Prioridad nacional: ilegal e inmoral

(Cristianisme i Justicia).- La prioridad nacional, que postula la prelación de los ciudadanos de nacionalidad española en el acceso a recursos públicos, servicios sociales, vivienda y empleo, se ha convertido en el centro de  un intenso debate jurídico y ético. El argumento central de esta doctrina sostiene que el Estado del bienestar se sustenta sobre el esfuerzo contributivo de las familias españolas y que, por tanto, ante situaciones de escasez o colapso de los servicios públicos, la administración debe elegir a los nacionales como beneficiarios preferentes. 

Este argumento parte de una percepción sesgada de la realidad que se ha alimentado intencionadamente. Los estudios realizados por entidades como FOESSA y la Universidad Pontificia Co millas indican una realidad distinta: las personas inmigrantes sufren una segregación laboral y económica estructural, con niveles de integración bajos a pesar de su arraigo. Mientras que el 50% de los españoles parados recibe algún tipo de prestación por desempleo, solo el 29% de los trabajadores extranjeros en la mis ma situación accede a ellas. El supuesto acaparamiento extranjero de las ayudas públicas no se sostiene con los datos de ejecución presupuestaria: el Ingreso Mínimo Vital muestra que nada más un 11% de los beneficiarios son extranjeros, a pesar de que representan el 14% de la población total y sufren mayores índices de pobreza.1 

En segundo lugar, la prioridad nacional desplaza el criterio de la necesidad o la vulnerabilidad como eje de la asistencia social, sustituyéndolo por un criterio de pertenencia identitaria y de nacionalidad. Y este desplazamiento no solo cuestiona los consensos establecidos sobre la universalidad de los servicios públicos, sino que sitúa a las instituciones españo las en una trayectoria de colisión con el marco constitucional y el derecho de la Unión Europea. 

Afortunadamente para todos, cualquier medida que discrimine por razón de nacionalidad se enfrenta a un robusto sistema de protección jurídica nacional e internacional. El artículo 14 de la Cons titución Española es tajante al declarar la igualdad ante la ley sin que pueda pre valecer discriminación alguna por condición o circunstancia personal o social. Y aunque la prioridad nacional intente articularse sobre la base del artículo 13 de la norma suprema, que permite al legislador modular los derechos de los extranjeros, el Tribunal Constitucional ha establecido que ciertos derechos están indisolublemente vinculados a la dignidad humana, que es universal. No se puede privar a una persona de la asistencia sanitaria o de la protección frente a la indigencia alegando su origen nacional sin vulnerar el núcleo duro de los derechos constitucionales. 

Un punto de inflexión ha sido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 5 de marzo de 2026.2 El caso trataba de una prestación especial y no contributiva, cuyo beneficio se restringió a aquellos extranjeros que tuvieran autorización de residencia de larga duración (cinco o más años). El tribunal ha validado que, para ciertos subsidios «meramente asistenciales», los Estados pueden exigir este permiso de residencia de cinco años. La sentencia no justifica la prioridad nacional, como han argumentado sus defensores, porque la diferencia en la prestación asistencial no la hace la nacionalidad del beneficiario, sino su edad y su situación de residencia. 

En realidad, lo que hace el TJUE es igualar las condiciones a las de los ciudadanos europeos: para beneficiarse de una prestación, un europeo también de bería residir cinco años en el país que la ha implantado. Construir una ofensiva legal anunciando que la justicia europea «acaba con la asistencia social» y consagra la prioridad nacional es ir demasiado lejos. 

La prioridad evangélica de Magnifica Humanitas 

La Conferencia Episcopal Española ha defendido la «prioridad del Evangelio» frente a la prioridad nacional. Los obispos sostienen que la dignidad humana es intocable y que la Iglesia no puede par ticipar en la exclusión del «otro». Ante la persona necesitada, afirman, «da igual que sea española o no», y citan la pará bola del buen samaritano como criterio supremo de actuación pública. 

En la misma línea, el pasado 25 de mayo el papa León XIV presentó su primera encíclica, Magnifica Humanitas. En ella dedica los dos primeros capítu los a compendiar elementos basales de los 135 años de historia de la doctrina social de la Iglesia, desde la promulga ción de la encíclica Rerum Novarum por parte del papa León XIII, considerada la primera encíclica social. Extraemos aquí algunos fragmentos donde se exponen las principales contradicciones o incom patibilidades que la prioridad nacional debería suscitar para cualquier cristiano o cristiana. 

