El Arzobispado de Barcelona niega cualquier encubrimiento de Omella en los casos de dos sacerdotes investigados por abusos
La Iglesia barcelonesa reivindica su actuación ante las denuncias y rechaza cualquier acusación de ocultación de casos de abusos
El Arzobispado de Barcelona ha rechazado de manera contundente las informaciones publicadas en diversos medios de comunicación sobre la gestión de dos casos vinculados a sacerdotes de la archidiócesis y ha asegurado que el cardenal Juan José Josep Omella "nunca ha participado en ningún tipo de encubrimiento".
En un comunicado hecho público este sábado, la institución eclesiástica ha reiterado su condena a cualquier forma de abuso, ya sea sexual o de autoridad, y ha defendido la actuación de sus protocolos internos ante las acusaciones aparecidas en la prensa.
El Arzobispado subraya que su posición contra los abusos ha sido expresada reiteradamente por Omella durante su etapa como presidente de la Conferencia Episcopal Española y como arzobispo de Barcelona. En este sentido, sostiene que todas las actuaciones relativas a los casos mencionados se han desarrollado de acuerdo con los procedimientos previstos tanto en el ámbito civil como en el canónico.
Un sacerdote apartado y pendiente de juicio
En relación con el caso del sacerdote J.-A.P., el Arzobispado recuerda que en noviembre de 2024 informó públicamente de la denuncia presentada por un menor. Según explica, el Servicio de Atención a las Víctimas de Abusos (SAVA) recibió al denunciante y a su madre, activó los protocolos correspondientes y puso en marcha los mecanismos internos previstos.
Paralelamente, la familia presentó una denuncia ante los Mossos d'Esquadra, lo que dio lugar a un procedimiento penal que continúa abierto. Según el Arzobispado, actualmente no consta ninguna novedad judicial y el sacerdote sigue pendiente de juicio.
Como medida cautelar, J.-A.P. fue apartado de la parroquia donde ejercía y actualmente no ocupa ninguna responsabilidad dentro de la estructura diocesana.
El comunicado también se refiere a una queja presentada en 2022 por una persona adulta relacionada con el mismo sacerdote. Según la versión del Arzobispado, aquella comunicación describía una conducta de carácter sexual entre adultos, pero no derivó ni en una denuncia canónica ni en una denuncia ante la justicia ordinaria.
La institución afirma que, cuando esta persona volvió a poner los hechos en conocimiento del cardenal Omella en septiembre de 2024, fue derivada al SAVA y se la animó a formalizar una denuncia. El Arzobispado detalla que se concertaron reuniones y se enviaron diversas comunicaciones para facilitar el proceso, pero que no se produjo ninguna comparecencia hasta abril de 2026.
Según el comunicado, este expediente continúa actualmente su tramitación interna y no guarda relación con la causa judicial abierta a raíz de la denuncia presentada por el menor.
El caso Senabre, reabierto canónicamente décadas después
La nota también aborda el caso del sacerdote Josep Senabre, detenido en 1988 por presuntos abusos. Tras ser puesto en libertad provisional, abandonó España antes de la celebración del juicio y no se presentó a la vista prevista en la Audiencia Provincial de Barcelona en 1991. Ante su ausencia, se dictó una orden de búsqueda y captura que no permitió localizarlo ni obtener su extradición.
Con el paso de los años, los hechos prescribieron en la jurisdicción civil. No obstante, el Arzobispado asegura que, tras la llegada de Omella a la sede barcelonesa en 2015, se ordenó una investigación canónica de oficio pese a que no existía una denuncia formal.
Según la institución, la Congregación para la Doctrina de la Fe autorizó la dispensa de la prescripción canónica para poder estudiar el caso. El Arzobispado afirma que tanto la presunta víctima como sus familiares fueron requeridos en diversas ocasiones para participar en el procedimiento eclesiástico, pero que declinaron hacerlo.
También se reclamó repetidamente a Senabre que regresara a Barcelona para declarar, una petición que, según el comunicado, siempre rechazó.
Ante la falta de denuncia canónica y de testigos directos dentro del procedimiento, la Congregación para la Doctrina de la Fe archivó la causa el 2 de agosto de 2019. Aun así, el Arzobispado afirma que impuso al sacerdote una reprensión pública y una penitencia pública, medidas previstas por el derecho canónico, y dejó abierta la posibilidad de reabrir el expediente si aparecían nuevas pruebas. Senabre falleció en 2022.
Debate sobre la transparencia
El comunicado llega después de nuevas informaciones periodísticas que cuestionan la gestión de estos casos por parte de la jerarquía eclesiástica. En los últimos años, la cuestión de los abusos sexuales en la Iglesia se ha convertido en uno de los principales retos para la institución, que ha impulsado protocolos específicos, oficinas de atención a las víctimas y mecanismos de prevención y denuncia.
El Arzobispado de Barcelona defiende que las actuaciones desarrolladas en los dos expedientes se ajustaron a los procedimientos establecidos e insiste en que no ha habido ninguna actuación destinada a ocultar o encubrir los hechos investigados.