Cuando la liturgia eclesial se sumerge por completo en el núcleo de la fe que la fundamenta, al celebrar hoy la resurrección de Cristo, y la democracia española se apresta a pasar una de sus más difíciles y comprometidas pruebas de fuego, frente a la que los partidos políticos exhiben con cuanta fuerza tienen sus armas en la campaña electoral para que los españoles los elijamos como gobierno, no está demás que dirijamos una mirada al Estado a que pertenecemos y a quienes nos gobiernan o nos van a gobernar, a gusto o disgusto nuestro, para poner de relieve impactantes verdades que, por ser de Perogrullo, no deberían necesitar voceros.

Nadie puede cuestionarse en España, salvo un puñado de embaucadores nacionalistas, encantadores de serpientes, que hoy nos rige una atinada Constitución, bien estructurada y avanzada, con pretensiones osadas al delinear un régimen de Autonomías que salen muy favorecidas por un sistema que les procura posiblemente más ventajas que si fueran naciones realmente independientes. Lo digo porque, bien analizados los procedimientos, parece incuestionable que los distintos pueblos de España disfrutan de todas las ventajas de la independencia sin padecer ninguno de sus inconvenientes.

Además, los españoles vivimos en una situación geográfica favorecida por un clima muy confortable y, a resultas de los muchos avatares de nuestra densa y prolija historia, nos hemos dado una forma de vida envidiable, en la que la alegría y el sentido del humor campan por sus fueros. Podría decirse, en suma, que la nuestra es una de las mejores naciones del mundo para vivir y que España entera es, en definitiva, un paraíso ni siquiera soñado por los más reaccionarios. Sin embargo, basta escarbar un poco en su piel para descubrir otra realidad, muy cruel e inquietante.

Los desahucios, fallos cruciales

Hay razones para opinar con fundamento sólido que también el nuestro, como otros muchos, es un Estado fallido. Fijémonos solo en un tema de gran calado social. Que en un país se produzcan desahucios que ponen en la calle a las familias más desheredadas es motivo suficiente para decir que el Estado que lo permite no cumple uno de los principales cometidos irrenunciables de su quehacer político: un solo desahucio o que un ciudadano se vea obligado a dormir bajo un puente demuestra que el Estado a que pertenece falla.

En España, cuando los españoles estamos en vísperas de unas elecciones generales, tan enzarzadas y crispadas, la hecatombe social de los desahuciados y de los vagabundos forzosos abarca, por desgracia, una extensa población. Una rápida ojeada a la Wikipedia nos deja boquiabiertos: “Los desahucios en España durante la crisis económica de 2008-2018 hacen referencia a un gran número de ciudadanos y familias, en general vulnerables, por ejecución forzosa ante el impago de la hipoteca o del alquiler. En la mayoría de los casos, la vivienda había sido adquirida durante la burbuja inmobiliaria (1997-2007). Según las estadísticas del primer trimestre de 2012, cada día se produjeron una media de 517 desahucios diarios en España”.

Cáritas, por su parte, llega a afirmar en un artículo publicado en RD el 19/12/18: “En Cáritas Madrid no damos abasto a todas las necesidades relativas a la vivienda, según ha denunciado este mediodía Rosario Portela, subdirectora del servicio de Vivienda de esta asociación. A lo largo de 2018, hasta 70.000 familias fueron desahuciadas, y un 27% de la población de la Comunidad de Madrid está en riesgo de perder su vivienda”.

Vida digna también para los desheredados

Ahora bien, que una familia o incluso que un solo ser humano se vea “forzado” a vivir bajo un puente, pongamos por caso, significa una profunda quiebra de la sociedad a la que pertenece y, sobre todo, del Estado del que forma parte. El Estado tiene la obligación primordial de defender la vida de todos sus ciudadanos. Ahora bien, una condición esencial de esa vida es disponer de una vivienda digna, aunque sea modesta. Cuando alguien no puede pagar la hipoteca que graba la compra de su piso o el alquiler que se le exige como inquilino, el Estado debe acudir en su auxilio y el de cuantos estén en su misma situación. No obstante, a nadie se le puede forzar a vivir de una determinada manera, incluso si prefiere hacerlo debajo de un puente, a condición, claro está, de que respete la vida de los demás.

