Enésimo intento por parte del episcopado de cambiar el relato en la lucha contra la pederastia La presión de las víctimas (y de algunos obispos) fuerza a la CEE a admitir un plan antiabusos que el Gobierno le planteó hace casi un año

Nuevo giro de guion en la política de la Iglesia española respecto a las víctimas de la pederastia. Si durante años negaron la realidad  -“Son pocos casos, o ninguno”, llegó a decir el entonces portavoz de la CEE, y hoy presidente, Luis Argüello- para luego admitir la realidad y encargar una auditoría, que se presuponía independiente, a Cremades&Calvo Sotelo.

Un estudio que tras año y medio (y 1,2 millones después) quedó escondido en un cajón para lanzar un chapucero informe ‘Para dar luz’ que filtró los datos personales de al menos 45 víctimas (esta semana Protección de Datos ha archivado, inexplicablemente, la investigación) y que ha vuelto a convertirse en una publicación “de uso interno”, pero que sirvió como apunte para la aprobación, por unanimidad (al menos pública) de diócesis y congregaciones religiosas, del plan PRIVA (Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos) para indemnizar a los supervivientes de la pederastia cuyos casos hubieran prescrito.

Un plan que se puso en marcha sin contar con las víctimas, que no están representadas en el mismo, ni forman parte del proceso de decisiones, y en el que tampoco estaba representado el Gobierno, porque los obispos entendían que la suya debía ser una vía “unilateral”, sin atender (como pedía la auditoría de Cremades, el Ejecutivo y las víctimas) a las recomendaciones del Defensor del Pueblo, quien propuso la creación de un órgano administrativo especial, una suerte de comisión mixta Iglesia-Estado para reconocer y repara a las víctimas.

Indemnizaciones unilaterales

Desde el principio, la Iglesia se negó a colaborar aportando recursos. A comienzos de este año, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, advirtió a la CEE que el Ejecutivo no consentiría que los obispos indemnizaran de manera unilateral a las víctimas de abusos. Sin embargo, pasaban los meses y las víctimas seguían sin respuestas. Mientras tanto, el Plan PRIVA sacaba pecho, y anunciaba que había atendido a 89 víctimas, de las cuales apenas la mitad habían recibido indemnizaciones, que alcanzaban el millón de euros.

En vano. Un año después, las víctimas que aceptaron encontrarse con los expertos del PRIVA (designados por la Conferencia Episcopal y la Confer, y cuyo dictamen es vinculante y no recurrible) son residuales. Y no solo eso: tal y como puede confirmar RD, varios obispos y congregaciones religiosas se han quejado de las resoluciones del equipo de ‘reparadores’, que en muchas ocasiones difieren de los propios compromisos alcanzados por los responsables eclesiásticos a los supervivientes que, confiados, aceptaron vincularse a PRIVA.

En algún caso, como en Barcelona o Pamplona, los obispos han reaccionado y mejorado las indemnizaciones planteadas inicialmente. “Pero esto, como siempre, depende de la buena voluntad del jerarca de turno” se queja, amargamente, una víctima que acudió al PRIVA y no ha visto satisfechas sus reivindicaciones. “El plan es una chapuza, y la prueba es que muy pocas víctimas, las más necesitadas, han recurrido a él. La mayoría siguen esperando una respuesta, también del Gobierno”, apuntan a RD.

Lo cierto es que, desde hace un año, Iglesia y Ejecutivo mantienen abierto un canal de diálogo, necesariamente discreto, en el que han ido avanzando en distintas propuestas. Hasta la fecha, frenadas por la jerarquía episcopal, que en ningún momento quería dar su brazo a torcer, y permitir que el Gobierno entrara a “fiscalizar” las reparaciones de la Iglesia.

El punto álgido de la crisis Iglesia-Gobierno vino en abril del año pasado, cuando los socialistas anunciaron que seguirían la recomendación Ángel Gabilondo, y animarían la creación de un órgano independiente, coordinado por el Defensor del Pueblo, que escuche a las víctimas y decida las indemnizaciones que recibirán, para que posteriormente fuera la Iglesia quien las abonara. “Confío absolutamente en que la Iglesia asumirá el coste”, adelantó Bolaños en su día, sin aclarar qué sucedería si los obispos se negaran.

