A través de una pormenorizada investigación historiográfica y documental, colaborativa y subvencionada El Gobierno de Navarra y la FNMC abren una vía legal para reclamar a la Iglesia bienes comunales inmatriculados

Un estudio elaborado en torno a los bienes inmatriculados por la Iglesia en Navarra recoge que se podría reclamar la titularidad comunal o pública de 79 de los 174 analizados.

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, y el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), Xabier Alcuaz, han presentado este miércoles las conclusiones de dicho análisis a medio centenar de entidades locales y representantes de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro.

Además, el Gobierno de Navarra y la FNMC han decidido renovar para el año 2026 el convenio que suscribieron para investigar bienes comunales inmatriculados por la Iglesia católica en la Comunidad foral al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, con la pretensión de "poder documentar y acreditar suficientemente el origen de su titularidad pública ante una posible demanda para su reversión".

De esta manera, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno foral y la FNMC se han propuesto "dar continuidad a la pormenorizada investigación historiográfica y documental en la que, a lo largo de este año, ha permitido investigar un total de 174 bienes de 26 entidades locales".

De estos bienes, la FNMC, en colaboración con la sección de Comunales de la Dirección General de Agricultura del Ejecutivo y la asistencia técnica catastral de la sociedad pública INTIA, ha identificado 79 fincas concretas -ermitas, casas parroquiales, bordas, huertos o terrenos, entre otra naturaleza- que entiende podrían ser susceptibles de justificar y reclamar su titularidad comunal o pública.

A tenor de la investigación realizada en archivos municipales sobre la trayectoria histórica que han tenido estos bienes, en 21 casos "se han recabado pruebas para acreditar su titularidad pública, mientras que en los 58 restantes se han encontrado indicios históricos".

En su intervención, Aierdi ha destacado la "especial significación que encierra esta iniciativa, después de más de 20 años de reivindicación sobre determinados bienes inmatriculados por la Iglesia". Una "especial significación porque se trata, además, de una primera acción política de un gobierno autonómico que emprende de manera efectiva y en vía administrativa por medio de un convenio para abrir un camino en este sentido". "Se trata, por tanto, de intentar revertir la injusticia en la inmatriculación de bienes que los pueblos han ido perdiendo de una manera subterfugia", ha añadido.

"Es la primera acción política de un gobierno autonómico que emprende de manera efectiva y en vía administrativa por medio de un convenio para abrir un camino en este sentido"

Además, ha subrayado que "no vamos a esperar a tener toda la información disponible para plantear una demanda", sino que "tenemos que valorar a partir de ahora" aquellos elementos "que nos permitan plantear una demanda en el corto plazo, independientemente de que sigamos avanzando a través del convenio y de los convenios que podamos reeditar en el futuro".

En ese camino, Aierdi ha mostrado "nuestra voluntad de colaborar". "Creo que sería importante lanzar un mensaje unívoco desde las entidades locales y desde el Gobierno en esa primera demanda que se pudiera plantear en el corto plazo y que manifieste una voluntad firme de recuperación de esos bienes", ha apuntado.

Por su parte, Alcuaz ha trasladado a los asistentes que "desde hace años, muchos ayuntamientos y concejos nos venís trasladando dudas sobre la titularidad de ermitas, casas parroquiales, bordas, huertos y terrenos que siempre habíais entendido como públicos y que, sin embargo, constan inscritos a nombre de la Iglesia". "Esa inquietud, muy ligada a la defensa del comunal y a la identidad de nuestros pueblos, es la que nos ha llevado a impulsar una investigación técnica, rigurosa y bien fundamentada", ha indicado.

"Hemos abierto camino, hemos probado una metodología y hemos comprobado que la colaboración entre Gobierno, Federación y entidades locales funciona"

Este trabajo, ha dicho, "no ha hecho más que empezar". "Hemos abierto camino, hemos probado una metodología y hemos comprobado que la colaboración entre Gobierno, Federación y entidades locales funciona. Pero el objetivo, lógicamente, es seguir avanzando", ha manifestado.

En este sentido, ha enviado un "mensaje de tranquilidad" porque "se está trabajando con rigor, con profesionalidad y con respeto a la legalidad, poniendo orden en una materia compleja y sensible", y "un mensaje de compromiso", ya que desde la FNMC "vamos a seguir poniendo nuestra capacidad técnica y nuestra influencia institucional al servicio de la defensa del patrimonio público y comunal".

Contexto del estudio

La competencia sobre la gestión, conservación o recuperación de los bienes comunales es de ámbito municipal, por lo que el Gobierno y la FNMC han promovido durante este año la adhesión de entidades locales afectadas al convenio que regula esta investigación, al que se han sumado hasta el momento 139 localidades.

En el marco de este trabajo se elaborará un informe individualizado para cada entidad local adherida, en el que se recogerán "de forma detallada" las conclusiones de la investigación realizada sobre sus bienes.

Estos informes serán remitidos desde la FNMC a cada ayuntamiento o concejo, con el fin de "facilitar la toma de decisiones y los posibles pasos a seguir". Las entidades locales que todavía no se han incorporado al convenio todavía pueden hacerlo.

A partir de ahora, los ayuntamientos o concejos afectados podrán ejercitar directamente una eventual acción judicial de bienes que pudieran acreditar como de titularidad comunal o pública para reclamar su recuperación, o bien podrían subrogar esta gestión en el Gobierno de Navarra para que sus servicios jurídicos pudieran iniciar una demanda por delegación municipal.

Subvención de cincuenta mil euros anuales 

El convenio entre el Gobierno de Navarra y la FNMC ha estado este año dotado con una subvención de 50.000 euros con cargo al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, partida que se renovará en la misma cuantía en los presupuestos para el próximo año 2026.

Su desarrollo establece que la FNMC se encargará de desarrollar una investigación sobre bienes inmatriculados en las entidades locales que se adhieran al convenio y elaborará documentación que acredite su trayectoria histórica, mientras que la sección de Comunales del Ejecutivo foral realizará un análisis, clasificación y actualización catastral georreferenciada de estos bienes. Una comisión de seguimiento de ambas partes planificará y establecerá posteriormente criterios para "priorizar actuaciones".

En la pasada legislatura, el Departamento de Justicia recopiló en registros de la propiedad un primer listado de 2.952 notas simples inscritas por la Iglesia católica desde principios de siglo XX. A partir de aquí, Desarrollo Rural y Medio Ambiente "decidió valerse de las competencias que este Departamento tiene en lo referido a la defensa del patrimonio comunal".

El convenio y el trabajo con la FNMC "ha permitido ahora, sin embargo, identificar e investigar 174 bienes en 26 localidades, aunque la mitad de ellos se han descartado por ser de uso privado".