Los abusados reparados por el plan PRIVA podrán recurrir: Las víctimas y el Gobierno le tuercen el pulso a la Iglesia

Las víctimas resarcidas por el PRIVA podrán recurrir al Defensor del Pueblo. Para firmar el acuerdo, ésa era la línea roja de la Iglesia, que no quería convertir a la institución regida por Gabilondo en una especia de segunda instancia. Pero las víctimas y el Gobierno le han torcido el pulso y la Iglesia ha tenido que aceptar. De hecho, las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán recurrir al nuevo mecanismo mixto . A partir del 15 de abril, las víctimas deberán elegir si recurren al nuevo sistema Iglesia-Estado o al PRIVA.

Tras varios tira y afloja, el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia española de Religiosos (CONFER) firmaron este lunes, junto al Defensor del Pueblo, el protocolo para la organización y funcionamiento del sistema de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Un protocolo que desarrolla el histórico acuerdo para crear un nuevo sistema de reparación Iglesia-Estado con participación de las víctimas y reparaciones a cargo de la Iglesia.

El acuerdo se firmó hoy, en la sede del Defensor del Pueblo (calle Fortuny, número 22) a las 11.00 horas, con la presencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; y del presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús Díaz Sariego.

La nueva vía de reparación para los casos en los que ya no es posible la vía judicial, acordada el pasado 8 de enero, entrará en funcionamiento el 15 de abril.  Además, las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán recurrir al nuevo mecanismo mixto . A partir del 15 de abril, las víctimas deberán elegir si recurren al nuevo sistema Iglesia-Estado o al PRIVA.

El proceso se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Estudiado el caso y escuchadas las partes, la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) en un plazo máximo de tres meses.

Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA) para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución.

Si alguna de las partes mostrase su disconformidad, se convocará la Comisión Mixta, en la que estarán representadas todas las instituciones firmantes así como asociaciones de víctimas, para tratar de alcanzar un acuerdo por consenso en un plazo máximo de un mes. Si eso no ocurriera prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo.

La Iglesia católica deberá dar cumplimiento a las medidas reparadoras. Si no lo hiciera directamente la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.

De momento, no se han hecho públicos los baremos para la repación económica.

Según el protocolo, la Iglesia se hará cargo de las reparaciones a las víctimas de abusos mientras que el Defensor revisará cada caso y establecerá las cuantías de las indemnizaciones.

El monto de las indemnizaciones no está precisado en el texto, ya que se trata de “una propuesta integral sin cifras y sin horquillas”, por lo que no detalla baremos o cantidades económicas, ha señalado el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en declaraciones tras la firma.

Con el nuevo mecanismo, la víctima inicia el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, quien realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo que solicite la víctima.

La jerarquía eclesiástica podrá recurrir la resolución, pero la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo.

Además de por Argüello, el acuerdo ha sido firmado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

“A partir de ahora, existe una nueva vía de acceso al plan establecido por la Iglesia y que demuestra nuestro compromiso moral y nuestra responsabilidad”, han señalado la CEE y la Confer en un comunicado.

En este sistema, la colaboración de las instituciones “será muy importante”, han subrayado.

Modalidades de reparación

El protocolo detalla que la reparación podrá ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas, y también económica por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas.

Las compensaciones económicas tendrán en cuenta la gravedad de los abusos sufridos, el daño provocado así como otras compensaciones eventualmente percibidas en el marco de otros modelos de reparación impulsados por la Iglesia.

Compromisos de las instituciones

El protocolo señala que el ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes creará una Unidad de Tramitación que recibirá las solicitudes, ofrecerá orientación para la presentación de las mismas y se ocupará de la comunicación con las partes, la notificación de las propuestas y el recabado de los informes necesarios.

Por su parte, la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, formado por expertos profesionales independientes, se encargará de llevar a cabo una evaluación individualizada de las solicitudes y elaborará la propuesta de valoración de reconocimiento de la condición de víctima y de su reparación.

En su trabajo, esta unidad tendrá en cuenta si esa víctima ya fue reparada anteriormente por el Plan de reparación Integral a víctimas de abusos (PRIVA) y la Comisión Asesora, que trabaja desde febrero de 2025 PRIVA , cuando fue constituida, atendiendo a las 131 solicitudes recibidas.

Así, la CEE y la Confer se encargarán, a través de la Comisión Asesora del PRIVA, de emitir un informe motivado sobre cada una de las valoraciones de reconocimiento de la condición de víctima y de reparación que formule el Defensor del Pueblo.

En caso de discrepancia, una comisión mixta estudiará el caso que, en última instancia será establecido por el Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la CEE o de la CONFER, según el caso.

Exentas de tributación

Además, el Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la renta.

La Iglesia ha recordado que este sistema “no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes”.

Además ha subrayado que se trata de una vía temporal con una duración de un año (prorrogable un año más), para aquellas causas “que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial bien por la prescripción del delito o bien por la muerte del victimario”.