En una carta abierta dirigida a los Poderes del Estado y al Ministerio Público, el Consejo Episcopal Permanente de la Conferencia Episcopal Paraguaya ha mostrado su “honda preocupación ante los desalojos forzosos y las amenazas de expulsión de comunidades indígenas y campesinas en diversas zonas del país”.

En un tono enfático, mostrando indignación por lo sucedido, los obispos instan a las autoridades nacionales a “precautelar los derechos de los pueblos originarios en nuestro país y el derecho a la tierra de nuestros compatriotas”. Junto con ello, afirman la necesidad de superar las arbitrariedades y el respeto de los principios fundamentales constitucionales en el campo de la justicia, así como “la igualdad ante la ley y la dignidad de todos los ciudadanos con sus derechos y obligaciones”.

La protección de la vida de los más vulnerables es otra de las exigencias, algo que no se puede subordinar al poder económico. De forma velada se critica a los legisladores, recordándoles el necesario cumplimiento de la ley, pues el no hacerlo, “desacraliza la fe depositada en las leyes y en sus autoridades”, resaltando que no se pueden amparar “las acciones inicuas ni tolerada la impunidad”.

La Comisión Permanente de la CEP inspira sus palabras en el profeta Isaías, quien dice: “¡Ay de los que dictan leyes injustas y publican decretos opresores: no hacen justicia a los indefensos, privan de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos!” (Is 10, 1-2).

Por eso recalcan su petición para que “se respeten los derechos de los pueblos originarios y las leyes que los regulan, en su sentido de asegurar la igualdad y la no discriminación, la autonomía, el acceso a la justicia con respeto al derecho consuetudinario indígena, la protección a sus territorios y a los recursos naturales para su sustento”.

Junto con ello piden la prioridad en “la atención del derecho a la tierra y a la propiedad para todos los paraguayos, disponiendo los recursos necesarios para desarrollar una política integral de reforma agraria, promoviendo la agricultura familiar campesina, la soberanía alimentaria y los derechos humanos, así como iniciativas que aseguren la protección de la ecología en una economía sana, sustentable, solidaria y sostenible. Es la hora de poner fin a la miseria, a la extrema pobreza y las prácticas que lastiman la cohesión social, el bien común y la salud en nuestra casa común”.

También recomiendan “que no se anteponga la necesidad de tipificar delitos antes que la urgencia de fortalecer, defender y promover el bien común como sustento de la paz social”. En consecuencia de ello, “antes que criminalizar, los legisladores deben exigir y asegurar el acceso a recursos y oportunidades conforme a la dignidad de todos los ciudadanos”, considerando prudente “derogar la reciente modificación hecha al Código Penal o que se la revise con mecanismos de control y diálogo”.

Finalmente piden “crecer en una cultura política y social del diálogo entre hermanos y favorecer el encuentro que ayuda a buscar consensos y acuerdos que aseguran una sociedad justa, armoniosa y plena, donde no hay exclusiones ni diferencias injustas”. Y con ello, “sensibilizarse ante tantas necesidades que pasamos en las condiciones de pandemia, y a tomar las decisiones oportunas para atender a todos los paraguayos”.