"Responde a una estrategia política planificada de violencia y exaltación al odio" La Federación Islámica denunciará a Vox por un delito de odio tras los sucesos islamófobos de Jumilla

Musulmanes celebran la fiesta del sacrificio del cordero en una cancha de baloncesto
Musulmanes celebran la fiesta del sacrificio del cordero en una cancha de baloncesto EFE/David Arquimbau

"No van contra otras confesiones, van contra la nuestra. Se trata de una propuesta islamófoba. Es una normativa discriminatoria para que solo los musulmanes no puedan disfrutar de sus fiestas", denuncia Mounir Benjelloun

El Gobierno ha dado de plazo hasta el 11 de septiembre para que el Consistorio anule la moción. Jumilla respondió entonces que suspenderá la medida en caso de que los técnicos determinen que incumple el ordenamiento jurídico

El escándalo islamófobo provocado por Vox en Jumilla tendrá respuesta en los tribunales. Y es que la Federación Islámica denunciará ante la fiscalía de Murcia a la ultraderecha, tal y como anunció su presidente, Mounir Benjelloun, en declaraciónes a La Opinión. La denuncia todavía no se ha formalizado al ser agosto un mes inhábil en lo judicial.

Y es que la polémica moción aprobada en el Ayuntamiento de Jumilla a propuesta de Vox, en la que en la práctica se prohibirá el rezo islámico en lugares públicos, con una supuesta defensa de las 'tradiciones' españolas y la criminalización de la religión musulmana, "responde a una estrategia política planificada de violencia y exaltación al odio", explicó Benjelloun.

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La demanda se presentará en septiembre, y en la misma se explicarán por qué la comunidad islámica entiende que se ha cometido un delito de odio. Con ello, estiman que la Fiscalía abrirá diligencias para establecer si continúa adelante con las investigaciones o archiva la causa. 

"No van contra otras confesiones, van contra la nuestra. Se trata de una propuesta islamófoba. Es una normativa discriminatoria para que solo los musulmanes no puedan disfrutar de sus fiestas", denuncia Mounir Benjelloun.

Una reacción paralela a la del Gobierno, que ha dado de plazo hasta el 11 de septiembre para que el Consistorio anule la moción. En caso contrario, la delegación del Gobierno elevará una propuesta de sanción a la Abogacía del Estado. Jumilla respondió entonces que suspenderá la medida en caso de que los técnicos determinen que incumple el ordenamiento jurídico.

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