La Comisión de Ecología Integral y Minería de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), la Presidencia del Regional Este 2 de la CNBB y el Grupo de Trabajo de Ecología Integral y Minería del Regional Este 2 de la CNBB, han emitido una nota pública en la que muestran su preocupación ante el acuerdo alcanzado entre la empresa minera Vale S. A. y el Gobierno de Minas Gerais.

La nota, con fecha de 17 de febrero, se refiere al acuerdo firmado el 4 de febrero, relativo a los daños y pérdidas colectivas causadas al Estado por el colapso de la presa de la mina Córrego do Feijão en Brumadinho (MG), ocurrido el 25 de enero de 2019, que costó la vida de 273 personas, así como un impacto ambiental con consecuencias desastrosas para el futuro de la región del río Paraopeba.

Se trata de un acuerdo del que no han participado las comunidades afectadas, lo que viola el principio de centralidad de las víctimas. A esto se une, como denuncia el comunicado la drástica reducción de las cantidades a pagar por parte de la empresa minera Vale S. A, que ha supuesto el ahorro de 19.000 millones de reales, más de 3.000 millones de dólares, a lo que se sumará el monto ya gastado por la empresa para el inicio de la reparación preliminar de los daños en la cuenca del río Paraopeba.

La nota denuncia que “la firma del acuerdo judicial también representó, contradictoriamente, la subida del 4,3% de las acciones de la minera en el Ibovespa, lo que demuestra el evidente interés del mercado en la firma del acuerdo”. Como recoge el escrito, la preocupación no es con las comunidades afectadas, sino con los accionistas. Junto con eso, se denuncia que los recursos que recibirá el Estado de Minas Gerais serán aplicados “en proyectos de movilidad en Belo Horizonte y su región metropolitana que en nada benefician a las comunidades de la cuenca del río Paraopeba, impactadas por la ruptura de la presa”, lo que también beneficiará a la propia Vale S. A. y otras empresas mineras.

En cuanto eso, las demandas de las comunidades sólo recibirán migajas, a lo que se une, como denuncia la nota, el hecho de que se haya excluido “la práctica totalidad de los peritajes que se venían realizando en el proceso de reparación, sustituyéndolos por informes y planes de recuperación y reparación elaborados por empresas privadas”. Eso lleva a los firmantes de la nota a pedir la suspensión del acuerdo, al que muestran su repudio, “debido al incumplimiento de una serie de preceptos fundamentales, siendo el principal el principio de centralidad del sufrimiento de la víctima y el derecho a la participación de las comunidades afectadas en todo el proceso de negociación”.

Los firmantes, colocándose al lado de las comunidades afectadas, muestran su “compromiso de seguir denunciando las violaciones cometidas, exigiendo justicia y castigo para los responsables, garantías de no repetición y, con mucha fuerza, la construcción y ejecución de hecho de un proceso de reparación, a saber: escuchar las voces y el dolor de los que sufrieron la tragedia-crimen”.

Esta es la Nota:

Excelentísimo Sr. Romeu Zema Neto - Gobernador del Estado de Minas Gerais

Excelentísimo Sr. Antonio Augusto Brandão de Aras - Fiscal General de la República

Excelentísimo Sr. Juez Gilson Soares Lemes - Presidente del Tribunal de Justicia de Minas Gerais

Excelentísimo Sr. Jarbas Soares Junior - Fiscal General del Estado de Minas Gerais

Excelentísimo Sr. Gério Patrocínio Soares - Defensor Público General de Minas Gerais

Belo Horizonte, 17 de febrero de 2021.

La Comisión de Ecología Integral y Minería de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), la Presidencia del Regional Este 2 de la CNBB y el Grupo de Trabajo de Ecología Integral y Minería del Regional Este 2 de la CNBB expresan su preocupación por el acuerdo firmado entre el Gobierno de Minas Gerais y la Vale S.A. el pasado jueves (4 de febrero de 2021), relativo a los daños y pérdidas colectivas causadas al Estado por el colapso de la presa de la mina Córrego do Feijão en Brumadinho (MG).

Este acuerdo judicial fue el resultado de negociaciones confidenciales entre la Vale S.A., el Gobierno de Minas Gerais, en la persona del Gobernador Romeu Neto Zema (Partido NOVO), el Ministerio Público de Minas Gerais y la Defensoría Pública del Estado; sin embargo, las comunidades afectadas por esta tragedia-crimen no fueron involucradas. La violación del principio de centralidad de las víctimas es suficiente para deslegitimarla, ya que los principales interesados en esta acción no formaron parte de las rondas de negociación.

