Munilla rompe la unidad episcopal y tilda de "moneda de cambio" la regularización de migrantes

La regularización masiva de inmigrantes aprobada ayer por el Consejo de Ministros, y que culmina el trabajo de años promoviendo por buena parte de la sociedad civil, entre ella la Conferencia Episcopal, ha sido recibida con satisfacción por la gran mayoría de fieles y obispos católicos. ¿Por todos? No. Por todos no.

Un día después de que el presidente de la CEE, Luis Argüello, valoraba este proceso histórico como "un reconocimiento de la dignidad humana y una oportunidad para colaborar en el bien común", que "viene a solucionar una situación que en tantos municipios de España se mostraba ya como de extraordinaria dificultad: personas trabajando, acudiendo a los servicios públicos, a los servicios sociales, a los colegios y encontrándose con este muro de la falta de legalización".

"Ciertamente este decreto podría haberse firmado hace meses, como las organizaciones que hemos promovido la iniciativa legislativa popular dijimos en su momento tanto en el Congreso de los Diputados como a la Administración. Es ahora, quizás porque hay un momento de oportunidad política que lo favorezca", apuntaba el arzobispo de Valladolid, cuyo matiz, en ningún caso, anulaba la importancia del acuerdo.

No piensa así el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, que un día después de ufanarse por el archivo de las investigaciones en su contra por su defensa de las terapias de conversión, volvía a las redes sociales para calificar la medida como "estrategia para conseguir otros fines".

"Acertijo: ¡Adivina adivinanza!", comienza Munilla. "¿En qué se parece la subida de las pensiones incluida en el «decreto ómnibus» a la regularización de los inmigrantes contemplada en el decreto ley pactado por el Gobierno y Podemos?", se pregunta.

"Primero:en que ambas son estrategias para conseguir otros fines"; se responde. "Segundo, en que esta forma torticera de proceder deja patente el desprecio de nuestros gobernantes hacia los pensionistas y hacia los inmigrantes, a quienes utilizan como moneda de cambio", prosigue.

"Tercero, en que en la mayoría de los españoles existe una conciencia ética, tanto en lo que se refiere a la necesidad de dignificar a nuestros jubilados como a la de facilitar la regularización de los inmigrantes que trabajan honradamente entre nosotros, rechazando la alternativa esperpéntica de la caza y expulsión del hispano de la que somos testigos en EE. UU.", añade. Y culmina: "Cuarto, en que, al abordar cuestiones de tanta importancia por la puerta de atrás, se hurta el diálogo parlamentario necesario y se impiden los matices convenientes".