Los escolapios, una orden religiosa de sacerdotes católicos dedicados a la educación, manifestaron recientemente su voluntad de “escuchar, acompañar, pedir perdón y reparar” a víctimas de abusos sexuales en sus obras.

Según el pronunciamiento, su interés en materia de reparación va de la mano de un propósito de “cambio de cultura”, para que la verdad y la transparencia prevalezcan, en lugar del silencio, la minimización y el encubrimiento. “El mal también ha habitado entre nosotros”, “también entre nosotros ha habido sufrimiento, dolor y errores graves”, admitieron al sostener que “no puede haber misericordia sin justicia”.

Firmada por el catalán Carles Gil i Saguer, jefe de los escolapios a nivel internacional con sede en Roma (Italia), la declaración salió a la luz mientras avanza en México un litigio contra su antecesor, Pedro Aguado (tercero en la fotografía, de arriba hacia abajo), hoy obispo de Huesca y de Jaca, en España. Javier Alcántara, víctima del cura mexicano Miguel Flores, elevó una denuncia ante la Fiscalía de su país meses atrás, en rechazo a la manera como Aguado manejó el caso cuando era jefe de los escolapios a nivel internacional.

Aguado sabía de los señalamientos de otros dos adolescentes contra Flores desde 2010, nueve años antes de conocer la historia de Alcántara, sostiene el sacerdote Baltazar Sánchez. Aunque Aguado le dio trabajo y una beca universitaria a Alcántara después de que este le hablara sobre los delitos que había sufrido en su adolescencia a manos de Flores, nunca alertó a las autoridades civiles sobre lo sucedido. Mientras se adelantaba un proceso eclesiástico a raíz de los señalamientos del joven, Flores siguió en contacto con menores de edad y presidiendo eucaristías.

La sigla Sch.P. es usada para identificar a los miembros de la orden religiosa y refiere a la expresión latina Scholarum Piarum, que significa: de las Escuelas Pías. “Nos unimos en la pena por el sentido fallecimiento de nuestro hermano, P. Miguel Flores Martínez, Sch.P.”, manifestaron los escolapios en 2022, a pesar de que, según ellos, el mexicano había sido expulsado de la orden religiosa y del clero dos años atrás.

Javier Alcántara no es el único que espera justicia y que reclama una reparación por parte de los escolapios. Su historia se suma a las de varias personas que en los últimos años han dado a conocer sus testimonios ante diferentes instancias y que hoy cuestionan la reacción de la orden religiosa frente a sus denuncias.

Falsas razones de una prohibición

Mediante una circular interna del 5 de abril de 2013, Leonor Zapata Arias, rectora del colegio escolapio de Pereira, en Colombia, informó a sus subalternos que estaba convaleciente un sacerdote español entonces con domicilio dentro de las instalaciones del plantel: Fermín Abella Gurrea (primero en la fotografía, de arriba hacia abajo). Zapata advirtió que estaban prohibidas “todas las visitas y llamadas telefónicas de los niños y jóvenes de los Hogares Calasanz” dirigidas a él, dado que estas, supuestamente, no le favorecían en ese “momento de su recuperación”. Y añadió la rectora que “otras visitas y llamadas en cualquier horario” solo serían permitidas con autorización del superior de Abella a nivel local, “el padre Mauricio Gaviria”, cuya firma también aparece en el documento.

La Fundación Hogares Calasanz, obra de los escolapios con sede y puntos de atención en otros lugares de la ciudad, se ocupaba de niños y jóvenes que habían sido habitantes de calle antes de quedar bajo la tutela del Estado. Este había hecho una alianza con la orden religiosa para adelantar el proceso de restablecimiento de derechos de cada uno de aquellos niños y jóvenes, bajo la supervisión de una entidad oficial al servicio de personas en vulnerabilidad social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

En aquel entonces, con ochenta y tres años de edad y casi sesenta años como sacerdote, Abella era asesor espiritual de la fundación. Anteriormente había desempeñado los cargos de director y de ecónomo. Además, en su trayectoria se destacaba haber sido rector del colegio más importante de los escolapios en Colombia, situado en Bogotá, y jefe de estos a nivel nacional.

