Una de las grandes contribuciones del Sínodo de la Amazonía ha sido la defensa de los pueblos de la Amazonía y de la naturaleza. A lo largo del proceso sinodal, este es un tema recurrente, que destaca el trabajo secular de la Iglesia Católica. En esta reflexión, Felício Pontes, Fiscal de la República y auditor en la Asamblea Sinodal, ha tenido un papel destacado. Nacido en la Amazonía y buen conocedor de la realidad local, siempre ha sido un gran defensor de los derechos de los pueblos de la selva y de un sistema de desarrollo sostenible, llamado a superar el actual sistema depredador, forma de desarrollo elegido para la Amazonía por los últimos gobiernos brasileños, especialmente el actual.

Las leyes brasileñas son claras en referencia a los derechos de los pueblos indígenas. En las últimas semanas ha habido grupos con la intención de modificar estas leyes, de acuerdo con el interés del gobierno y de los grandes terratenientes, que tienen como una de sus prioridades en 2020, legislar cambios en relación con las tierras indígenas y los derechos de los pueblos. De hecho, según el Fiscal de la República, "la ley prohíbe la minería en tierras indígenas", pero el Presidente de la República, mediante un proyecto de ley (PL 191/2020), tiene la intención de responder a los deseos de sus aliados políticos. Ante este hecho, Felício Pontes recordó en la asamblea del Consejo Indigenista Misionero – CIMI, del Regional Norte 1 de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil – CNBB, que el Estatuto de los Pueblos Indígenas no pasó después de veinte años debido a la minería.

No duda en afirmar la necesidad de "reclamar al gobierno que tiene que cumplir las leyes". Para alcanzar el objetivo, "es necesario articular a los pueblos indígenas para mostrar en el Congreso Nacional las consecuencias nocivas de este proyecto de ley", según el Fiscal de la República. La situación recuerda la estrategia del CIMI en los meses anteriores a la tramitación de la Constitución de 1988, que logró la aprobación del artículo 231. Entre los diputados está el llamado Frente Parlamentario Indígenista, en el que se destaca la diputada indígena Joenia Wapichana, que tiene una postura firme en relación a esa cuestión, junto con las organizaciones indígenas, que fueron recibidas el martes pasado por el Presidente del Parlamento, Rodrigo Maia.

La historia de los pueblos indígenas está llena de episodios en los que han sido víctimas de actividades ilícitas dentro de sus territorios. Uno de ellos fue la masacre de Haximú, donde los mineros ilegales asesinaron a 16 yanomami en 1993, un momento nunca olvidado por este pueblo que vive en la frontera entre Brasil y Venezuela. El papel de las ONG y el CIMI, según el fiscal, es "dar a conocer estos problemas, difundirlos para que la sociedad brasileña sepa lo que sucedió y cómo puede afectar a toda la sociedad brasileña".

Dentro de la sociedad brasileña, una encuesta realizada por Data Folha dice que el 86% de la población brasileña no aprueba la minería en Tierra Indígena, el 7% está parcialmente a favor y otro 7% está totalmente a favor. Este porcentaje que se opone al proyecto de ley es aún mayor entre las mujeres y los jóvenes. Todo esto muestra que "el proyecto del gobierno no refleja el pensamiento de la gran mayoría de la sociedad brasileña", insiste el Fiscal de la República. En este sentido, afirma que el Ministerio Público Federal ya ha emitido una nota contra PL 191/2020, porque "el proyecto es ilegal si no hay consulta previa".

En referencia a la asamblea sinodal, el auditor declara que “no había ninguna institución en el Sínodo más presente que el CIMI. Todas las referencias a los derechos indígenas fueron incluidas y aprobadas por la Asamblea sinodal en el Documento Final y han sido revitalizadas en la exhortación Querida Amazonia". El Documento Final del Sínodo, según Felício Pontes, defiende el pluralismo, los pueblos en aislamiento voluntario y consagra los derechos de la naturaleza. Como aparece en los números 16, 55 y 81 del documento, que se posiciona en contra del colonialismo, defendiendo el derecho a la autodeterminación, la demarcación de territorios y el derecho a una consulta previa, libre e informada, como se recoge en el número 47 del Documento Final.

Los pueblos en aislamiento voluntario aparecen en los números 49 y 50, llamando la atención sobre la limpiezay la desaparición étnica. En la Amazonía hay 130 pueblos que viven en esta situación, constantemente amenazados, siendo los más vulnerables entre las vulnerables, como recordó el Papa Francisco en Puerto Maldonado. En Brasil, estas amenazas también provienen de algunas iglesias pentecostales. En referencia a los derechos de la naturaleza, una de las grandes novedades del Sínodo para la Amazonía, dentro de la reflexión eclesial, el Documento Final aborda este tema en los números 74 y 84, destacando el papel fundamental de las comunidades amazónicas en la protección y defensa de estos derechos.

Poco a poco aparecen nuevas estrategias. Entre ellas, Felício Pontes destaca la Alianza de los Pueblos de la Selva, recientemente reavivada por el líder indígena Raoni Metuktire después de 35 años. Esta alianza se convierte en una actitud decisiva en el futuro de los derechos de la Amazonía y los pueblos tradicionales que la habitan. En este sentido, existe una necesidad urgente de utilizar espacios para denunciar lo que está sucediendo a través de los medios y las redes sociales, insiste Felício Pontes.