Dignidad humana 

La primera contradicción de la prioridad nacional yace en el hecho de que esta supone negar, a priori, la radical e igual dignidad de todo ser humano. León XIV parece referirse a las ideologías políticas que distinguen, segregan, separan a las personas con mayor o menor grado de dignidad a la hora de ser titulares de derechos: 

Es importante vigilar para que este crecimiento en la conciencia de la dignidad humana no sea ofuscado bajo la presión de nuevas ideologías o de de terminados intereses de gran poder en el mundo de hoy. [...] Pero el valor de la persona no depende de lo que realiza o produce; existen derechos que corres ponden a todos por el mero hecho de ser personas. Ningún poder humano puede legítimamente negarlos o limitarlos arbitrariamente. (§51) 

Bien común 

La segunda contradicción manifiesta se encuentra con el principio del bien co mún, un concepto arraigado en la doctrina eclesial y que se describe como «la forma social de la dignidad que se reconoce a cada uno», que resulta irrenunciable y ca racteriza la esencia del cristianismo mis mo. La prioridad nacional es, en cambio, un modo de sugerir un «bien propio» o «bien apropiado o usurpado» solamente para algunos pequeños intereses: 

Para un cristiano, en efecto, salir del pe queño mundo de sus propios intereses y comprometerse por el bien común –en los límites de sus propias posibilidades– es un valor no negociable, como lo es la promoción de la vida. (§59) 

Solidaridad 

La tercera contradicción tiene que ver con la realidad social, con la solidaridad de facto presente entre nosotros, en tantas experiencias de acogida, de hospitalidad, de apoyo mutuo y convivencia que se multiplican en barrios, pueblos o calles de nuestra geografía. La prioridad nacional pasa torticeramente por encima de esta realidad, imponiendo una fantasía social basada en la desigualdad, la competencia descarnada y la preeminencia de unos sobre otros. La realidad que vemos y vivimos cotidianamente, sin negar un ápice la complejidad y las problemáticas existentes, desmiente esa forma de contar las cosas: 

En muchos ámbitos experimentamos ya una especie de «solidaridad de hecho»; nuestras vidas están entrelazadas, las economías y las comunicaciones globales hacen que aquello que sucede en un lugar produzca efectos lejanos, y las redes digitales unen en tiempo real a personas y comunidades de todas par tes del mundo [...]. La fe nos invita a leer esta realidad como una llamada; no somos simplemente vecinos unos de otros, sino que estamos confiados los unos a los otros, para que cada uno se haga cargo, en la medida de lo posible, de la vida y de las heridas del hermano y de la hermana. La solidaridad nace precisamente cuando decidimos no permanecer indiferentes frente a aquello que le sucede a nuestro prójimo y trans formamos vínculos inevitables –económicos, culturales y tecnológicos– en itinerarios de intercambio, de coopera ción y de cuidado mutuo, aprendiendo a «pensar y actuar en términos de comu nidad» (§74) 

Justicia 

La cuarta contradicción resulta de no considerar que la justicia se encuentra también en las estructuras sociales, económicas y políticas, y no de manera única en los actos y la conducta de los in dividuos. Por tanto, erosionar la justicia de las instituciones con llamamientos a la prioridad nacional es un error. Imponer en las administraciones autonómicas y locales, por la puerta trasera, la doctrina de la prioridad nacional no es solamente censurable desde el punto de vista de la moral de los individuos que la alientan, sino también condenable en la ética pública y el orden jurídico subyacentes: 

La justicia, sin embargo, no se refiere solamente al comportamiento de los individuos, sino también al modo en el que son concebidas y organizadas las estructuras de la convivencia. [...]  Toda institución está llamada a servir a la persona humana y a su dignidad. La justicia social se reconoce, entonces, por la capacidad de un orden social, económico y político que permita a todos –y en particular a los más frágiles– vivir de manera realmente humana, sin que ninguno se quede atrás. (§77) 

Un nosotros fraternal 

Bien al contrario de lo que pretende esta blecer la prioridad nacional, para León XIV, los migrantes quedan dentro, no fuera, de la comunidad fraternal. No son «los otros», sino parte del «nosotros», en clave de justicia social. Es decir, en clave de titularidad plena de derechos y obligaciones y de participación integral en los beneficios y cargas de nuestra sociedad. Según la doctrina eclesial, no hay otra manera de tomarse en serio el deseo de integración: 

El papa Francisco invitaba a reconocer en los migrantes no simplemente un problema a resolver, sino «una imagen viva del Pueblo de Dios en camino»; personas con dignidad, recursos y sueños, que tienen derecho a ser tratadas con respeto y piden la oportunidad de poder formar parte activa de las socie dades que las reciben. La justicia so cial, en este campo, implica al menos dos compromisos complementarios. Por una parte, proteger el derecho a la esperanza de quien está obligado a partir, garantizándole vías seguras y legales, condiciones de acogida dignas y procesos reales de integración. [...] Cuando estos derechos son respetados, las migraciones pueden ser una ocasión de encuentro y enriquecimiento mutuo entre los pueblos. (§81) 

Resulta alentador que la lectura de Magnifica Humanitas inspire el escrutinio crítico y constante de tantas derivas del posfascismo actual. Además, aunque la prioridad nacional pretenda hacernos creer otra cosa, las palabras decisivas siguen evocando lo esencial: dignidad, bien común, solidaridad, justicia social, acogida y fraternidad.3 

Josetxo Ordóñez 

Área Social de Cristianisme i Justícia

1 Fundación FOESSA. «Cáritas y Comillas constatan la grave segregación social y económica de los inmigrantes en España pese a su fuerte arraigo». 15 de septiembre de 2020.  

2 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) c. V. M. Sentencia de la Sala Primera, asunto C-151/24, 5 de marzo de 2026. ECLI:EU:C:2026:144. EUR-Lex. 

3 Cristianisme i Justícia. Reflexión de Fin de Año. Rescatar el sentido de las palabras. 30 de diciembre de 2024.