Pero era otra la verdadera razón detrás de por qué hacía dos semanas estaba prohibido todo contacto entre el sacerdote y “los niños y jóvenes de los Hogares Calasanz”. Uno de ellos, Carlos Alberto Marín Franco, de veintidós años, quien había ingresado al programa once años atrás, sostenía que, desde los catorce años, aproximadamente, a cambio de dinero y de regalos, había sido  abusado sexualmente por Abella con tocamientos en “las partes íntimas” que tuvieron lugar en “la casa hogar o cuando iban al Colegio Calasanz y a veces en el microbús”.

Dicha denuncia fue registrada el 19 de marzo de 2013 por Marina Agudelo Zapata, funcionaria del ICBF, a quien Carlos le manifestó su interés de encontrar ayuda psicológica de parte de la entidad, porque no confiaba en nadie de la fundación. “Quiero privacidad”, añadió durante la entrevista, antes de informar que no se había acercado a la Fiscalía a denunciar y que prefería que lo hiciera el ICBF.

Carlos (a la izquierda en la fotografía) había hablado el viernes de la semana anterior con una de las directivas de la fundación, María del Carmen Restrepo Sotelo, sobre tocamientos abusivos por parte del sacerdote. Restrepo contactó al entonces jefe de los escolapios a nivel nacional, Juan Carlos Sevillano Gutiérrez (segundo de arriba hacia abajo en la fotografía). Este viajó a Pereira y se reunió con Abella el lunes siguiente. Según la orden religiosa, ese mismo día informó a su jefe en Roma, Pedro Aguado (hoy obispo de Huesca y de Jaca, en España). Además, Sevillano le ordenó a Restrepo advertir al ICBF sobre la situación. Procedimiento que la empleada adelantó el 19 de marzo, mediante una carta, refiriéndose simplemente a “conductas inapropiadas”.

Los escolapios denominan precepto singular a un documento interno de la orden religiosa “por el que se impone a una persona la obligación de hacer u omitir algo”. Aquel mismo 19 de marzo, mediante precepto singular con número de protocolo Prot.SP-010/2013, a través del cual Sevillano le prometió a Abella “todos los recursos y apoyos necesarios” para que pudiera afrontar aquel “difícil momento”, el jefe de los escolapios a nivel nacional le ordenó al sacerdote español:

1. «No volverás a los Hogares Calasanz por ninguna circunstancia, ni intervendrás en sus asuntos administrativos, directivos y pastorales mientras se clarifica el asunto.
2. Permanecerás en la casa de la comunidad del Colegio Calasanz de Pereira, sin moverte de ella salvo para asistir a citas médicas.
3. Permanecerás en la ciudad de Pereira hasta nueva orden.
4. No ejercerás el ministerio presbiteral.
5. Estarás disponible para todos los debidos procesos y requerimientos que hagan falta en el inicio de este proceso que yo, como último responsable del cumplimiento del Manual de Protección de Infancia y Adolescencia de la Orden de la Escuelas Pías, deba adelantar».

“De obligatorio cumplimiento”

El Manual para la protección de los Menores era “un documento de obligatorio cumplimiento” para todos los escolapios y para todas las personas que laboraban con ellos como “directivos, docentes, empleados y colaboradores”. Había sido creado en 2003 por el antecesor de Sevillano en el cargo de jefe de los escolapios en Colombia, Juan Jaime Escobar Valencia, en reacción a un episodio sucedido en el Colegio Calasanz de Bogotá entre 2001 y 2003.

Un profesor de sistemas, contratado por Escobar cuando este era rector de dicho plantel, fue denunciado por abuso en 2003 y posteriormente condenado por el delito de actos sexuales con menor de catorce años. A la luz de lo sucedido, Escobar presentó a través de dicho manual una serie de prohibiciones, entre ellas:

• Tener con los menores cualquier contacto físico de tipo impropio;
• Encerrarse bajo llave, a solas, con un menor o tener salidas románticas a solas con él;
• Privilegiar con favoritismos a un menor con demostraciones especiales de afecto y preferencia;
• Alimentar relaciones simbióticas o de dependencia con menores;
• Llevar menores en sus automóviles, sin previa autorización de los padres de familia o acudientes y sin haberlo comunicado al Coordinador de la Sección;
• Dictar clases, realizar terapias y cualquier otra actividad laboral o comercial con los menores fuera de la jornada escolar sin permiso expreso de sus padres o acudientes y de las directivas;
• Prestar dinero a los menores, dar obsequios, incluso con motivo de alguna fecha especial;
• Sentar a los menores en las piernas del adulto.

