Justicia y paz, ante el 20N: "Votar es un derecho fundamental y un deber deber moral para construir el bien común"

(Justicia y Paz).- Desde la sensibilidad, la empatía y el compromiso con las personas empobrecidas al que nos anima el Evangelio de Jesús de Nazaret, Justicia y Paz presenta sus reflexiones ante las próximas elecciones generales. Fieles al mandato de la Iglesia y a nuestra historia como entidad comprometida con la promoción y defensa de los Derechos Humanos, queremos aportar criterios claros que ayuden a la ciudadanía en este momento decisivo.

En unas elecciones los diversos partidos políticos deben presentar sus programas que, obviamente, pueden ser muy divergentes, a la ciudadanía para que elija, de ahí el nombre de elecciones, a los que van a ser sus representantes. Las campañas previas deben servir, por tanto, para la presentación y debate de los diferentes programas electorales. Es, sin duda, un tiempo democrático en el que la ciudadanía debería ser la protagonista absoluta. No obstante, constatamos con preocupación que estos comicios arrancan marcados por una falta de respeto y un discurso de odio indisimulado hacia el adversario político.

Las formas agresivas con las que actúan numerosos líderes intoxican la convivencia y convierten lo que debería ser un debate sano sobre propuestas en un rechazo personal hacia quien piensa diferente, que acaba extendiéndose a sus votantes. Esta actitud supone una grave irresponsabilidad por parte de quienes aspiran a servir a la ciudadanía y deberían dar ejemplo de moderación y amistad social, tal como pide la Doctrina Social de la Iglesia (Fratelli Tutti, n.º 198). En lugar de promover el encuentro, este clima hostil —a menudo azuzado por redes sociales y medios de comunicación— debilita el derecho humano a expresar las propias opiniones sin sufrir ataques ni intimidación (Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 19).

Nos preocupa también de manera muy seria el aumento de la violencia policial contra quienes ejercen su derecho legítimo a la manifestación pacífica, y nos alarma especialmente que no se exijan responsabilidades a los causantes de estos actos violentos. Como recuerda la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 3 y 20, toda persona tiene derecho a la integridad física y a reunirse o manifestarse pacíficamente. En esta misma línea, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (n.º 401) subraya que las fuerzas de seguridad deben actuar siempre sometidas a la ley, respetando la dignidad humana y rindiendo cuentas ante el control democrático.

Quienes acudamos a las urnas el próximo 29 de noviembre debemos recordar que votar es un derecho fundamental recogido en la Constitución española. Esta libertad no fue gratuita, sino que costó mucho dolor y esfuerzo conseguirla tras cuarenta años de dictadura. Salir a votar es honrar la memoria de quienes lucharon y sufrieron represión por reclamar este derecho, recogido en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la base de la participación ciudadana. Asimismo, el Concilio Vaticano II (Gaudium et Spes, n.º 75) nos recuerda que participar en las elecciones no es solo un derecho, sino también un deber moral para construir el bien común.

Tenemos memoria histórica de lo que ocurre cuando se abandona a la ciudadanía a las leyes del mercado, pero también vemos hoy sus duras consecuencias en el presente

Por último, insistimos en que la verdadera misión de la política es hacer la vida mejor y más llevadera a todas las personas, empezando por las más vulnerables. Este objetivo resulta incompatible con aquellas opciones que dan rienda suelta al mercado sin ponerle límites ni reglas sociales. La Doctrina Social de la Iglesia advierte con claridad que la economía debe estar al servicio del ser humano y no al revés (Evangelii Gaudium, n.º 53-55), y que el Estado tiene el deber de regular el mercado para proteger a los más débiles (Centesimus Annus, n.º 35). De igual modo, los Derechos Humanos reconocen en su artículo 25 el derecho de toda persona a un nivel de vida digno que garantice la salud, el bienestar y los servicios básicos. Tenemos memoria histórica de lo que ocurre cuando se abandona a la ciudadanía a las leyes del mercado, pero también vemos hoy sus duras consecuencias en el presente.