Al poco, tuvo la respuesta en forma de una durísima nota en la que la CEE anunciaba que se negaría a secundar el plan si no se resarcía a todas las víctimas de la pederastia, no sólo a las de la Iglesia. “No se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a 9 de cada diez víctimas. La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales”, recalcaba la Iglesia española.

El viaje de Bolaños a Parolin y la filtración de la CEE

Sin embargo, esta misma semana, tras un sorpresivo viaje del ministro Bolaños a Roma para encontrarse con el secretario de Estado, Pietro Parolin, en el que se habló de la cuestión (y en el que, según nuestras fuentes, el cardenal recordó al ministro que este tema debía ser negociado con la Iglesia local, y no con el Vaticano), la Conferencia Episcopal filtró la existencia de una reunión -que ya estaba prevista con antelación- entre los secretarios generales de la CEE y la CONFER, acompañados por algunos miembros del plan PRIVA, y el Ministerio de Justicia, que se celebró el miércoles. Incluso, llegó a asegurarse la presencia del propio Bolaños, quien no acudió al tener la agenda repleta, en un día especial por el aniversario de la DANA, funeral de Estado en Valencia incluido.

La filtración generó “bastante sorpresa e incomodidad” en Justicia. ¿A qué se debió? Tal y como puede confirmar RD, a dos razones. De un lado, el encuentro de Bolaños con Parolin, del que no se informó a los obispos. Del otro, la queja de algunos prelados y provinciales religiosos, que motivó que, por primera vez en mucho tiempo, la Iglesia estuviera dispuesta a volver a cambiar su estrategia y ceder, de nuevo, para aceptar las bases del plan de Justicia para crear un “lugar de reparación” para las víctimas que se negaran a acudir al plan PRIVA. Una comisión liderada por el Defensor del Pueblo, cuyo dictamen respetarían todas las partes y que, por primera vez, incluiría a las asociaciones de víctimas -totalmente ninguneadas por la Conferencia Episcopal- en la toma de decisiones.

En esta tesitura, la filtración -tanto de la reunión como de su contenido- se inserta en un nuevo intento de la jerarquía episcopal de “cambiar el relato” y posicionarse -como intentó hacer cuando aprobó el plan PRIVA- como la única institución que toma medidas efectivas para resarcir a los supervivientes. En la misma línea, fuentes episcopales temen que, “una vez más”, el Gobierno quiera sacudir el enjambre de las relaciones Iglesia-Estado, como, aseguran, ya se hizo en el tema de la resignificación de Cuelgamuros.

Preguntas pendientes

Desde Justicia, se vive el cambio en el episcopado con tranquilidad, conscientes de que desde hace un año se llevan a cabo reuniones “operativas y efectivas” tendentes a lograr “el objetivo real”, que no es otro que “sostener y reparar a todas las víctimas”. “Que nadie se quede fuera”, es la tesis que, ahora, también parecen haber comprado los obispos, que quieren que el Gobierno les presente un borrador de acuerdo para debatirlo en la próxima Asamblea Plenaria, que se celebrará dentro de tres semanas y que arrancará con un encuentro de la Comisión Ejecutiva con el Papa en Roma.

Con todo, quedan muchas preguntas pendientes. En primer lugar, cuál será realmente el papel de las víctimas, que oficialmente no han sido informada del contenido de estas negociaciones, y exigen estar presentes antes de cualquier decisión que las afecte. En segundo término, qué pasará con aquellas víctimas que han acudido al Plan PRIVA, y han aceptado una indemnización, pese a parecerles insuficiente, o a aquellas cuyos expedientes todavía no están resueltos. ¿Podrán acceder también al nuevo sistema? Finalmente, una cuestión no aclarada: ¿quién pagará? ¿Sólo la Iglesia, o también la Administración?