El manual era muy claro al advertir que su incumplimiento acarreaba sanciones. Sus disposiciones aplicaban también para los Hogares Calasanz. Por eso también en la fundación debía ser nombrada una “persona idónea para encargarse específicamente de la protección de los menores”. Esta debía velar por la implementación del documento y, entre otras cosas, investigar, en asocio con las directivas, “las denuncias y acusaciones de abuso sexual y, de tener evidencias y fundamento serio a partir de la prueba recaudada, ponerlas en conocimiento de la autoridad competente”.

Sostenía el documento que en toda denuncia de abuso sexual había que garantizar el debido proceso y la reserva y sigilo profesional, para evitar “una revictimización del menor afectado” y que este resultara, además de abusado, “víctima de comentarios malintencionados, informaciones incompletas y vergüenza pública”. Y, de manera tajante, añadía:

“Sin importar la prestancia, importancia o cargo de poder del adulto que abuse de un menor, este debe ser denunciado y asumir las responsabilidades de sus actos. Todo caso de abuso sexual de menores al interior de la institución o de maltrato físico, debe ser denunciado a las autoridades competentes. Las instituciones escolapias, en todo caso y sin importar las personas implicadas, se ponen de parte de los menores abusados y asumen su vocería y la defensa de sus derechos”.

“Todo se sabe en esta vida”

Hay pruebas de que Abella solía prestarle dinero a Carlos y de que acostumbraba darle obsequios, también con ocasión de fechas especiales. Así lo revela un documento que refiere a donaciones de España y a una cuenta corriente del banco Davivienda, a través de la cual el sacerdote le giró al joven un cheque por tres millones quinientos mil pesos colombianos el 5 de agosto de 2010. En el periodo comprendido entre 2010 y 2012, al menos ocho millones de pesos fueron entregados a Carlos de ese modo.

Años atrás los escolapios habían admitido que Abella creara y administrara «una bolsa de ahorro rotativa para financiar estudios universitarios de alumnos que no tenían dinero para ello». Con el tiempo, algunos jóvenes de los Hogares Calasanz, como Carlos, también se hicieron beneficiarios de la iniciativa. En el futuro, la orden religiosa se manifestaría contraria a la entrega de “platas personales” por parte de sacerdotes sin supervisión de sus superiores. Algo que ocurrió en esta historia.

Ya en 2006, cuando Carlos tenía catorce años, había una “relación simbiótica o de dependencia” entre el adolescente y el sacerdote, tal y como se evidencia en una serie de mensajes vía correo electrónico fuera de los canales de comunicación institucional. 

Con los años la comunicación entre ambos se hizo cada vez más íntima. “Para mí no existe más familia que tú”, le expresó Carlos al sacerdote a finales del año siguiente. “Como cosa rara, ya me gasté la plata que me dejaste. ¿Si me vas a traer el celular?”.

A finales de diciembre de 2012, Carlos llegaría a escribirle: “dependo de ti emocionalmente y eso me da miedo. Me da miedo que estés lejos. Me da miedo no poder hablar con alguien como hablo contigo”.

Años atrás, en 2008, el adolescente había sufrido un cuadro depresivo. Aunque, según Juan Carlos Giraldo Gil, entonces psicólogo de la fundación, “normalmente” era él quien llevaba a cabo el acompañamiento de los menores ante ese tipo de situaciones para garantizar que estos recibieran atención médica profesional, en el caso de Carlos dicho acompañamiento fue adelantado por el sacerdote. Un par de años después, el joven le narró a Abella vía correo electrónico la siguiente historia:

“Cuando era niño y tenía nueve años, aproximadamente, yo vivía con el hombre que dice ser mi ‘papá’ y la señora que entre gestos hipócritas dice tenerme como sobrino. Ella a su vez tenía un marido, uno de esos que se aprovechan de los niños y les hacen cosas que no vale la pena mencionar ni en el más oscuro cuento. Ese señor, ese desconocido, ese animal, me violó. Se aprovechó de mi niñez y de la pobreza en la que vivíamos, del sufrimiento del que éramos partícipes. Y esa señora que dice ser mi tía se dio cuenta y nunca reaccionó, nunca dijo nada, nunca mencionó nada. Ese suceso, tal vez triste para muchos y normal en otros, me ha perseguido siempre, me ha dicho que el pasado se supera pero jamás se olvida. Nadie sabe esto, solo usted. Tal vez esperar ocho años para contarlo sería mucho; o también si le dijera que no pensaba contarlo nunca. Pero, vea. Ahí está. Todo se sabe en esta vida”.

El artículo 32 del Código del Menor obligaba al cura a informar “al defensor de familia más cercano o, en su defecto, a la autoridad de policía” sobre relatos como el anterior. Eso había sido claramente explicado por el Manual para la protección de los Menores, según su autor, de obligatorio cumplimiento en instituciones de los escolapios, “so pena” de que se aplicaran las sanciones a que hubiera lugar. El manual le exigía a Abella “denunciar todo comportamiento impropio con los menores de parte de los adultos e informar oportunamente a las directivas sobre cualquier acusación o sospecha de abuso o maltrato”. Algo que nunca hizo el sacerdote español.

Giraldo, psicólogo de la fundación a cargo del proceso de restablecimiento de derechos de los niños y jóvenes vinculados a la entidad, todos ellos personas en condición de vulnerabilidad social cuyo cuidado había sido confiado por el Estado a los escolapios, nunca conoció esa historia. Tampoco la conoció la persona encargada de la protección de los beneficiarios de la institución, María del Carmen Restrepo Sotelo, una de las directivas.

Si Abella privilegiaba “con favoritismo” a Carlos “con demostraciones de preferencia”, algo igualmente prohibido por los escolapios, en primera instancia; quien debía estar particularmente vigilante era Restrepo. Pero había un problema adicional. “Quizás María del Carmen le está buscando la caída al joven Carlos Marín”, planteó el sacerdote durante una reunión entre educadores, directivas de la fundación y jóvenes a su cuidado. Dicha reunión se llevó a cabo el 16 de septiembre de 2012, en atención a una serie de conflictos que venían presentándose dentro de los Hogares Calasanz.

“La enemistad entre Carlos y María del Carmen ha venido existiendo”, añadió el sacerdote, antes de que Restrepo se retirara de la reunión molesta y sintiéndose retada por el joven. Además de sostener que a ella le faltaba ética para hacer su trabajo, Carlos había afirmado durante el encuentro: “Como profesional, María del Carmen es excelente para representarnos por fuera, pero por dentro no”.

Su rol como “protectora de la infancia y la adolescencia” en los Hogares Calasanz la obligaba a “investigar en asocio con las directivas las denuncias y acusaciones de abuso sexual”. Meses después de conocer los señalamientos de Carlos contra Abella, Restrepo admitiría no haber cumplido esa directriz que le ordenaba buscar eventuales pruebas: “Yo no le indagué más, dado que la relación de él hacia mí no ha sido muy buena”, diría, refiriéndose a Carlos.

En un primer momento, Restrepo se limitó a alertar al jefe de los escolapios en Colombia, Juan Carlos Sevillano Gutiérrez, y, por orden de este, a informar al ICBF sobre los señalamientos de Carlos contra Abella. Esto último lo hizo sin aportar mayores detalles. No por razones de privacidad, sino a falta de la “investigación disciplinaria seria y profesional” que el manual escolapio de protección le exigía haber adelantado.

Según Sevillano, una persona del ICBF le mandó a decir con Restrepo: “al padre Fermín lo conocemos, confíamos en él; si quiere, eso lo callamos si usted nos entrega cincuenta millones de pesos”.

De acuerdo con lo que narraría muchos años después el entonces jefe en Colombia de los escolapios, su respuesta fue: “Si el padre es culpable, que responda por lo que hizo. Eso no funciona así. Hagan lo que tengan que hacer”.

