La asociación aboga por seguir el ejemplo de Navarra 'Recuperando' pide a Sánchez anular inmatriculaciones de la Iglesia sobre bienes comunales desde 1978

La asociación Recuperando ha mandado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que pide reformas legislativas para anular inmatriculaciones de "bienes comunales" hechas por la Iglesia católica con base en certificaciones eclesiásticas desde 1978.

Esta asociación aboga por seguir el ejemplo de Navarra, que tras una investigación ha hallado 79 fincas inmatriculadas por la Iglesia, es decir registradas a su nombre, que son susceptibles de reclamar su titularidad comunal y pública, bien porque existen pruebas concretas, lo que ocurre en 21 casos, o porque hay indicios históricos, como pasa con las 58 restantes.

En su misiva, Recuperando pide una reunión con el presidente del Gobierno o con la persona que este designe y hace dos peticiones: cambios legislativos que permitan declarar la nulidad de las inmatriculaciones hechas con la Constitución en vigor, así como un listado de todas las efectuadas por la Iglesia desde 1946, año en el que se promulgó la ley hipotecaria franquista.

Además, piden que ese listado sea público y que incluya la identificación registral y la documentación disponible sobre las distintas fincas y bienes inmatriculados, para que así todas las administraciones -la general, las comunidades autónomas y las entidades locales- conozcan "el alcance del problema".

Esta organización señala que las inmatriculaciones al amparo de certificaciones eclesiásticas desde 1978 son incompatibles con el marco constitucional vigente y pide que el Gobierno convierta este asunto en una "prioridad democrática".

"El camino es el marcado por Navarra: "investigaciones sistemáticas y de oficio, inventarios rigurosos, apoyo técnico a los municipios y disposición"

Argumenta la coordinadora estatal de Recuperando que el camino para documentar y revertir lo que consideran un "expolio" del patrimonio público y común es el marcado por Navarra: "investigaciones sistemáticas y de oficio, inventarios rigurosos, apoyo técnico a los municipios y disposición a acudir a los tribunales de Justicia cuando existan pruebas suficientes de la titularidad pública".

Esta asociación defiende además que los gobiernos autonómicos deben actuar "de forma proactiva" y tienen una "responsabilidad ineludible" y pide diálogo, voluntad política y colaboración institucional respecto a su un asunto que a su juicio debería ser considerado una cuestión de Estado y contar con una respuesta global y coherente.