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Desde el 6 de junio, las víctimas podrán ponerse en contacto con Gabilondo y sus asesores
Casi cuatro meses después de que el Congreso de los Diputados le encomendara una investigación sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica en España, mañana miércoles, 6 de julio, arranca la conocida como comisión del Defensor del Pueblo con el objetivo de “determinar hechos y responsabilidades, proponer procedimientos de reparación a las víctimas y diseñar medidas para la prevención y atención a las mismas”.
Así lo ha anunciado este martes el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que ha presidido la reunión constitutiva de la comisión asesora, que también ha anunciado que, desde este miércoles, las víctimas tendrán a su disposición el teléfono gratuito 900 111 025, el correo electrónico atencionvictimas@defensordelpueblo.es, un correo postal, así como la posibilidad de acudir personalmente a las dependencias del Defensor y reunirse con los expertos de la Unidad de Atención.
La comisión está formada por 20 personas, entre las que se encuentra el propio Gabilondo, así como las adjuntas primera y segunda de esta institución, Teresa Jiménez-Becerril y Patricia Bárcena, y 17 expertos con experiencia en atención a víctimas, conocimientos en el ámbito jurídico, en el de los derechos humanos, en victimología o en la docencia, entre ellos, algunos vinculados a la Iglesia católica -que, como Conferencia Episcopal, ha desestimado participar en la misma, a pesar de que ha sido invitada-, como el coordinador del Proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid, Miguel García-Baró López.
Junto con la propia comisión asesora, se han creado otros dos ámbitos de actuación: un Foro de Asociaciones, que será el espacio en el que los representantes de las asociaciones de víctimas que lo deseen aportarán su experiencia y posiciones a través de diferentes sesiones de trabajo, y una Unidad de Atención a las Víctimas.
En este sentido, las asociaciones de víctimas han valorado la composición de la comisión, aunque algunas de ellas, como, Plataforma Tolerancia 0, ha denunciado las "importantes carencias" con las que, a su juicio, nace esta comisión, en palabras de uno de sus miembros, Miguel Hurtado.
Desde la Asociación Infancia Robada (AIR), su presidenta, Ana Cuevas, confía sin embargo en que la comisión de investigación pueda tener efectos prácticos en las víctimas y establezca indemnizaciones, ayudas para terapias, para la reinserción laboral de los afectados o para los estudios.
"Tengo bastantes esperanzas en esta comisión porque las víctimas también están presentes", ha señalado Cuevas, que ha lamentado el silencio y la impunidad que ha rodeado durante años los casos de abusos en sexuales en la Iglesia, y que ha declinado participar, como asociación, en la comisión Cremades, creada a instancias de la Conferencia Epsicopal, aunque sí se reunió con el presidente del Episcopado, el cardenal Juan José Omella.
Ana Cuevas confía, además, en que las recomendaciones que se deriven de esta investigación liderada por el Defensor se puedan aplicar también al resto de los ámbitos en los que tienen lugar los abusos sexuales a menores.
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