En el marco de esta investigación periodística, Restrepo fue contactada para que diera cuenta de su versión sobre lo anterior, pero no quiso pronunciarse. De ser cierta la historia de Sevillano, tras elevar sus señalamientos, Carlos no tuvo de su parte a la entidad del Estado colombiano a cargo de protegerlo. La orden religiosa se negó a pactar el soborno, pero su jefe a nivel nacional no alertó a la Procuraduría General de la Nación ni a ninguna autoridad sobre la red criminal dentro del ICBF, de cuya existencia había tenido conocimiento: una red dedicada a engavetar denuncias a cambio de dinero. La denuncia contra el ICBF por parte de los escolapios habría dirigido los reflectores sobre el sacerdote español denunciado por presunto abuso sexual de menores que para el 5 de abril de 2013 vivía dentro uno de los colegios de clase media más prestigiosos de Pereira, detrás de la falsa apariencia de convaleciente.

Seis días después, el 11 de abril de 2013, la fiscalía 36 Seccional CAIVAS para la atención integral de víctimas de abuso sexual recibió la orden de investigar a Abella por el presunto delito de “explotación sexual o comercial con menor”.

“Es muy extraño todo esto”

No es verdad lo que hoy afirman los escolapios cuando sostienen que ellos pusieron “el asunto en conocimiento de la justicia a través de su abogado”. Los señalamientos de Carlos contra el sacerdote español fueron referidos a la justicia a través de una carta de Marina Agudelo Zapata, funcionaria del ICBF, con fecha 22 de marzo de 2013.

Y, aunque hoy los escolapios aseguran que a Carlos se le brindó “escucha y acogida” por parte de “los responsables inmediatos” de los Hogares Calasanz cuando elevó sus señalamientos contra el asesor espiritual de la fundación, en su declaración a la Fiscalía el joven manifestó que “no se sentía protegido”.

Hoy los escolapios también afirman que le brindaron la asesoría del entonces abogado de la orden religiosa, Albeiro Restrepo Osorio. Pero rápidamente este pasó a representar a Abella como su “apoderado y defensor de confianza”, tal y como lo demuestra un documento fechado el 26 de abril de 2013. Un evidente conflicto de intereses que jugaría en contra del denunciante.

Para ese momento, aunque la fiscalía encargada de investigarlo tenía su sede en la ciudad de Pereira, en Risaralda, el sacerdote español había sido trasladado a la capital del departamento de Antioquia, Medellín. En el documento a través del cual Sevillano notificó a Abella la decisión, once días antes, el jefe de los escolapios en Colombia le agradeció al sacerdote español “la dedicación y amor” que había tenido “de forma directa, en los últimos años, por la obra de los Hogares Calasanz”.

Aunque desde un primer momento Carlos había manifestado al ICBF que quería privacidad, el abogado de la orden religiosa, puesto en función no de la defensa del joven sino de la del denunciado, le pidió a la Fiscalía ocuparse, entre otros “elementos materiales probatorios”, de la historia clínica de Carlos en el Hospital Mental de Risaralda Homeris; de un eventual testimonio por parte del médico psiquiatra que lo atendió allí en 2008; de la historia socio familiar del joven en poder del ICBF; y de eventuales testimonios de Alejandra Isabel Bernal, Guillermo Zapata y Gloria Yanci Zamora, empleados de los escolapios en los Hogares Calasanz (la última, una persona en abierta animadversión con Carlos, situación que conocían las directivas de la fundación).

Ninguno de los empleados de los escolapios que rindieron declaración ante la Fiscalía entre junio y julio de 2013 se puso de parte del denunciante. Empezando por María del Carmen Restrepo Sotelo, “protectora de la infancia y la adolescencia de los Hogares Calasanz”, todos sembraron un manto de duda alrededor de los señalamientos elevados por Carlos contra Abella y coincidieron al señalar que estos habían sido ventilados por el joven en la coyuntura de recientes altercados dentro de la fundación.

