Estimados y estimadas, la persistente pandemia ha obligado a las autoridades sanitarias a restringir la movilidad de las personas para proteger el derecho a la salud de la colectividad. Esta decisión ha supuesto que los ciudadanos vieran recortados algunos derechos considerados fundamentales con el fin de controlar la transmisión de las infecciones y cortar las cadenas de contagio. La pandemia parece estar cada vez más bajo control, aunque no del todo, sobre todo por la acción eficaz de las vacunas. Pero aquí no queremos hablar de la pandemia, sino de los derechos y los deberes de los ciudadanos, que se han visto afectados por las restricciones impuestas.

En los innumerables debates y opiniones que se han expuesto —con diferente acierto— por parte de personal sanitario, juristas, políticos y otros colectivos, me han sorprendido, básicamente, dos cosas: primero, que se hable sólo de derechos y casi nunca se hable de deberes, como si los derechos fueran ilimitados; segundo, que cuando se habla de derechos, sólo se hable de los derechos de unos ciudadanos y no de los derechos de todos los ciudadanos.

En cuanto a los derechos, la sorpresa se convierte en indignación cuando se justifica que los derechos no pueden restringirse sin un motivo evidente, ya que son el núcleo de la vida política en democracia. Así lo argumentaba John Stuart Mill en el siglo XIX cuando decía que los derechos individuales de las personas no pueden ser limitados por nadie de manera arbitraria, ni siquiera por el Estado.

Pero eso no significa que no tengan límites, pues el mismo autor decía que el único límite de los derechos individuales de las personas son los derechos de los demás. Cuando el ejercicio de mis derechos interfiere con el ejercicio de los derechos legítimos de los demás, prevalece el respeto al derecho de los demás frente a mi derecho. Esto es lo que, teóricamente, ordena la ley en una sociedad.

Los derechos, por lo tanto, son la base de la convivencia democrática, pero sólo son una cara de la moneda. Una sociedad que sólo se basa en derechos es una sociedad «unidimensional» y, por tanto, desequilibrada, porque un derecho sólo tiene sentido si va acompañado intrínsecamente de un deber. Si no hay deberes, no hay derechos: esta es la realidad olvidada de nuestra convivencia. Los derechos, por lo tanto, son limitados por definición. Hasta que no asumamos, empezando por los teóricos de la jurisprudencia, que los deberes son más importantes que los derechos, nuestra convivencia ciudadana se irá haciendo cada vez más inviable.

Estos meses se ha hablado de no restringir derechos fundamentales de los individuos, en este caso la movilidad y la vida social. Ciertamente, tanto una como la otra son fundamentales para la convivencia democrática, pero ¿no lo son también el descanso y el silencio? ¿Quién protege estos derechos fundamentales a los que no los pueden disfrutar? O ¿es que es más fundamental el desenfreno decadente de ciertos ambientes nocturnos que el descanso merecido de los ciudadanos responsables? ¿No restringimos la libertad de movimiento en la calle cuando obligamos a los ciudadanos a observar las normas de circulación?

Hay muchos déficits en la concepción de nuestras libertades que van en detrimento de la convivencia. Una libertad sólo es libertad cuando es limitada y respeta las libertades de los demás.