Por ello, de los innumerables epígrafes de que se compone el presupuesto nacional, facilitar una vivienda digna a cuantos la necesiten y procurar alimento suficiente y vestido decente a cuantos nos dispongan de dinero para comprarlos es el primero y principal.

Contraprestaciones exigibles

Dejando bien sentado lo dicho, debemos precisar que el dinero público, por ser de todos, no está a la libre disposición de quienes dirigen el Estado. Nadie tiene poder para regalar ese dinero o donarlo a capricho y sin una mínima contraprestación. Hablamos de un dinero que es preciso gastar con moderación, con proporcionalidad y con las miras puestas en sacarle el mejor partido para el servicio de todos los ciudadanos.

Por ello, quien se vea en la necesidad de vivir en un piso a cuenta del Estado y alimentarse y vestirse a base de subvenciones, a menos que se lo impida una discapacidad física o mental, no podrá negarse a dedicar una parte proporcional de su tiempo como contraprestación de servicio a los ciudadanos.  Hay miles de necesidades sociales a las que jamás podrá llegar el Estado por sí mismo, por muy providente que sea. ¿Podría un ciudadano que viva en esas condiciones negarse a dedicar una o dos horas al día, pongamos por caso, para acompañar a un enfermo y leerle la prensa o un libro si lo necesita y no puede hacerlo por sí mismo?

Insisto en que un principio inquebrantable de nuestro procedimiento social debería ser que quien reciba apoyo del Estado, del tipo que sea (dádiva o subvención), deberá prestar a cambio algún servicio a la sociedad. De cumplirse esta regla de oro del procedimiento social, la calidad de vida de los ciudadanos mejoraría sustancialmente.

Necesidades básicas prioritarias

Llamo “Estado fallido” a aquel cuyo gobierno no sea capaz de proveer de un mínimo vital básico, como un lugar donde vivir y algo que comer y con que vestirse, a todos los ciudadanos que no puedan conseguirlo por sus propios medios. Nadie en España, de proceder sus dirigentes como es debido, debería verse obligado a vivir debajo de un puente, a mendigar un mendrugo de pan y a vestirse de harapos. De llevar una forma de vida mendicante, que sea solo por propia elección, no por necesidad.

Solo una vez cubierta esta obligación tan primaria pueden adquirir carta de naturaleza los demás capítulos de gasto del dinero con que todos los ciudadanos contribuimos al presupuesto nacional, autonómico o municipal. Tras esas primordiales obligaciones, vienen los epígrafes de gastos por servicios tan esenciales como la sanidad, la educación, el empleo, las infraestructuras de comunicación y un largo etcétera.

Abriendo un poco más el abanico, tampoco es de recibo que muchos jóvenes españoles tengan que emigrar para ganarse la vida o no puedan crear una familia en España debido a que no esté a su alcance una vivienda digna, sea por compra o alquiler. Es este un problema serio que acarrea importantes problemas a las familias y a una sociedad incapaz de renovarse.

Cuando fallan pilares sociales tan fundamentales como que muchos mayores se vean arrojados a la calle o que los jóvenes no alcancen la madurez que comporta la autonomía de vida, lo que en realidad falla es el Estado que los gobierna. De poco sirve a la buena marcha de una sociedad tener un Estado poderoso y una economía floreciente, cosa que facilita que muchos ciudadanos vivan en un paraíso repleto de bienes y placeres, cuando algunos se ven obligados a dormir a la intemperie y a rebuscar en los contenedores de basura para llevarse algo a la boca. La sociedad que lo permite y, además, condena a muchos de sus jóvenes a ser perpetuos menores de edad no tiene ningún futuro.