Además, los juicios en curso en el 2º Tribunal de Finanzas Públicas y Autarquías de Belo Horizonte, relativos a los daños colectivos causados por la rotura de la presa, que se consideraron parcialmente resueltos tras la conclusión de este acuerdo judicial, indicaron un importe (preliminar) de aproximadamente 56 mil millones de reales a pagar por la Vale S.A. Sin embargo, el límite máximo global del acuerdo judicial firmado es de 37.680 millones de reales. En otras palabras, la conclusión de este acuerdo judicial supuso un ahorro de al menos 19.000 millones de reales por parte de la Vale S.A. en relación con las cantidades establecidas anteriormente en los procesos judiciales relacionados con los daños colectivos. Pero, además, el monto acordado es aún menor que el anunciado, ya que, según los términos del instrumento, se deducirá el monto ya gastado por la empresa minera en la cuenca del río Paraopeba hasta la fecha - alrededor de 11 mil millones de reales. En otras palabras, a partir de ahora sólo se invertirán unos 26.000 millones de reales, menos de la mitad de lo que los estudios de agosto de 2020 consideraban necesario para el inicio de la reparación preliminar de los daños en la cuenca.

La firma del acuerdo judicial también representó, contradictoriamente, la subida del 4,3% de las acciones de la minera en el Ibovespa, lo que demuestra el evidente interés del mercado en la firma del acuerdo, incluso ante el hecho de que su firma no garantiza la debida reparación a las comunidades afectadas. El guiño al mercado fue claro, ya que la primera declaración de la Vale S.A. sobre el acuerdo no se dirigió a las comunidades afectadas, sino a sus accionistas, en una nota firmada por su director de relaciones con los inversores, lo que muestra claramente las verdaderas motivaciones para firmar el acuerdo legal.

Por último, el contenido de este documento, que sólo fue conocido por los afectados una vez concluidas las negociaciones, plantea otra serie de cuestiones que nos preocupan y nos hacen pensar que este acuerdo no es el camino adecuado para una reparación plena y justa.

Entre otras cuestiones, podemos citar, por ejemplo: 12.000 millones de reales de los 26.000 millones de reales que saldrán de hecho de las arcas de Vale para el cumplimiento de las obligaciones firmadas en el acuerdo judicial se destinarán a las arcas del gobierno estatal y, de ellos, 5.000 millones de reales se aplicarán en proyectos de movilidad en Belo Horizonte y su región metropolitana que en nada benefician a las comunidades de la cuenca del río Paraopeba, impactadas por la ruptura de la presa. Un ejemplo de ello es la ampliación de la red de metro en la capital de Minas Gerais y la construcción de una circunvalación metropolitana que, como ya han denunciado varios medios de comunicación, causará muchos impactos sociales y ambientales, incluso en Brumadinho, además de ser un proyecto del que se beneficiará la empresa demandada, ya que facilitará el flujo de mineral. Además, una parte importante de estas obras beneficiará a las empresas mineras que operan en la región, ya que facilitará el flujo de su producción.

Mientras tanto, sólo se destinarán 3 mil millones de reales a acciones de reparación construidas a partir de las demandas de las comunidades, evidenciando la disparidad entre el monto que se invertirá fuera de la región afectada y lo que realmente se aplicará donde el mar de relaves destruyó una serie de formas de vida, incluso cobrando 273 vidas (incluyendo dos niños no nacidos y la muerte de Julio César, el 18 de diciembre de 2020, en el Complejo Minero Córrego do Feijão, durante las obras relacionadas con la reparación de la tragedia).

Además, el acuerdo excluye la práctica totalidad de los peritajes que se venían realizando en el proceso de reparación, sustituyéndolos por informes y planes de recuperación y reparación elaborados por empresas privadas, muchas de ellas con un historial de servicios prestados a la Vale, como el plan de reparación de la empresa Arcadis.

Ante las numerosas vulneraciones presentes en este acuerdo, apoyamos la Alegación de Incumplimiento de Preceptos Fundamentales (ADPF) nº 790, presentada el 10 de febrero de 2021, ya que defendemos la suspensión de la aprobación por parte de la 1ª Instancia, debido al incumplimiento de una serie de preceptos fundamentales, siendo el principal el principio de centralidad del sufrimiento de la víctima y el derecho a la participación de las comunidades afectadas en todo el proceso de negociación.

Por lo tanto, expresamos nuestro repudio a este acuerdo y nos colocamos, una vez más, al lado de las comunidades afectadas por la tragedia-crimen cometida por la Vale en Brumadinho, reafirmando también nuestro compromiso de seguir denunciando las violaciones cometidas, exigiendo justicia y castigo para los responsables, garantías de no repetición y, con mucha fuerza, la construcción y ejecución de hecho de un proceso de reparación, a saber: escuchar las voces y el dolor de los que sufrieron la tragedia-crimen.

Monseñor Sebastián Lima Duarte - Presidente de la Comisión Especial de Ecología Integral y Minería de la CNBB

Monseñor José Carlos de Souza Campos - Presidente del Regional Este 2 de la CNBB

Monseñor Vicente Ferreira de Paula Ferreira - Presidente del Grupo de Trabajo de Ecología Integral y Minería del Regional Este 2 de la CNBB

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