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Las asociaciones de víctimas denuncian “retrasos y falta de transparencia” en la tramitación de sus indemnizaciones

Ángel Gabilondo se despide del cargo sin haber resuelto las indemnizaciones del que se suponía histórico acuerdo entre el Gobierno, la CEE y la Confer para un sistema mixto de reparaciones a los supervivientes de la pederastia clerical

El Defensor del Pueblo, con Argüello y Bolaños | Ep

“Las personas que hemos sufrido abusos llevamos demasiados años soportando en silencio las consecuencias de unos hechos que nunca debieron producirse. Muchas hemos tardado décadas en encontrar la fuerza necesaria para contar lo sucedido y solicitar una reparación. No es aceptable que, después de haber dado ese paso, nos encontremos nuevamente con un procedimiento que nos exige recordar, justificar y revivir nuestro sufrimiento, mientras la respuesta que esperamos no llega o llega en condiciones que consideramos insuficientes”.

Las principales asociaciones de víctimas, lideradas por la Asociación de Abusos de Navarra, han enviado una “queja formal” al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, por “por los retrasos, la falta de transparencia y la posible desigualdad en la tramitación y resolución de las solicitudes de indemnización de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica”.  Gabilondo concluyó este martes su mandato como Defensor del Pueblo, siendo sustituido por Teresa Jiménez Becerril.

“La reparación no puede quedarse en una promesa. Debe ser real, digna, justa y llegar en un plazo razonable”, recalcan las asociaciones de supervivientes, que solicitan al Defensor del Pueblo que intervenga “para que nuestros derechos y dignidad sean debidamente respetados y para que el procedimiento de reparación responda verdaderamente a las expectativas que se habían generado”.

Ángel Gabilongo, Defensor del Pueblo

En concreto, las víctimas trasladan al organismo público “nuestra profunda preocupación, malestar e indignación ante la forma en que se está desarrollando el procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas, así como para solicitar su intervención ante una situación que consideramos injusta y profundamente perjudicial para quienes llevamos tantos años esperando justicia y reparación”.

Todo ello en un contexto en el que, con el previsible cambio de Gobierno, no está garantizada la continuidad del acuerdo entre España y la Iglesia católica para un plan mixto de reparación que, hasta la fecha, ha tramitado 509 denuncias, sin que haya conocimiento de la cuantía de las indemnizaciones, ni la debida transparencia en torno a las mismas. Se incumple, así, una de las claves de dicho acuerdo, suscrito entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal y Confer, que aseguraba que las víctimas formarían parte de los procesos de resolución de las reparaciones.

Todo ello en un contexto en el que, con el previsible cambio de Gobierno, no está garantizada la continuidad del acuerdo entre España y la Iglesia católica para un plan mixto de reparación que, hasta la fecha, ha tramitado 509 denuncias, sin que haya conocimiento de la cuantía de las indemnizaciones, ni la debida transparencia en torno a las mismas

Tras recordar que muchas víctimas han participado “en todos los trámites que se nos han requerido”, con el consecuente trauma de tener que volver a relatar los abusos sufridos, “muchos de nosotros continuamos esperando una resolución, sin recibir información suficiente sobre el estado de nuestros expedientes”.

“Esta situación resulta absolutamente desproporcionada”, lamentan las víctimas, que confiesan que “la incertidumbre prolongada genera frustración, angustia y una sensación de abandono institucional que resulta especialmente dolorosa para personas que llevamos décadas esperando algún tipo de reconocimiento y reparación”.

Revictimización y sufrimiento

Una de las consecuencias de esta falta de transparencia ha sido la “revictimización” a la que se está sometiendo a las personas afectadas. “El procedimiento de reparación no puede convertirse en una nueva fuente de sufrimiento”, tras un proceso “largo, incierto y emocionalmente agotador”.  Una falta de transparencia que se traslada a los criterios para determinar las indemnizaciones, y que se suma a las “importantes diferencias” detectadas entre las distintas víctimas que se acogieron al plan PRIVA, y la ausencia de datos que permitan valorar la reparación para aquellas víctimas que, habiendo ido primero al PRIVA, no se mostraron conforme con la indemnización, y plantearon una reevaluación, prevista en el acuerdo Iglesia-Gobierno en el caso de que no hubiera conformidad, y que fue uno de los puntos en discusión antes de la firma del convenio. Un convenio que, recordemos, finalizará en abril, aunque puede ser ampliado por otro año más.

Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra

“Para muchos de nosotros, este último año ha supuesto prácticamente un año perdido, marcado por la espera, la incertidumbre, la falta de información y la ausencia de resoluciones”, concluye el escrito, que exige al Defensor del Pueblo “que inste a los responsables del procedimiento a agilizar la tramitación y resolución de los expedientes, evitando que las víctimas continuemos sometidas a esperas prolongadas e injustificadas”. “Las víctimas no podemos seguir esperando indefinidamente”.

Respuesta de Gabilondo

La respuesta de Gabilondo, fechada cinco días después, no ha satisfecho a los supervivientes. En su escrito, al que ha tenido acceso RD, Ángel Gabilondo explica que la unidad de escucha de las víctimas ha recibido, hasta la fecha, 509 solicitudes, que atiende individualmente y, en la medida de lo posible, con entrevistas presenciales. El Defensor justifica la tardanza apelando a la novedad del procedimiento, sin paragón en la Unión Europea, en una respuesta “que se quiere definir como artesanal”.

“En todo momento se valora dar una respuesta a cada caso con la mayor prontitud posible, pero se prima siempre otorgar el mayor rigor y crear un espacio de respuesta a la institución eclesiástica. La Unidad busca establecer la razonabilidad de los hechos relatados por la víctima, puesto que no se trata, como se ha dicho, de un proceso judicial”, recalca Gabilondo, que trata de explicar cómo funciona e procedimiento, y las diferencias respecto a los casos.

Pese a todo, “consideramos que es perfectamente explicable que personas que llevan tantos años esperando una solución, una reparación del daño sufrido, experimenten una especial expectativa ante la posible resolución de su situación”. “Pero ahora se trata sobre todo de desempeñar un trabajo adecuado y sensible con las necesidades de las víctimas, y eso requiere un tiempo y un espacio para cada una de las personas que se acercan a la Unidad”, explica el Defensor del Pueblo saliente, quien pese a todo propone “el establecimiento de un canal de comunicación abierto y permanente con las asociaciones de víctimas sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, con un formato que podemos establecer conjuntamente” para explicarles el trabajo, la metodología y los criterios que se están llevando con las solicitudes de reparación, “manteniendo siempre el más estricto respeto a la confidencialidad a la que estamos obligados en todo momento”. 

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