Joaquín Benítez fue condenado a 21 años y 9 meses de cárcel La Audiencia de Barcelona mantendrá en libertad al pederasta de los maristas hasta que la sentencia sea firme

La Audiencia de Barcelona ha acordado mantener en libertad al exprofesor de la escuela de maristas de Barcelona Joaquín Benítez hasta que sea firme la sentencia que en abril de 2019 le condenó a 21 años y nueve meses de cárcel por abusar sexualmente de cuatro alumnos.

En un auto, la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona rechaza la petición que plantearon la semana pasada en una vista la Fiscalía y las acusaciones particular y popular para que Benítez ingresara inmediatamente en prisión para cumplir condena, al no apreciar la sala "razones objetivas" para encarcelarle hasta que la sentencia sea firme, ya que las medidas cautelares vigentes para evitar su huida "se han mostrado eficaces hasta la fecha".

Benítez permanece en libertad provisional después de que la Audiencia de Barcelona lo acordara en mayo de 2019, una vez condenado, al entender que había cumplido sin incidencias con todas las medidas cautelares -comparecencias periódicas en comisaría, prohibición de salir de España y de tratar con menores- que se le impusieron en febrero de 2016, cuando compareció como investigado ante el juez instructor.

La sala considera que la situación en la que se encuentra Benítez es "similar a la de mayo de 2019" y que sus "circunstancias personales", así como "el caso concreto", justifican que, por el momento, no ingrese en prisión, dado que ha cumplido "escrupulosamente" con todas las medidas cautelares impuestas "durante toda la tramitación de la causa".

Recuerda el tribunal que el pederasta confeso ha comparecido en el juzgado "cuantas veces ha sido llamado", un extremo que considera "especialmente relevante" tras haber admitido los hechos públicamente y ante la previsión de que el caso acabara en una condena de prisión, como finalmente ha ocurrido.

"Pese a ello, las medidas que se adoptaron en su día se han mostrado eficaces a los fines pretendidos, es decir, asegurar su presencia y sujeción al proceso", sostiene el auto, según el cual la prisión "no puede transformarse en una pena privativa de libertad anticipada", ni tampoco en "una ejecución provisional" de la misma, pues ello supondría una vulneración de derechos constitucionales.

"El fin legítimo de la medida de prisión sería hoy en día el único vigente, pues celebrado el juicio y dictada sentencia decae por su peso el riesgo de destrucción u ocultación de pruebas", señala.

La Audiencia también desestima el argumento de las acusaciones particulares y populares, que ejercen el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, de peligro de reiteración delictiva y opina que, "si con la prisión se pretende evitar que el procesado vuelva a delinquir, tendrán que considerarse elementos objetivos que apunten en dicha dirección" pues, por ahora, son inexistentes.

"La comisión de hechos hace más de diez años, que son aquellos por los que ha sido condenado, u otros más antiguos, no permite por sí hacer una proyección de futuro", apostillan los magistrados antes de agregar: "Una medida concreta como la solicitada no puede apoyarse en previsiones abstractas".

Y es que, de acuerdo con la sala, durante la vista sólo se ha indicado la "posibilidad genérica de que surjan nuevas denuncias o que pueda entrar en contacto casual con menores de edad en su vida cotidiana", ello sin mayores detalles.

Asimismo, afirma que las medidas de alejamiento y prohibición de comunicación con las víctimas "se han mostrado suficientes", ya que Benítez no las ha infringido y tampoco se ha manifestado que el condenado "tenga o pueda tener relación con menores concretos".

Benítez, exprofesor de Educación Física del colegio Maristas de Sants-Les Corts, fue condenado por abusar sexualmente de cuatro alumnos de 12, 13 y 14 años entre 2006 y 2009, una conducta "perversa y odiosa" sobre la que, según la Audiencia, no existe "certeza" de que la dirección del centro estuviera al corriente.

El escándalo fue destapado a raíz de las denuncias del padre de una de las víctimas, Manuel Barbero, que logró llevar a Benítez a los tribunales, donde solo ha sido juzgado por cuatro casos, pese a la veintena de denuncias que pesan sobre él, porque la mayoría han prescrito.