La Iglesia catalana y la Generalitat unen esfuerzos para impulsar vivienda social

El primer acto público del presidente de la Generalitat tras su reciente hospitalización se convirtió también en un gesto de alto contenido simbólico para la Iglesia catalana. En el Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, Salvador Illa y el arzobispo de Tarragona y presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense, Joan Planellas, firmaron el protocolo que establece un marco estable de colaboración para estudiar la promoción de vivienda social en bienes de titularidad eclesiástica. La escena visualizó la voluntad de ambas instituciones de ofrecer una respuesta conjunta ante una de las fracturas sociales más acuciantes del momento.

Durante su intervención, Illa puso el acento en la cooperación institucional y en la necesidad de actuar con pragmatismo. Recordó que el Govern ya conocía la problemática habitacional por experiencias previas y que el diálogo con los obispos y con el Arzobispado de Barcelona ha permitido llegar a un acuerdo que calificó de pionero en España. El president habló de “disposición a colaborar y sumar”, reivindicó la capilaridad territorial de la Iglesia y subrayó que Catalunya cuenta con un patrimonio material y moral, inspirado en los valores del humanismo cristiano, que puede contribuir a ampliar el parque público. También quiso dejar claro que el Ejecutivo actuará con unidad y con propuestas viables, lejos de soluciones retóricas.

Planellas enmarcó la firma dentro de la tradición social de la Iglesia. Valoró positivamente el protocolo porque, señaló, la falta de vivienda es uno de los problemas de primer orden de la sociedad catalana y recordó que la comunidad eclesial ha tratado históricamente de paliar las situaciones de indigencia. A su juicio, "la Iglesia no puede entenderse como una realidad meramente privada, ya que su misión posee una dimensión pública que la impulsa a poner sus recursos al servicio del bien común, preservando al mismo tiempo la naturaleza y el sentido de su patrimonio".

El acuerdo rubricado fija un marco general y prevé la creación de una mesa de trabajo paritaria que deberá analizar cada caso concreto. Entre sus funciones estarán la identificación de inmuebles, el estudio de su viabilidad urbanística y jurídica y la propuesta de los instrumentos necesarios para que puedan destinarse a vivienda asequible sin alterar la titularidad. Posteriormente, una comisión de seguimiento evaluará periódicamente los resultados. Se trata, insistió el arzobispo, de "iniciar un camino ordenado que exigirá rigor técnico y respeto a los tiempos de cada diócesis".

En este sentido, Planellas explicó que las primeras relaciones de bienes tienen un carácter orientativo y abierto. Los estudios pueden determinar que algunos espacios finalmente no resulten aptos, mientras que otros podrían incorporarse más adelante. El trabajo inmediato, subrayó, "recae ahora en los especialistas, llamados a concretar las posibilidades reales de cada propuesta".

Para evitar interpretaciones erróneas, el presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense quiso diferenciar este protocolo de otras iniciativas asistenciales que la Iglesia ya desarrolla. Puso como ejemplo la casa de espiritualidad cardenal Arce, en la Selva del Camp, donde desde hace años se ofrece acogida a personas en situación de vulnerabilidad procedentes de Ucrania. En el momento de mayor ocupación residieron allí más de ochenta personas y actualmente lo hacen veintisiete. Este equipamiento, precisó, "no puede transformarse en viviendas y no forma parte del marco que ahora se abre".

El clima posterior a la firma estuvo marcado por la cordialidad y por la conciencia de estar ante un paso inédito. En conversaciones informales, el conseller Ramon Espadaler comentaba con otros miembros del Ejecutivo la circunstancia de que el cardenal Juan José Omella se encuentre estos días fuera de Barcelona, una ausencia que no ha dificultado el entendimiento ni la participación del Arzobispado en el proceso previo.

Más allá de los procedimientos administrativos que deberán concretarse en los próximos meses, tanto la Generalitat como los obispos coincidieron en destacar que la cuestión de la vivienda interpela al conjunto del país. La firma quiso expresar, precisamente, esa voluntad de trabajar desde la colaboración y evitar dinámicas de confrontación. Con el protocolo ya en marcha, comienza ahora una etapa de análisis y desarrollo que ambas partes confían en traducir en oportunidades reales para las personas y familias más vulnerables.