La Comisión Asesora hace un balance de sus primeros meses de trabajo De 3.000 a cien mil euros: las indemnizaciones a las víctimas, un año después del Plan PRIVA

De 3.000 a cien mil euros. Esta es la horquilla que maneja, un año después de su puesta en funcionamiento, la Comisión Asesora del PRIVA, el plan creado por la Conferencia Episcopal y los religiosos españoles para indemnizar a las víctimas de abusos a menores, cuyos casos han quedado prescritos o no han sido juzgados. Un balance que, cuando menos, se antoja ínfimo, pues apenas se habla de 89 casos planteados ante la comisión en los últimos doce meses, de los que apenas se han resuelto 39 casos.

PRIVA, sin embargo, hace un balance triunfalista del trabajo de la comisión, “con independencia y autonomía propia”, encargada de dictaminar la reparación con criterios jurídicos y terapéuticos. Como adelantó RD, los mayores montantes corrieron a cargo de casos sucedidos en la diócesis de Barcelona y en el seno de la Compañía de Jesús.

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A preguntas de este medio, la comisión aseguró que “buena parte de los casos” proviene de la iniciativa de las propias víctimas. En concreto, el 75%. Sí señalaron que se han recibido un total de 89 solicitudes de reparación integral, de las que 32 pertenecen a casos en diócesis y 57 a casos sucedidos en el seno de congregaciones religiosas. De todos ellos, se han resuelto 39 dictámenes de reparación de los 40 informes completos recibidos. Del resto, nada se sabe, pese a que la organización asegura que el plazo de resolución de las solicitudes de reparación tiene una duración estimada de tres meses.

Desde PRIVA destacan su independencia, se declaran como “una comisión técnica, que dictamina según los informen que llegan” y que solo empiezan a estudiar los casos “cuando llegan los informes”.

“Ha habido una profesionalidad extraordinaria”, recalcan desde la comisión, que aseguran que “en todos los casos, el dictamen se entrega a la diócesis o la institución, que se encarga de reparar”. “En ningún caso”, sostienen, las víctimas no han aceptado la propuesta de acuerdo. Algo que no casa con los testimonios de varias víctimas llegados a RD. Algunas víctimas, además, se quejan del vacío en las respuestas recibidas, que van del “No es creíble” en algunos casos, a muchos silencios, que se traducen en ausencia de indemnizaciones.

Los baremos utilizados para la indemnización oscilan en función de la gravedad, las consecuencias y las circunstancias que concurrieron en el abuso, además de de reparaciones ‘en especie’ y compromisos por parte de las instituciones.

En cuanto al resto de casos no resueltos, se está a la espera de la recepción de los informes de las instituciones religiosas y nuevas aportaciones de los supervivientes de abusos.

¿Quién compone PRIVA?

Según la organización, se trata de una decena de miembros, procedentes de distintos ámbitos: 1 representante de la Conferencia Episcopal Española y 1 de CONFER; y otros 8 profesionales independientes (4 del ámbito de la carrera judicial y fiscal, de cuerpos jurídicos al servicio del Estado y de la universidad; y 4 terapeutas con experiencia de atención a víctimas de abusos). Entre ellos, sólo hay una víctima, pero que no participa como tal, sino como miembro de una asociación de ayudas. Y es que las víctimas de abusos no pueden formar parte del PRIVA, una incongruencia más del sistema.

Los miembros de la comisión, que ofrecen su servicio de manera voluntaria, “basan su trabajo en la experiencia, la independencia y el respeto a la integridad y la privacidad de la víctima solicitante de reparación, poniendo especial celo para evitar que el proceso genere un mayor sufrimiento a las víctimas”, aseguran desde PRIVA. Algo que muchas víctimas, al menos, ponen en duda.