Las víctimas de abusos celebran el acuerdo Iglesia-Gobierno que las coloca en el centro
Lamentan que "da poco plazo" y que no fija un "baremo" de indemnización
Asociaciones de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia han celebrado el acuerdo firmado este jueves entre la Iglesia (Conferencia Episcopal Española y Conferencia Española de Religiosos) y el Gobierno, aunque han señalado algunos "puntos débiles" como que "da poco plazo" (un año, prorrogable a dos) o que no fija un "baremo" de indemnización.
El fundador de l'Associación Mans Petites y padre de una de las víctimas que denunció el caso Maristas, Manuel Barbero, ha calificado el acuerdo de "histórico" a la espera de ver "cómo termina de arrancar" y "si cumple con todas las exigencias" de las víctimas, aunque ha criticado que "da muy poco plazo".
"Lo único que sí que vemos es que dan muy poco plazo para la denuncia para las víctimas, un año ampliable a dos años cuando verdaderamente la víctima no tiene un interruptor donde se activa y pone su denuncia, sino que a lo mejor puede tardar cuatro o cinco años en poner la denuncia, entonces ahí tenemos que hacer hincapié en que tiene que cambiar esto", ha precisado Barbero en declaraciones a Europa Press.
En todo caso, y aunque considera el acuerdo "aceptable para todos", dice que "nunca" será "suficiente". "El daño que se le ha hecho a una víctima nunca se va a reparar de ninguna manera, ni con 50.000, ni con 60.000, ni con 100.000, ni con 200.000 euros. El ejemplo está en mi hijo, que ha sido indemnizado por orden judicial con 60.000 euros y lleva 13 años encerrado en una habitación. Eso no lo paga ningún dinero", ha lamentado.
"Confianza" en el Defensor del Pueblo
Sobre la mediación del Defensor del Pueblo, Barbero ha afirmado que "evidentemente" les da más confianza que la comisión asesora del Plan Priva, con el que, a su juicio, "estaban haciendo trampas" y "ninguneando a las víctimas".
También se muestra expectante sobre la forma en la que participarán las víctimas en el convenio que se va a firmar para formalizar el acuerdo firmado este jueves. "Hay que ver en qué sentido vamos a participar las asociaciones, las víctimas, eso está por determinar todavía", ha precisado.
Por su parte, el primer denunciante del caso de abusos en la Abadía de Montserrat, Miguel Hurtado, ha señalado que el acuerdo tiene "elementos positivos", como la intervención del Defensor del Pueblo, y otros puntos débiles" como el plazo límite o la ausencia de un baremo.
Miguel Hurtado: "Es muy positivo que la gestión de las solicitudes de indemnización y la toma de decisiones la realice un organismo público como el Defensor del Pueblo. La gestión de estos casos por parte de la Iglesia ha sido nefasta y retraumatizadora. Muchas víctimas salían peor de lo que entraban"
"Es muy positivo que la gestión de las solicitudes de indemnización y la toma de decisiones la realice un organismo público como el Defensor del Pueblo. La gestión de estos casos por parte de la Iglesia ha sido nefasta y retraumatizadora. Muchas víctimas salían peor de lo que entraban", ha advertido.
También considera "positivo" que las indemnizaciones las pague la Iglesia y no el Estado vía impuestos. "Quien traumatiza paga", ha puntualizado.
Si bien, entre los puntos débiles, Hurtado ha señalado que el plazo de un año (prorrogable a dos) para gestionar todos los casos es "poco realista" y ha recordado que en otros estados, como Irlanda, se han dado "cuatro o cinco años".
Además, ve "problemático que no hayan acordado un baremo de indemnización" y ha apuntado que un ejemplo de buenas prácticas es el baremo irlandés, "que otorgaba indemnizaciones de hasta 300.000 euros".
Asimismo, Hurtado cree que es "imprescindible" aprobar leyes de "imprescriptibilidad penal y civil para los casos de pederastia", para que en el futuro todas las víctimas tengan acceso a la tutela judicial efectiva de los tribunales. "Estas leyes han sido paralizadas durante años por el ministro Bolaños", ha criticado.
Mientras, el presidente de la Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra, Marcos Leyún, ha asegurado que esta mañana cuando se ha despertado con esta noticia ha sentido una "alegría importante".
"Sobre todo una alegría porque hay una cantidad enorme de gente que no tiene ninguna confianza en que la Iglesia fuese a dar sus brazo a torcer. Para nosotros es muy satisfactorio, sobre todo, porque la Iglesia reconoce unos delitos que cometió a lo largo de muchos años y los encubrió", ha subrayado Leyún.
A su juicio, si los pasos se ejecutan tal y como se han anunciando, este acuerdo "puede ser suficiente", aunque tiene "algunas dudas" como el hecho de que la Comisión Asesora prevista en el PRIVA sea quien deba emitir un informe preceptivo motivado sobre cada propuesta de reconocimiento de condición de víctima y reparación.
Además, tiene "miedo a que el Estado tenga que poner un solo euro" en las indemnizaciones a las víctimas, algo a lo que "siempre" se han "negado". "El señor Bolaños dice que la Iglesia va a pagar todo, pero habla de petición de perdón, de reparación, de apoyo psicológico y/o indemnización. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que habrá o no habrá indemnización? ¿Depende de quién?", ha planteado.
Preguntado por si haría falta una petición pública de perdón más allá de este acuerdo, Leyún considera que "fijar una reparación económica es lo que más garantía da de que esa petición de perdón sea real".
Cuatrecasas ha querido recordar en este día a "las víctimas que dieron la cara" y que ya han fallecido como Emiliano Álvarez, en la Bañeza, Andrés Basarte en Pamplona o el niño Diego en Madrid". "Es el momento de, con absoluto respeto, honrar su memoria y agradecer, no solamente a ellas sino a todas las víctimas, el tesón y el trabajo que han demostrado durante todos estos años"
Por otro lado, el portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, cree que el acuerdo es "viable, transparente y positivo" y ha puesto en valor "el tesón y el trabajo" de las asociaciones de víctimas, así como el trabajo "del Ministerio de Justicia" así como el hecho de que sea el Defensor del Pueblo "quien lidere la gestión de este acuerdo".
"Esperamos que empiece a rodar pronto, haciendo las cosas con criterio, siguiendo las recomendaciones del Defensor", ha precisado Cuatrecasas a Europa Press.
Además, ha querido recordar en este día a "las víctimas que dieron la cara" y que ya han fallecido como Emiliano Álvarez, en la Bañeza, Andrés Basarte en Pamplona o el niño Diego en Madrid". "Es el momento de, con absoluto respeto, honrar su memoria y agradecer, no solamente a ellas sino a todas las víctimas, el tesón y el trabajo que han demostrado durante todos estos años", ha enfatizado.