No estoy proponiendo una fantasía inalcanzable. Echemos algunas cuentas que haría fácilmente un estudiante de primaria. Supongamos que en España hay pisos dignos cuyos alquileres mensuales no superen los doscientos euros, desde luego no en Las Ramblas ni en La Castellana, y que no sean más de cien mil los españoles que necesiten que el Estado se haga cargo de sus alquileres. Hablaríamos entonces de 20 millones de euros al mes de alquileres, lo que hace 240 millones al año. Supongamos, además, que con otro tanto de dinero, que elevaría esa cifra a 480 millones, se podría conseguir que nadie pasara hambre y frío. Aunque se tratara del doble, es decir, de 960 millones de euros, la cifra sería perfectamente asumible, máxime si no olvidamos que la sociedad se beneficiaría de una contraprestación en forma de servicios sociales, a tenor de lo que hemos dicho.

Puya de Chávarri a los políticos

Quedémonos hoy, tras las denuncias que acabo de formular, con la advertencia que Chávarri, a cuyo pensamiento hemos dedicado unos cuantos artículos, lanza a los políticos sobre que su talante debería ser realmente democrático, advertencia escrita hace años pero que viene como anillo al dedo para encauzar la actual campaña electoral y aliviarnos de su pesadez y hastío:

“El caso de los partidos políticos merece especial atención. La Constitución les otorga la máxima dignidad, pues de ellos salen de ordinario los representantes del pueblo para gestionar los valores comunes. No se contentan con la simple democracia participativa, sino que copan prácticamente la representativa. ¿Resulta su actuación tan digna como su estatuto? Es abrumadora la insatisfacción de los ciudadanos al respecto. El hombre de la calle asiste impotente, casi ya impasible, a la espesa corrupción que impregna el interior de los partidos, la plataforma del Parlamento, las relaciones entre ellos y con el pueblo, la delicada función de gobernar. Gravísimos problemas económicos y sociales se tratan y deciden bajo la exclusiva presión de la pérdida o ganancia de votos, una especie de lucro político con patentes consecuencias crematísticas. En muchos países, la democracia representativa se ha convertido en el mejor de los negocios. Ha habido hasta ahora manipulaciones constantes del rollo derecha-centro-izquierda, liberalismo-socialismo, conservadores-progresistas y comunistas-fascistas… No está en crisis el valor democracia, ni parecen imposibles sus encarnaciones factuales, ni conduce a oligarquías o tiranías, ni encierra en sí mismo la contradicción. Está en crisis simplemente la mediación que ha adoptado el HPC (el que siempre actúa con ánimo de lucro). Uno está en desacuerdo con esta mediación. Pero esto no debe servir de trampolín para negar la democracia, que representa formidables conquistas de la humanidad”.

Sentido de la resurrección

Francamente, pienso que la política española necesita a ojos vista su propia Semana Santa, un período de dura crítica en forma de muerte redentora penitencial a fin de orillar todo tipo de intereses partidistas (muerte) y poder así prestar mejores servicios (resurrección), para alcanzar así una auténtica regeneración democrática. En este contexto, me atrevo a afirmar que Cristo no resucita hoy para sí mismo, sino para nosotros, para que su Evangelio de buena nueva de la fraternidad universal siga vivo y operativo en nuestros comportamientos particulares y sociales.

En paralelo con lo dicho sobre los Estados en cuanto a cumplimiento de mínimos que los salven de la quema, me parece que también la Iglesia debería prestar un mínimo de servicios a los fieles a menos que sea, a su vez, una Iglesia fallida. Hablo de un mínimo que nada tiene que ver, o quizá sí, con la vivienda, el alimento y el vestido. Hablo de perdón, alegría de vivir y amor. Las Iglesias cristianas o facilitan y endulzan la vida humana, o mejor que desaparezcan en los fondos marinos, atadas a las ruedas de molino que ellas mismas fabrican.

¡Feliz Domingo de Pascua a los lectores de este blog y a todos los demás seres humanos!”.

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