Después de explayarse en su versión de un conflicto que había tenido con Carlos, Gloria Yanci Zamora calificó al joven como una persona que tenía “un resentimiento hacia los demás”. “Es como si quisiera llevarse a todo el mundo por delante, busca el poder y el reconocimiento y si alguna persona dentro de su círculo le hace algo él busca la forma de desprestigiarlo y hacerlo ver mal ante los demás. Yo lo conozco desde que estaba muy niño, prácticamente desde que inició su proceso. Por eso digo eso”, añadió.

Después de defender a Abella en términos similares a los de sus compañeros, sosteniendo que ella podía dar testimonio de que en ningún momento el padre había tenido ese tipo de conductas con ningún niño o joven de la fundación, Zamora aventuró una hipótesis para descalificar la denuncia de Carlos, contradiciéndose en el retrato que hizo de él:

“A Carlos Marín, por su nivel y capacidad, por ser un joven ejemplar, se le dio mucha libertad y apoyo. A él se le dio la carrera profesional por parte de la fundación. Se le ayudaba mucho para ese efecto. Inclusive, se le dio la oportunidad de desempeñarse como apoyo de educadores, por lo cual le daban una ayuda económica con el fin de apoyar más sus estudios. Pero él llegó a un punto en el que pedía de más y, dado que la fundación pasaba por momentos difíciles económicos, se le empezaron a restringir algunos gastos. Ya se le exigían comprobantes de pago y cartas de la universidad que justificaran, en especial, las salidas a otras ciudades a desarrollar labores educativas. Eso a él no le gustó mucho y empezó a chocar y a tener problemas con las directivas, desconociendo muchas veces la autoridad de estas. Pensaría yo que en determinado momento la falta de solvencia lo pudo llevar a llenarse de resentimiento y a lanzar acusaciones no solo al padre, ya que en una reunión nos dijo a todo el equipo de trabajo interdisciplinario de la fundación que no servíamos para nada. Es muy extraño todo esto, ya que Carlos Marín admiraba mucho al padre. Incluso decía que la única autoridad que reconocía en la fundación era él”.

Lejos de garantizar la reserva y el sigilo profesional para “evitar una revictimización del afectado” y que este resultara, además, víctima de “comentarios malintencionados, informaciones incompletas y vergüenza pública”, y a diferencia de lo que ordenaba su Manual para la protección de los menores, los escolapios no solamente pidieron que fuera entrevistado el psicólogo de la fundación.

Centraron parte de la defensa de Abella en el hecho de que Carlos acostumbraba pedirle dinero al sacerdote español. En función de ello pusieron a disposición de la Fiscalía una selección de mensajes vía correo electrónico entre el cura y el joven; en su mayoría, mensajes en los que este último aparecía como remitente. Su estrategia de defensa evitó revelar los mensajes que Abella le envió a Carlos al menos durante seis años y que alimentaron aquel tipo de relación.

“Eviten que pase con otros”

“Yo hice la denuncia con el propósito de que se tomen medidas preventivas en los hogares y eviten que lo que a mí me ocurrió pase con otros”, sostuvo Carlos, en su primera declaración ante la Fiscalía, después de expresar: “ya estaba grande para seguir dejándome tocar por plata”.

La protectora de la infancia y la adolescencia de los Hogares Calasanz y otros empleados de los escolapios habían sugerido que todo podía tratarse de un invento del joven, en la coyuntura de recientes conflictos dentro de la fundación. Pero un testimonio registrado por la Fiscalía meses atrás sostenía que los señalamientos de Carlos contra Abella se remontaban, al menos, a 2011. Según declaró el 19 de mayo de 2013 ante el ente investigador Jairo Andrés Cardona Buenaventura, también beneficiario de los hogares, dos años atrás Carlos le había dicho que “él era tocado por el padre Fermín y por esto era remunerado económicamente”. De acuerdo con su declaración, su compañero le manifestó que eso había ocurrido “todo el tiempo” que habían estado en la fundación.

En 2011, Carlos recibió al menos tres millones de pesos colombianos provenientes de cuentas bancarias manejadas por el sacerdote.

“No me interesa continuar este proceso”

El 2 de octubre de 2013, Carlos, quien para entonces había renunciado a la medida de protección por parte del Estado y ya no vivía en los Hogares Calasanz, se presentó ante la Fiscalía por segunda vez y solicitó que se le recibiera ampliación de entrevista. Esta fue registrada del siguiente modo:

—El motivo de mi presencia en este despacho radica en que quiero decir al ente investigador que mi denuncia fue realizada en un momento de rabia, impotencia y desespero por creer que debía abandonar mis estudios. No me interesa continuar con este proceso, quiero alejarme completamente de todo el asunto.

