"Un motivo real para la esperanza": Carta abierta de una víctima de abusos en la Iglesia tras la firma del protocolo de reparación

Soy víctima de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia y, como muchas otras personas, he seguido con atención —y también con incertidumbre— todo el proceso que ha llevado a la firma del nuevo protocolo de reparación entre el Estado y la Iglesia.

Hoy, por primera vez en mucho tiempo, puedo decir que hay un motivo real para la esperanza.

El hecho de que las víctimas que ya hemos pasado por el Plan PRIVA podamos acceder a este nuevo sistema y solicitar una revisión es, sin duda, un paso fundamental. Durante mucho tiempo, se intentó trasladar la idea de que nuestros casos estaban cerrados. No lo estaban. Y este acuerdo lo reconoce.

La posibilidad de revisión no es una segunda oportunidad: es la primera vez que muchos de nosotros podremos ser valorados en un marco con garantías reales

En mi caso, pasé por el Plan PRIVA y recibí una indemnización que, aunque supuso un reconocimiento, no fue acompañada de una motivación clara, ni de un desglose verificable, ni de un proceso con las garantías que ahora sí incorpora este nuevo sistema. Acepté en un contexto de vulnerabilidad, sin saber que más adelante existiría un mecanismo con intervención del Defensor del Pueblo, con mayores garantías y con una evaluación más completa e independiente.

Por eso, la posibilidad de revisión no es una segunda oportunidad: es la primera vez que muchos de nosotros podremos ser valorados en un marco con garantías reales.

Se ha hablado mucho de “duplicidades”. En mi caso no existe ninguna. Lo ya percibido debe tenerse en cuenta, sí, pero únicamente para evitar pagar dos veces lo mismo. La revisión no busca cobrar dos veces, sino completar una reparación que, en muchos casos, ha sido insuficiente.

También se ha hablado de los baremos. Que no exista una tabla cerrada y pública no significa que no vaya a haber valoración económica. Lo que significa es que cada caso deberá ser evaluado según su gravedad y su impacto real, y eso, bien aplicado, puede ser más justo que un sistema rígido. Pero precisamente por eso será aún más importante que cada resolución esté bien motivada, sea transparente y se ajuste a la realidad concreta de cada víctima.

En mi caso, por ejemplo, ya hubo un reconocimiento previo de una especial gravedad. Si ahora existe un sistema nuevo con mayores garantías, lo lógico es que la revisión parta de esa realidad y complete la reparación hasta donde corresponda, teniendo en cuenta lo ya percibido, pero sin usarlo como un límite artificial.

Además, no todas las víctimas hemos tenido las mismas condiciones. Quienes pasamos por PRIVA lo hicimos en un sistema interno, sin supervisión pública, sin un órgano independiente que resolviera en caso de desacuerdo y sin las mismas garantías que hoy reconoce el nuevo protocolo. Impedir el acceso a quienes ya pasamos por ese proceso, o vaciar de contenido nuestra revisión, habría supuesto consolidar una desigualdad evidente entre víctimas.

Por eso, este momento es tan importante.

El protocolo abre una puerta, pero ahora todo dependerá de cómo se aplique. La reparación no puede ser solo simbólica ni arbitraria. Debe ser individualizada, motivada y proporcional a la gravedad de cada caso. Y, sobre todo, debe ser justa.

Quiero también reconocer el papel de los medios de comunicación y de las asociaciones de víctimas. Sin su presión constante, este acuerdo probablemente no habría sido posible.

Hoy se ha dado un paso importante. Ahora toca dar el siguiente: que este sistema funcione de verdad.

Porque la reparación no es una concesión. Es un derecho.