Este último martes, 16 de febrero, la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, en Asunción, Paraguay, vivía un episodio sangriento, que costó la vida de siete internos. Esta situación provocó un comunicado de la Conferencia Episcopal Paraguaya, que afirma que “el sistema penitenciario debe curar las llegas, sanar las heridas y generar nuevas oportunidades”.

El comunicado manifiesta “nuestras condolencias y cercanía espiritual a los familiares que perdieron a sus seres queridos de forma trágica”, denunciando “la pésima condición en la que se encuentran nuestros reclusorios y todo el sistema penitenciario paraguayo” y “la alta corrupción en las cárceles”, lo que exige “una profunda reforma penitenciaria”.

En las cárceles paraguayas se da un “hacinamiento que va en detrimento de los derechos básicos de toda persona humana”. A eso se une, según el comunicado, la preocupación con “la extrema violencia con las que actúan grupos criminales que condicionan con chantajes a las autoridades nacionales y tienen control sobre la población carcelaria. Son cada vez más numerosos y violentos”.

El episcopado paraguayo afirma que los reclusos “tienen familias que los esperan y quieren verdaderamente reinsertarse a la sociedad”. En el escrito se recuerdan las palabras del Papa Francisco, para quien “todos somos hijos de Dios con igualdad de condiciones”, insistiendo en que “tiempo de reclusión no ha sido nunca un sinónimo de expulsión”. Finalmente se exhorta al Gobierno Nacional, el Poder Judicial y al Legislativo “a redoblar esfuerzo y desafiarnos a una mirada mucho más humana y humanizante a favor de las personas privadas de libertad que verdaderamente merecen una segunda oportunidad”.

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