La defensa y cuidado de la casa común ha dejado de ser algo accesorio para la Iglesia católica. El posicionamiento contra todo lo que supone un ataque a los recursos naturales, cuya depredación afecta especialmente a los más pobres, sea convertido en una tónica en muchos lugares del mundo. Muchos gobiernos se han empeñado en “sanear” sus economías a costa de los recursos naturales y propagando contaminación, destrucción y muerte.

El último episodio lo hemos vivido en la Patagonia argentina, donde los obispos de la provincia del Chubut, Monseñor Joaquín Gimeno Lahoz, obispo de Comodoro-Rivadavia, sus auxiliares, Monseñor Alejandro Pablo Benna y Monseñor Roberto Álvarez, y el obispo de Esquel, José Slaby, han emitido una carta, con fecha de 27 de noviembre, dirigida al Gobernador de la Provincia del Chubut, Escribano Mariano Arcioni, donde dicen no al proyecto minero que pretende ser instaurado. En realidad, algunos piensan que la postura del gobernador es fruto de las presiones del gobierno nacional, que parece haberle amenazado con el corte de recursos públicos.

Desde agosto de 2019, la Iglesia de la provincia del Chubut ya había advertido que comprometer los recursos naturales no era la solución para superar el difícil momento de la provincia, algo que se manifestaba en el atraso en el pago de los sueldos. A lo largo de diferentes encuentros, como recoge la carta, se ha pedido “llevar soluciones a aquellos más frágiles y/o cuyos derechos están siendo vulnerados”, siempre insistiendo en el respeto a los recursos naturales y en la necesidad de reflexión, formación y debate ante la temática minera, algo a lo que las instancias gubernamentales en diferentes niveles no han estado abiertas.

Ante la falta de voluntad del gobernador de escuchar “al conjunto del pueblo del Chubut incluso imponiendo que sólo sea estudiado por una Comisión”. Frente a eso, los obispos, que dicen haber clamado por instancias de participación distintas, afirman que la decisión del gobierno provincial “no nos deja otra opción que decir NO”. Se trata de un proyecto inconsulto, que ha usado una metodología que quiere imponerlo, con una estrategia de comunicación que descalifica al pueblo, y que aborda de manera unilateral la compleja problemática minera. Por eso se pide encarecidamente al gobernador que desista del proyecto, que escuche la voz de quienes se han movilizado.  

El aparato público cuenta con el apoyo de parte de los medios de comunicación locales, que han pretendido mostrar la minería como fuente de trabajo y oportunidades para todos, lo que ha sido contestado abiertamente por la gente con cientos de comentarios en contra del proyecto. En esos medios ha aparecido la postura del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas, ignorando la carta de los obispos, que no han publicado. Los obispos son acusados, con palabras fuera de tono, que les caricaturizan, al calificarlos como “iluminados que hablan disfrazados”,de“ideologizados, simuladores, sin palabra y sin razón”, de “abrazar ideología y oscuridad”, de “decretar hambre y pobreza extendidas”, y de promover la violencia.

Ante esas acusaciones, Monseñor Joaquín Gimeno deja claro que “nosotros no nos metemos en lo técnico, sino buscando el diálogo y no que lo trate una comisión”. Los obispos se sienten respaldados por la gente en aquello que “hemos descrito como una posibilidad y una realidad de que se consulte, que haya licencia social”. Podemos decir que estamos ante un episodio más de ese capitalismo que mata, que explota los recursos naturales y deja un rastro de destrucción, una cuenta que pagan los más pobres, principales víctimas de la degradación planetaria.