—¿Los hechos denunciados por usted realmente tuvieron ocurrencia? —le preguntó un funcionario llamado Luis Jerónimo Escobar Castrillón.

—La verdad, en este momento me siento bastante confundido, porque, al recordar de manera más detenida, ya no me siento tan seguro de decir para cuándo se empezaron a dar muestras de cariño del padre hacia mí. Y pienso que, en el momento de desesperación que sentí al tener que salir de la fundación, fue mal explicado el amor casi paternal o fraternal que se dio entre el padre y yo.

La Fiscalía concluiría que no hubo delito.

“Bodas de diamante”

Semanas después, en noviembre de 2013, los escolapios celebraron “las bodas de diamante de sacerdote del P. Fermín Abella Gurrea”, según una publicación en redes sociales de la orden religiosa. La celebración tuvo lugar en el Colegio Calasanz de Pereira, con una misa presidida por el religioso español y con un almuerzo al que también fue invitado el abogado de los escolapios.

Juan Carlos Sevillano Gutiérrez, jefe de estos en Colombia, había levantado las “medidas cautelares” que prohibían al cura ejercer el sacerdocio de manera pública y tener contacto con los niños y jóvenes de los Hogares Calasanz. Estos fueron llevados a la celebración.

Según la orden religiosa, el entonces obispo de Pereira, Rigoberto Corredor Bermúdez, supo sobre los señalamientos contra el sacerdote en 2013. Sin haber sido interrogado por las autoridades ni sancionado por los escolapios por incumplir su manual para la protección de los menores, Abella murió dos meses después en su país natal. En el coliseo del Colegio Calasanz de Bogotá fue realizado un homenaje en memoria del sacerdote. La Fiscalía archivó el caso en 2015.

El hallazgo del padre Sergio

En 2024 salió a la luz la historia de un exalumno del Colegio Calasanz de Bogotá, graduado en 1999, quien asegura haber sido víctima de tocamientos abusivos por parte de Abella entre 1997 y 1999. Según su testimonio, los hechos tuvieron lugar en una casa dentro de dicho colegio donde hoy funciona la curia de la provincia escolapia de Nazaret, es decir, las oficinas de gobierno y administración de los escolapios de Colombia, Perú y Ecuador.

Algunos elementos de su relato son iguales a elementos del relato de Carlos Marín: abandono familiar; regalos; préstamos para pagar la matrícula de la universidad; tardes enteras dentro de la habitación del sacerdote en una casa que este compartía con escolapios que admitían la presencia de niños y jóvenes en espacios privados; y referencias a tocamientos abusivos.

Refiriéndose a Abella, dicho exalumno ha expresado: “El man tenía una práctica muy mamona y era que te acercaba la cara a la tuya, te cogía las manos e intentaba bajártelas a las partes íntimas”. Su historia se sumó a testimonios de exalumnos del Colegio Calasanz de Medellín que señalan por abuso sexual a otros dos escolapios españoles enviados a Colombia décadas atrás: Fernando Torija y Mario Fernández. Este último, denunciado ante medios de comunicación por Óscar Rubio, quien asegura haber puesto su historia en conocimiento de la orden religiosa en 2011.

Oswaldo Espinoza, actual jefe de los escolapios en Colombia, Perú y Ecuador, niega que en los archivos de la provincia escolapia de Nazaret haya información sobre denuncias contra sacerdotes por presunto abuso sexual de menores, además de lo referente a Abella. Sin embargo, en 2019, Sergio Andrés Suárez Vanegas, egresado del Colegio Calasanz de Bogotá y hoy también sacerdote escolapio, narró la siguiente historia en una nota al pie de la página 140 de su trabajo de grado para obtener el título de licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana:

