Pacaraima, la pequeña ciudad por donde entran la mayoría de los migrantes venezolanos en Brasil, algo que se ha convertido en rutina en los últimos años, ha sido noticia esta semana debido a la operación de la Policía brasileña en la que desalojó a 70 migrantes venezolanos, la gran mayoría mujeres, algunas de ellas embarazadas, y niños, de la Casa de Acogida San José, coordinada por las Hermanas de San José y la Pastoral del Migrante de la Diócesis de Roraima.

En nota divulgada este 19 de marzo, el obispo de Roraima, Monseñor Mario Antonio da Silva, junto con la coordinadora de la Vida Religiosa en la diócesis, Hna. Aurelia Prihodova, y el coordinador de las Pastorales Sociales, Hno. Danilo Correia Bezerra, calificaban el acto policial como algo “violento, desproporcional y sin mandato judicial”. Como recoge el escrito, la Iglesia local "cuida de las familias y acompaña con atención prioritaria lo que el Evangelio pide para los más vulnerables".

De hecho, desde el inicio de la crisis migratoria, en el municipio de Pacaraima, "fiel a la misión de Jesús, la Diócesis de Roraima ofrece desde hace años un servicio de acogida humanitaria a los migrantes”. A menudo, como denuncia el texto, "se está cubriendo el vacío dejado, irresponsablemente, por el Estado, en un contexto de desatención y abandono de la vida", considerando que es inadmisible que se les criminalice por ello. En Pacaraima y en general en el Estado de Roraima, no solo los migrantes como también aquellos que llevan a cabo acciones humanitarias en su defensa, suelen ser perseguidos y amenazados.

La Diócesis de Roraima muestra su solidaridad "con las hermanas y hermanos agredidos", al tiempo que "exige respeto y protección para ellos y garantías de derechos y de vida para los migrantes y refugiados". 

En esa misma línea, casi 150 instituciones sociales y eclesiales se pronunciaron el mismo día 19 ante los hechos ocurridos en Pacaraima. La nota recoge cómo los responsables de la casa de acogida, en este caso una religiosa, fueron llevados a comisaría, reteniendo indebidamente sus aparatos telefónicos. Los firmantes piden que se tomen medidas ante las “sucesivas y gravísimas violaciones de los derechos de la población migrante y trabajadores humanitarios”.

Como fue manifestado en la nota de la Diócesis de Roraima, las instituciones denuncian que ayudar a los migrantes no es un crimen y sí un acto de humanidad, algo que se lleva a cabo “porque el poder público no lo hace o lo hace de forma precaria y limitada”. Los migrantes fueron amenazados con la deportación, siendo violadas leyes internacionales, causando “un gran temor en la población migrante y refugiada, que, aterrorizados, acaban por no acudir a servicios esenciales”.

Los firmantes denuncian “con indignación los reiterados ataques a los derechos de la población inmigrante”, que está siendo perseguida por parte de los órganos de seguridad en Roraima, estado fronterizo con Venezuela, recordando “que el acto de migrar nunca puede ser caracterizado como ilegal, sino como un derecho humano universal”. Al mismo tiempo afirman que “la asistencia social y humanitaria prestada a los inmigrantes en situación irregular por entidades de la sociedad civil tampoco es ilegal”, lo que debe llevar a que se respeten a “las organizaciones de la sociedad civil y los trabajadores humanitarios” en sus actividades.