María González Dyne: "La defensa del trabajo decente es uno de los objetivos principales de Cáritas Española"

(Jose Luis Palacios/Noticias Obreras).- Con décadas de experiencia aunando trabajo y vocación en España, Kenia y Reino Unido, González Dyne llega a Cáritas Española para reforzar la misión de la organización en la defensa y atención a las personas más vulnerables en una época de profundos cambios políticos, sociales y económicos.

Pasados estos primeros meses de rodaje, ¿qué prioridades de la organización en este momento ha identificado y cuál puede ser su aportación personal?

Si tuviera que quedarme con tres, la primera sería impulsar la acción transformadora de Cáritas Española, no solo en España, sino también a nivel mundial; llegar a más personas vulnerables, en situación de exclusión, exclusión severa y en extremos de vulnerabilidad, dentro de los recursos, posibilidades y oportunidades que tenemos.

También es necesario reforzar el voluntariado, especialmente joven, en un momento en el que afrontamos muchísimos desafíos. Que Cáritas pueda inspirarles para que se unan a la misión.

En tercer lugar, es prioritario revitalizar el sentido comunitario para construir comunidades fuertes y vibrantes, donde la acción social de las parroquias y grupos sea realmente el impulso que nos lleve a salir a las periferias y a comprometernos.

En lo personal, me pongo al servicio de una confederación integrada por 70 Cáritas diocesanas, 67.000 voluntarios y más de 6.000 trabajadores, que el año pasado llegó a más de dos millones de personas, tanto en España como en el mundo, para contribuir a que entre todos y todas podamos cumplir la misión de Cáritas.

La Iglesia defiende el trabajo decente como vía fundamental de inclusión social. ¿Cómo está Cáritas contribuyendo a la recuperación de derechos, autonomía y participación a través del trabajo?

Para Cáritas, la defensa del trabajo decente es un objetivo principal. La Confederación lleva muchos años realizando una apuesta importante por la economía solidaria, que pasa por impulsar una transformación social vinculada a un modelo económico que sitúa siempre a las personas y la sostenibilidad en el centro.

A través de nuestras empresas de inserción y de otras iniciativas de economía social, contamos actualmente con 3.000 puestos de trabajo, de los cuales más del 50% están ocupados por personas en situación de exclusión.

También a través de la defensa jurídica con abogados que acompañan a las personas de exclusión en la defensa de los derechos laborales.

Regularizar la situación administrativa (de personas migrantes) ha sido un gran paso. La irregularidad multiplica el riesgo de exclusión

Tratamos de incidir en la agenda política para que las políticas públicas y las normas puedan proteger a las personas vulnerables. También es muy importante la sensibilización de la sociedad en general sobre este tema y, en particular, de las empresas.

Al mismo tiempo, acompañamos a las personas en situación de exclusión a través de itinerarios integrales para mejorar su autonomía y favorecer su inserción sociolaboral. La red Cáritas logró el año pasado la inserción laboral del 22% de las personas que acompañamos; es decir, 15.000 personas accedieron a un empleo de las casi 70.000 que participaron en estos programas.

Después de laregularización extraordinaria, ¿qué queda por hacer para «acoger, proteger, promover e integrar»?

Hay que seguir acompañando a las personas, también en nuestras parroquias, y sensibilizar a la sociedad española que, en parte, percibe las migraciones como una amenaza.

Hay que decir que regularizar la situación administrativa ha sido un gran paso. La irregularidad multiplica el riesgo de exclusión: el 67,5% de las personas extracomunitarias padece exclusión, frente a un 43% que cuenta con los permisos de residencia y trabajo.

La autorización administrativa abre la puerta a un empleo formal y digno, a la estabilidad económica y a la posibilidad de planificar un proyecto de vida.

¿Cómo interpreta lo ocurrido en Ceuta y cómo afecta a su organización?

Ceuta es la punta del iceberg de una crisis que nos ha recordado que existen obligaciones y derechos para todos. Nuestra misión como Cáritas es atender a la persona vulnerable, en exclusión. No puede haber prioridad nacional a la hora de respetar la dignidad de las personas.

Es cierto que los recursos son limitados y que Cáritas Ceuta, que venía acompañando a 400 familias y que está integrada en la diócesis de Cádiz, ha tenido que reforzar su acción.

Estamos trabajando en coordinación con otras entidades y organizaciones sociales y de Iglesia para atender a las personas en situación de exclusión tanto ceutíes como las que han llegado recientemente.

El Estado también tiene la obligación y el deber de proteger sus fronteras y actuar de la manera más coordinada y unida posible para poder paliar el sufrimiento de tantas personas que han sido víctimas de un modelo de gestión de las fronteras y de una situación política particular.

¿Le preocupa que la «prioridad nacional» acabe incorporándose al «sentido común» y que la hostilidad a las personas que ayudan se normalice? ¿Cómo está afectando a Cáritas?

Nos preocupa mucho. Hay un aumento de la hostilidad, de los discursos de odio, de la xenofobia, en medio de una gran desinformación. Todo esto alimenta el miedo. Cáritas, como toda la Iglesia, ha de fortalecer la esperanza, pero no podemos abstraernos de una realidad que también nos afecta.

No podemos dejar de denunciar las realidades de indignidad y anunciar nuestra propuesta con los mecanismos a nuestro alcance, codo a codo con los medios de comunicación y con los diferentes partidos políticos que se abren a escucharnos. La interlocución es clave.