España incluirá en la Seguridad Social a los ministros de culto de la Iglesia Ortodoxa Rumana
La norma regula las condiciones de inclusión de este colectivo en el sistema público de protección social, una medida que ya se había aplicado a otros grupos religiosos
El Gobierno incluirá a los ministros de culto de la Iglesia Ortodoxa Rumana en España en el Régimen General de la Seguridad Social, asimilados a trabajadores por cuenta ajena, y permitirá reconocer como cotizados determinados periodos de actividad anteriores a la entrada en vigor de la norma, con el objetivo de que puedan computar para acceder a prestaciones, especialmente la pensión de jubilación. Así lo establece el Real Decreto 1005/2026, de 18 de noviembre, publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que entrará en vigor el 1 de enero de 2027.
La norma regula las condiciones de inclusiónde este colectivo en el sistema público de protección social, una medida que ya se había aplicado a otros grupos religiosos, como los ministros de culto de las iglesias evangélicas, los clérigos de la Iglesia Ortodoxa Rusa, los dirigentes religiosos e imames de las comunidades islámicas y los miembros de la Orden religiosa de los Testigos de Jehová.
A efectos de su incorporación al Régimen General, se considerará ministro de culto a la persona que se dedique de forma estable a funciones de culto o asistencia religiosa, siempre que no desempeñe estas actividades a título gratuito y que las desarrolle en territorio español. Esta condición deberá acreditarse mediante un certificado expedido por el Obispado Ortodoxo Rumano de España y Portugal.
La acción protectora será la correspondiente al Régimen General de la Seguridad Social, con la única exclusión de la protección por desempleo. Asimismo, las contingencias de enfermedad y accidente se considerarán, respectivamente, comunes y no laborales. La base de cotización estará constituida por la remuneración total percibida o a la que tengan derecho mensualmente, con los límites máximo y mínimo del grupo 3 de cotización. No existirá obligación de cotizar por contingencias profesionales, desempleo, Fondo de Garantía Salarial ni formación profesional.
El real decreto también contempla el reconocimiento como cotizados de los periodos de actividad en España anteriores a su entrada en vigor. Estos podrán tenerse en cuenta para determinar el derecho a la pensión de jubilación o incrementar su cuantía, así como para alcanzar el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a las prestaciones de incapacidad permanente o de muerte y supervivencia, en este último caso para quienes tengan la condición de ministros de culto cuando entre en vigor la norma.
Para ello, los interesados deberán acreditar el tiempo de desempeño de la actividad mediante un certificado del Obispado Ortodoxo Rumano de España y Portugal y solicitar su reconocimiento ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), junto con la petición de la pensión correspondiente o, si ya la perciben, de la revisión de su cuantía. En ningún caso se computarán los periodos anteriores a la inscripción de la Iglesia Ortodoxa Rumana en el Registro de Entidades Religiosas ni aquellos que coincidan con otros periodos de cotización.
El reconocimiento de estos periodos tendrá efectos sobre el cálculo de la pensión de jubilación, incluida la determinación del periodo de carencia, la base reguladora, la edad ordinaria de jubilación y el porcentaje aplicable. No obstante, los periodos reconocidos no podrán elevar el porcentaje de la base reguladora por encima del cien por cien. En el caso de las pensiones ya reconocidas, se utilizarán exclusivamente para determinar el porcentaje aplicable, sin que puedan reducir el que ya tuviera reconocido el beneficiario.
El decreto establece además que los interesados deberán abonar el capital coste correspondiente a la parte de la pensión de jubilación derivada de los periodos reconocidos. Este importe podrá pagarse en un único abono o fraccionarse en mensualidades durante un máximo de veinte años, con posibilidad de ampliar ese plazo para evitar que la amortización suponga una cantidad mensual superior a la percibida por aplicación de la norma.
Para las prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia, los interesados o beneficiarios deberán ingresar la fracción de cuota correspondiente a los periodos reconocidos. El reconocimiento efectivo estará condicionado al pago de las cantidades exigidas en el plazo de un mes desde su notificación.