Infancia Robada exige un "informe completo y transparente" de sus actuaciones Un año después, ¿qué han hecho las oficinas antipederastia de la Iglesia española?
El 31 de mayo concluye el plazo de un año dado por el Papa para que las diócesis crearan mecanismos de protección y ayuda a las víctimas de abusos a menores
Sólo las diócesis de Solsona y Cartagena-Murcia (o el plan Repara de Madrid) abren la puerta a la apertura de archivos o indemnizaciones a los supervivientes
La Conferencia Episcopal no ha emitido ninguna orden reclamando una investigación de los casos del pasado, como exigen las víctimas
La Conferencia Episcopal no ha emitido ninguna orden reclamando una investigación de los casos del pasado, como exigen las víctimas
El 31 de mayo, se cumple el plazo de un año dado por el Papa Francisco para que todas las diócesis del mundo creen mecanismos de protección y ayuda a las víctimas de abusos a menores. Y, al menos en lo formal, la Iglesia española ha cumplido. Ya sea a nivel diocesano, ya sea en el entorno de la provincia eclesiástica, todo el territorio de nuestro país cuenta con oficinas de atención a las víctimas. Pero, ¿qué han hecho a lo largo de este tiempo?
¿Funcionan las oficinas 'antipederastia'? Para las víctimas, poco y mal. "Muchas palabras y pocos hechos", constatan desde la Asociación Infancia Robada, que ha exigido "un informe completo y transparente" de las actuaciones de dichas oficinas, al tiempo que lamentan que "no se nos ha tenido en cuenta" a la hora de elegir a sus miembros. En prácticamente ninguna oficina diocesana hay víctimas, y las asociaciones de supervivientes denuncian no han sido consultadas sobre el modo de proceder, las actuaciones o las consecuencias del trabajo de las mismas.
En prácticamente ninguna oficina diocesana hay víctimas, y las asociaciones de supervivientes denuncian no han sido consultadas sobre el modo de proceder, las actuaciones o las consecuencias del trabajo de las mismas.
"No nos han llamado, ni nos han citado. Parece que sólo atienden a las víctimas de 'los suyos'" lamentan desde la asociación, la primera en crearse en España, y que ha mantenido un par de encuentros con la cúpula de la Conferencia Episcopal. Con buenas palabras y algún que otro gesto, que no se han concretado.
Archivos cerrados, también las arcas
Además, dos de las grandes reivindicaciones de las víctimas, la apertura de los archivos diocesanos -para poder investigar los casos del pasado-, y las indemnizaciones a los denunciantes, no se han cumplido. "Ni se cumplirán", lamentan las víctimas.
De hecho, de todas las oficinas diocesanas, sólo las de Solsona y Cartagena-Murcia han anunciado la apertura de sus archivos (desde 1930 y 1950, respectivamente), mientras que el proyecto 'Repara' de la Archidiócesis de Madrid, coordinado por Miguel Martín-Baró, también se ha mostrado dispuesto a investigar casos ya prescritos.
Una de las últimas oficinas en crearse ha sido la de Valladolid. Su obispo auxiliar y portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, negaba hace unos meses que la CEE tuviera capacidad coerticiva para instar a las diócesis a que abrieran sus archivos a las víctimas... pero es que en Valladolid tampoco se han abierto. "Palabras, pero no hechos", repiten desde Infancia Robada.
El otro aspecto, el de las indemnizaciones, apenas ha sido apuntado en Madrid y otras diócesis, pero siempre con carácter individualizado, caso a caso, sin sistematizarlo. "¿Cuántas víctimas se atendieron y cómo se hizo? Del dicho al hecho va un trecho", lamentan las víctimas. Que, un año después, siguen exigiendo respuestas. Y justicia.
