La comisión antipederastia de Astorga se niega a Infancia Robada reclama a la CEE una reunión urgente para denunciar el "trato degradante" a las víctimas

“A ustedes no les interesa ni los abusos que sufrió él, ni los abusos que sufrió su hermano, ni el calvario que sufre día a día por este motivo, ni el hecho de que necesita que la Iglesia reconozca los abusos para poder respirar por las mañanas porque el asunto le está matando”. Las víctimas de la pederastia en España han dicho basta, y han exigido, oficialmente, una reunión “urgente” con la cúpula de la Conferencia Episcopal para denunciar los “tratos degradantes” que desde las algunas comisiones de abusos se están dando a los supervivientes de los abusos a menores en la Iglesia española.

La gota que ha colmado el vaso fue la ‘reunión’ mantenida el pasado lunes entre la responsable de la Oficina Antipederastia del Obispado de Astorga, María Jose Diez Alonso, acompañada de una abogada (y miembro de la comisión) Ana Belén Fraile, con ‘Javier’, la víctima de los abusos del sacerdote Ramos Gordon en el seminario de La Bañeza a finales de los 80. Tanto ‘Javier’ como su hermano, y varios niños más, sufrieron violaciones por parte de clérigo, quien admitió los hechos y que, actualmente -tras un proceso cargado de polémica- se encuentra en algún monasterio del norte de España haciendo penitencia. El caso ha prescrito penalmente.

Ochocientos kilómetros para nada

La ‘reunión’ duró apenas cinco minutos y, según se recoge tanto en el burofax enviado al día siguiente por la víctima, como en el escrito enviado por su abogada -y representante legal de Infancia Robada-, Leticia de la Hoz, a la Conferencia Episcopal (y al que ha tenido acceso RD), “el trato no pudo ser más degradante”.

De la Hoz estuvo presente telefónicamente en la misma por las restricciones derivadas de la Covid-19. “Llama la atención que le hagan viajar 400 km de ida y otros 400 km de vuelta para no hacer ni siquiera el intento de disimular y hacer como que su historia les interesa aunque sea un poco”, señala.

Como confirma a este diario el propio Javier, el encuentro comenzó con las dos responsables de la diócesis “atacándome y recordándome que en anteriores ocasiones había grabado conversaciones y las había filtrado a la prensa”. El resto del tiempo sirvió para que la delegación de víctimas se negara a siquiera recoger la documentación que la víctima quería entregarles con un doble objetivo: ofrecer nuestros testigos para su causa, y reivindicar la indemnización que se le prometió durante el proceso (unos 300.000 euros), y que finalmente cayó en saco roto. Del mismo modo, la víctima reclamó, como exigen las normas vaticanas, su propio expediente, que tampoco se le entregó.

Que no quede nada por escrito

“En los escasos 5 minutos que duró la reunión -se lee en el escrito enviado a la Conferencia Episcopal- ustedes respondieron que era oír a las víctimas y prevenir futuros abusos en la Iglesia”. Lo de oír era “en el sentido más literal de la palabra, pues si el relato lo presentaba por escrito ustedes no iban a hacer el esfuerzo de leerlo, ni de recogerlo siquiera para aparentar por lo menos que alguien lo iba a leer”. No podía quedar nada por escrito en los archivos.

Por ello, Infancia Robada ha reclamado a los obispos una reunión urgente para abordar “el rumbo que pueden tomar estas delegaciones en teoría de atención a las víctimas, y para evitar futuras revictimizaciones y tratos degradantes a víctimas”, a la que las víctimas quieren asistan tanto el presidente de la CEE, Juan José Omella; como su secretario general, Luis Argüello.