Bolaños recibe hoy a víctimas de abusos para despejar sus dudas tras la aprobación del protocolo de indemnización con la Iglesia

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, recibe este martes, a las 18 horas, en la sede del ministerio de Justicia, a varias asociaciones de víctimas de la pederastia clerical, a quienes explicará los puntos más sensibles del protocolo de inmdenización suscrito la pasada semana entre los obispos, el Gobierno y el Defensor del Pueblo y que echará a andar el próximo 15 de abril, según pudo confirmar RD de fuentes oficiales.

Durante el encuentro, Bolaños responderá a las dudas planteadas por los supervivientes ante un nuevo sistema que, pese a que supone un hito histórico, continúa dependiendo de la 'buena voluntad' de la Iglesia. Y es que, tal y como cuestiona A. una víctima de abusos ya reparada por el plan PRIVA; y que tiene intención de recurrir ante la nueva estructura, "el protocolo dice explícitamente que el Ministerio y el Defensor del Pueblo no asumen responsabilidad alguna por la ejecución de las reparaciones ni pueden ser requeridos para pagarlas directamente”. La ausencia de un fondo de garantía estatal, o de obligación legal para que la Iglesia abone unas cantidades para las que no tiene por qué estar de acuerdo, ha puesto a varias asociaciones en guardia.

"Tanto el Gobierno como el Defensor del Pueblo deben ser valientes, dar la cara y aclarar cada uno de nuestros miedos”, que no son pocos, asume A. “No podemos permitirnos más sombras ni medias verdades: para opacidad, indiferencia, falta de claridad y revictimización ya hemos tenido suficiente con la Conferencia Episcopal y la actitud de su presidente, el señor Argüello. Merecemos una transparencia y un respeto que estén a la altura del dolor que hemos cargado durante toda una vida”, constata.

Por su parte, desde Justice Initiative y la Asociación Infancia Robada, consideran el encuentro con Bolaños la “antesala” de la puesta en funcionamiento de un protocolo “basado en un compromiso ineludible de las partes firmantes en reconocer y reparar a las víctimas y supervivientes de pederastia eclesiástica”. En conversación con RD sus representantes dan especial relevancia al consenso logrado, que les lleva a calificar el acuerdo y posterior protocolo como “hitos históricos”.

"Los baremos son inexcusables"

Aun así, y aunque muestran su “confianza plena” tanto en el Defensor del Pueblo como en el ministerio de Justicia y en la Secretaría de Libertades Religiosas. Estas asociaciones muestran sus dudas por la ausencia de baremos. “No hay posible indemnización contemplando solo criterios. Los baremos son inexcusables”, apuntan, incidiendo en la importancia del compromiso en la indemnización, el reconocimiento y la reparación integral que, esperan, “puedan tener prolongación en otros ámbitos de la sociedad” más allá de la Iglesia.

En lo que sí coinciden todas las víctimas es en valorar la independencia de la decisión final que, en el caso de desacuerdo entre las partes, tendrá el Defensor del Pueblo. También, en lo “histórico” de que las víctimas tengan voz en la mesa, y en el reconocimiento explícito de que la reparación debe cubrir no solo el acto en sí, sino el daño a la dignidad, el sufrimiento emocional y la "pérdida de oportunidades" educativas o laborales.

Entre los puntos oscuros del protocolo, varias víctimas lamentan que sólo se abra la ventana de un año (prorrogable a otro). Y, sobre todo, no terminan de fiarse de que la Iglesia cumpla con lo pactado, y se considere obligada a “pagar de más” si el Defensor así lo dictamina, frente a la valoración del plan PRIVA. “El protocolo dice explícitamente que el Ministerio y el Defensor del Pueblo no asumen responsabilidad alguna por la ejecución de las reparaciones ni pueden ser requeridos para pagarlas directamente”, cuestiona A., quien recuerda el ejemplo irlandés.

¿Y qué pasó en Irlanda? En 2002, las congregaciones irlandesas pactaron aportar fondos, pero cuando la magnitud de los abusos creció, muchas se negaron a aportar más o alegaron falta de fondos, obligando al Estado a cubrir el hueco.  Esto no sucederá en España, pues no existe en el protocolo la creación de un fondo de garantía estatal. “Corremos el riesgo de que las órdenes se declaren insolventes o se nieguen a pagar lo dictaminado por el Defensor”.