La Fundación sufrió un daño de 8,6 millones de euros La justicia avala el último acuerdo entre Fusara y Tapiamar y levanta las medidas cautelares sobre los edificios

La Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio (FUSARA) ha presentado este viernes ante el Juzgado de Instrucción nº 28 de Madrid su escrito de acusación contra la venta de 14 inmuebles pertenecientes a la entidad en 2019, y su posterior reinversión en un solar de Valdebebas, que causaron un perjuicio económico de 8,6 millones a la fundación, según han confirmado a RD fuentes de la misma. 

En el escrito, al que hemos tenido acceso, se atribuye a profesionales del despacho Chávarri y a antiguos responsables de la fundación delitos de administración desleal hiperagravada, estafa hiperagravada, corrupción entre particulares y falsedad en documento mercantil, para los que pide (para cada uno de los implicados) penas de 12 años de prisión y multas de hasta 108.000 euros.

Según la acusación particular, los edificios se vendieron por debajo del precio de mercado, "ignorando tasaciones superiores", y posteriormente se compró un terreno en Valdebebas por 47,6 millones de euros, un 50% por encima de su valor de mercado. Asimismo, se apunta a que varias sociedades vinculadas al grupo Chávarri percibieron cantidades asociadas tanto a la venta de los inmuebles como a la reinversión posterior. 

Tras la venta del patrimonio inmobiliario, el patronato reorientó en septiembre de 2019 el mandato de reinversión previamente otorgado. En lugar de adquirir edificios de oficinas ya construidos, FUSARA optó por abordar la compra de un solar para su futuro desarrollo. El terreno seleccionado, propiedad de Metrovacesa y ubicado en Valdebebas, fue finalmente adquirido el 4 de marzo de 2020 por 47,6 millones de euros más IVA. El escrito recoge que las valoraciones disponibles atribuían al terreno un valor cercano a 30 millones, lo que implicaría, según la acusación, un sobreprecio superior al 50 %. Además, siempre según la acusación, Metrovacesa habría retenido cuatro millones por distintos conceptos asociados a la operación.

La Audiencia Provincial deberá decidir ahora si procede la apertura de juicio oral y en qué términos continuará el procedimiento.

Por otro lado, la jueza ha levantado las medidas cautelares que pesaban sobre los 14 edificios situados en el centro de Madrid vendidos en 2019 por Fusara al grupo Tapiamar, tras el acuerdo alcanzado entre ambas entidades el pasado julio. Entonces, la sociedad se comprometió a devolver uno de los edificios más emblemáticos y a pagar 99 millones de euros por los 13 restantes situando el valor del conjunto por encima de los 120 millones de euros. Como contrapartida, Fusara se comprometió a retirar las acciones penales y civiles contra Tapiamar, manteniéndolas contra el resto de los investigados en el proceso.

El levantamiento de las medidas cautelares y su registro en los Registros de la Propiedad correspondientes, que impedían la libre disposición de los inmuebles, supone la validación judicial y de los registros del acuerdo alcanzado el pasado mes de julio entre ambas entidades, al considerar la magistrada que el acuerdo no es lesivo para la fundación. Tras la validación del acuerdo, Tapiamar tendrá que abonar a la fundación un total de 62 millones de euros, una vez deducidos los 37 millones ya pagados en 2019.

'Caso Fundaciones': Antonio Chávarri y su cúpula, acusados de "estafa agravada" y "corrupción entre particulares": En un auto que ordena continuar las diligencias mediante un procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso RD, el Juzgado número 28 de… https://t.co/RksqAP8PiKpic.twitter.com/dEcS6zUCFE

— Religión Digital (@ReligionDigit) May 31, 2023

Pocos meses después de la firma del acuerdo extrajudicial, en octubre, un grupo de 35 inquilinos intentó bloquearlo solicitando al juez ampliar la querella para incluir en ella también al actual patronato de la fundación. La entidad desmintió las acusaciones y pidió que se investigara un posible delito de denuncia falsa.

El juez acaba de desestimar la solicitud de los inquilinos y ha dado la razón a la Fundación. Además, el fiscal ha presentado un duro escrito contra la solicitud en el que cuestiona también que este grupo de inquilinos represente de verdad al colectivo de vecinos afectados por la compraventa de los inmuebles. Finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid que resuelve los recursos de apelación interpuestos por los investigados en el proceso penal. El juez desestimó todos los recursos, confirmando el Auto de Procedimiento, salvo en el caso de Ricardo de Guindos, José Prado Pavón y Raúl Chávarri. Respecto del resto de los investigados (David López Royo, Antonio Chávarri, Manuel Fernández Clemente, Antonio Naranjo, Julio Lage, Jesús Merino y Roberto de Juan), la Sala confirmó la existencia de indicios racionales de criminalidad y la procedencia de continuar con la tramitación del procedimiento y la celebración de juicio oral.