible", que se evalúen previamente "los problemas legales que se plantearán, derechos de las familias que puedan tener intereses contrapuestos, así como el volumen de recursos personales y materiales precisos".

Osarios

Indesmostrable que se encuentren allí

En cualquier caso, la Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos ha recalcaldo que, según los listados oficiales de enterramientos en el Valle, los restos mortales de Manuel Lapeña Altabás y Ramiro Lapeña Altabás "ni siquiera reposan en dicho lugar". "Es indemostrable", ha señalado, "más bien todo lo contrario".

Así, ha alegado que "ni en los listados oficiales de enterramientos del lugar, y ni tan siquiera en el mapa de fosas elaborado por el Ministerio de Justicia, aparece referencia alguna al enterramiento de estas dos personas en el Valle de los Caídos".

Si así fuese y finalmente se intentara llevar a cabo esta exhumación, la asociación ha recordado que "se invadirían irremediablemente los derechos del resto de los inhumados en los mismos osarios". Alude en este punto al informe forense del Ministerio de Justicia de fecha 15 de febrero de 2011, firmado por el prestigioso forense Andrés Bedate Gutiérrez, en el que se se advierte de la "complejidad" de la identificación y del "elevado riesgo técino para la extracción de los columbarios.

"Estudio antropológico muy complejo por elevado número de individuos y mezcla de restos óseos. La identificación individual de los restos óseos depositados en las criptas y/o capillas queda casi imposibilitada dado el estado de los columbarios observados y el esparcimiento de los restos por las criptas y/o capillas", se añade en el citado informe.

En la misma línea, ha recordado que en este mismo informe se alerta del deterioro de los osarios de la Basílica Pontificia del Valle de los Caídos "por la grave y continuada falta de mantenimiento en el conjunto monumental". "Patrimonio Nacional en el año 2004, emite un informe, del que se desprende que desde la finalización del monumento en el año 1959, no ha habido incidencias reseñables, más allá de un movimiento de restos que tiene lugar en 1990 desde el piso primero de la cripta del Santísimo a los pisos de la cripta del Pilar, debido a unas humedades aparecidas en la techumbre de la sacristía", señala.

Por todo ello, se pide que se deniegue cualquier actuación que suponga la manipulación de los restos "de cualquier persona inhumada en todos los osarios del Valle de los Caídos, que no sean los anteriormente referidos Manuel Lapeña Altabás y Ramiro Lapeña Altabás".

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