En colegios religiosos y a los nueve años: así abusaban de los menores en Navarra

La comisión de expertos que trabaja en el reconocimiento de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica de Navarra reconoció en 2025 un total de 16 víctimas.

Según ha explicado una representación de la comisión en una comparecencia parlamentaria para exponer su trabajo durante el año pasado, en 2025 se iniciaron 23 expedientes, de los cuales 16 finalizaron con reconocimientos y 7 continúan en proceso de valoración. Además, constan otras 16 solicitudes más pendientes de iniciar el trámite.

Esta comisión de expertos se creó al amparo de la ley foral de reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la iglesia católica de Navarra, ley aprobada en el año 2022.

Una representación de esta comisión, formada por Jose Antonio Echauri, presidente; Mikel Córdoba, vicepresidente, e Izaskun Gartzaron, del Gobierno foral, que ejerce labores de secretaría, ha comparecido en el Parlamento para dar cuenta del informe relativo al año 2025 y presentar también otros datos sobre su trabajo.

La comisión ha recibido, desde el inicio de su actividad en octubre de 2022 y hasta lo que va de año de 2026, un total de 85 solicitudes: 80 pertenecientes a víctimas y cinco a testigos.

Por su parte, de las 72 solicitudes como víctimas recibidas hasta diciembre de 2025, 56 expedientes han sido iniciados para su valoración, siete están en proceso y uno declarado abandonado por la persona solicitante. El resto de las solicitudes corresponden a personas cuyos abusos ocurrieron fuera de Navarra, por lo que la comisión no puede reconocerlas como víctimas, pero sí les ofrece asesoramiento. De los 56 expedientes iniciados, 48 ya han finalizado, con 46 reconocimientos, una desestimación y otra persona que rechazó el reconocimiento.

De entre las 16 personas reconocidas el año pasado, 15 son hombres y una mujer, y en todos los casos los victimarios han sido hombres. La media de edad de las personas evaluadas es de 66 años, con un rango de entre los 50 y los 74 años, provenientes de familias numerosas, con una media de cuatro hermanos.

La edad media del inicio de los abusos es de 9 años, pero con diferencias significativas, ya que hay víctimas en las que comenzaron con 7 años y otras con 17. La mayoría de los casos se circunscriben a la década de los años 60 (nueve abusos), seguido de los 70 (seis) y los 80 (uno)

Entornos educativos y colegios

La edad media del inicio de los abusos es de 9 años, pero con diferencias significativas, ya que hay víctimas en las que comenzaron con 7 años y otras con 17. La mayoría de los casos se circunscriben a la década de los años 60 (nueve abusos), seguido de los 70 (seis) y los 80 (uno).

En cuanto al lugar donde se produjeron los abusos, el 94% (15 casos) ocurrieron en entornos educativos y colegios, y el otro restante en el domicilio del victimario.

Con respecto a la relación con el agresor, siete ejercían la labor de director del colegio, ocho trabajaban como profesores en los distintos centros educativos y uno era un religioso amigo de la familia que cometió los hechos en su propio domicilio.

No comunicaron los hechos

Once de las víctimas han asegurado que nunca comunicaron los hechos sufridos, bien porque no eran conscientes de los mismos, por la edad en la que ocurrieron, por la falta de confianza con las personas adultas de su entorno y las repercusiones que ello pudiera tener, así como por miedo y amenazas del propio agresor. Por su parte, cinco personas (31%) sí informaron a algún familiar cercano.

El 94% (15 casos) ocurrieron en entornos educativos y colegios, y el otro restante en el domicilio del victimario. Con respecto a la relación con el agresor, siete ejercían la labor de director del colegio, ocho trabajaban como profesores en los distintos centros educativos y uno era un religioso amigo de la familia

En lo que respecta a la reparación del daño, el presidente de la comisión, José Antonio Echauri, ha explicado que siete de las víctimas solicitan el reconocimiento público y personal de los hechos sucedidos y la responsabilidad de los centros, congregaciones, órdenes o diócesis implicados. Además, ocho personas refieren la petición pública de perdón, ya sea por acción u omisión, en la protección de las personas menores implicadas. Una de ellas, por su parte, reivindica que el nombre del victimario se haga público, 2 solicitan una indemnización económica, y una más pide la eliminación del concordato.

Mikel Córdoba, vicepresidente de la comisión, ha explicado que los hechos se encuentran prescritos y "quedan lejanos en los recuerdos y en las vidas traumatizadas de las víctimas", pero esto no impide "adoptar otras formas de reconocimiento, como fue la ley foral, que puede ser considera histórica en nuestra escala, porque no tiene ninguna fórmula análoga en ninguna otra Comunidad Autónoma". Además, ha destacado que las víctimas no han acudido a la comisión en busca de "reparación de tipo económico", porque de hecho no está prevista en la ley.

Navarra ha trasladado 28 expedientes de víctimas a la Iglesia, que ha reconocido indemnizaciones que van de un rango de 3.000 a más de 30.000 euros, con una media de unos 20.000 euros

Por su parte, Izaskun Gartzaron ha explicado que, si bien la ley navarra no contempla compensaciones económicas, el plan PRIVA que ha impulsado la Iglesia Católica para evaluar los casos de abusos sí las incluye. Según ha señalado, aunque no hay un contacto directo entre el Gobierno de Navarra y la Iglesia para este tema, uno de los miembros de la comisión navarra, Alfredo Irujo, está actuando de enlace entre ambas instituciones. Por esta vía, Navarra ha trasladado 28 expedientes de víctimas a la Iglesia, que ha reconocido indemnizaciones que van de un rango de 3.000 a más de 30.000 euros, con una media de unos 20.000 euros.

Además, está previsto que la próxima semana viaje a Navarra una representación del Defensor del Pueblo de España -también ha constituido una comisión al respecto- para entrevistarse con cerca de 35 víctimas.