“No es del todo claro lo sucedido con Gerardo Fernández. El asunto ocurrió a finales de noviembre de 1955, cuando el religioso es acusado de haber tenido un trato inapropiado con algunos estudiantes del colegio (de Bogotá). Se procedió inmediatamente a aplicar el Código de Derecho Canónico y se le inició un proceso. Por esta razón, Fernández debió regresar a España, a rendir declaración ante las autoridades provinciales. Debido a que el religioso insistió en su inocencia, se decidió pedir una investigación por parte de la Arquidiócesis de Bogotá y que esta nombrara un tribunal. Mientras tanto, Fernández fue enviado a Santander, a la espera del resultado de la indagación. Se menciona un informe enviado por el tribunal a España, pero no se dice nada del resultado del mismo. No hay más alusiones al asunto y no ha sido posible encontrar más información en los archivos”.

Suárez, quien ha sido historiador de la provincia de Nazaret y actualmente se desempeña como formador de prenovicios y vicerrector de un colegio estatal al cuidado de los escolapios, dejó constancia de un dato clave: los señalamientos en Colombia sobre pederastia en la orden religiosa son casi tan antiguos como la llegada de esta al país.

La otra versión

Después de que salieron a la luz los señalamientos contra Torija, Fernandez y Abella, una persona, actualmente residente en España, contactó al autor de este reportaje. 

“Hola, Miguel. Estuve leyendo algunos artículos sobre el abuso sexual de sacerdotes en Colombia y me encontré con uno publicado por usted. Yo soy Carlos Marín, pereirano de 34 años. Le escribo porque yo fui la persona que realizó la denuncia en 2013 sobre el sacerdote Fermín Abella Gurrea, por abuso sexual mientras permanecía en Hogares Calasanz de Pereira. Circunstancialmente, estaba buscando archivos sobre el sacerdote aquí en España y me encontré algunos publicados recientemente, justamente, hablando de esa investigación que nunca se hizo”.

El niño que alguna vez fue Carlos, declarado en situación de abandono e hijo de padres drogadictos que vivían de limosnas, se había convertido en un periodista deportivo orgulloso de sus triunfos. No solo porque recientemente había cumplido el sueño de cubrir los juegos olímpicos y de fotografiar en París a íconos como LeBron James, Simon Biles y Mariana Pajón. Sobre todo, porque, gracias a su ayuda, años atrás sus padres habían salido de la droga y por fin tenían una vida digna.

Pero, según escribió, sus logros no habían hecho que olvidara sus derrotas y un episodio de su vida que mantenía en la mente. “Sobre todo, porque fue algo que duró años, desde que era menor de edad hasta mi mayoría de edad, en las instalaciones del Colegio Calasanz de Pereira e incluso en los Hogares Calasanz, donde yo viví”. Entonces añadió:

“Cuando realicé la denuncia ya era mayor de edad. Desde la comunidad calasancia me enviaron al mejor abogado de la Escuela Pía. Finalmente, me dejé amedrentar y retiré la denuncia, retractándome por temor a estar solo y no poder responder al caso. Además, porque el sacerdote argumentó que yo le pedía dinero y entregó unos correos donde evidentemente yo le solicitaba ayuda económica. Yo me encuentro en Barcelona, pero nunca he sanado ese episodio de mi vida. De hecho, me propuse algún día, cuando viniera a España, encontrarme con la familia del padre Fermín y decirles que lo perdono pero que nunca olvido. Seguramente ellos conocerán de esos casos. Recuerdo ver en el escritorio de su habitación dentro de las instalaciones del Colegio Calasanz de Pereira fotos de un joven con él, fotos viejas. Cuando él tenía sus manos en mis partes íntimas, yo siempre miraba esas fotos y me preguntaba si a ese joven también le hacía lo mismo. Ahora, con más años, entiendo que se aprovechó de una posición de poder y quiso, mediante dinero, aprovechar la situación vulnerable. Nunca las otras directivas de los Hogares Calasanz me contradijeron en la denuncia, porque ellos, al interior de la fundación, sabían de los tratos preferenciales del padre conmigo. Incluso una vez en un microbús, desde un segundo piso, un compañero vio cómo me tocaba las piernas y subía sus manos hasta más arriba, pero no lo denunció. Lo contó en otros lados, donde no le dieron la suficiente trascendencia. Después de tantos años, recuerdo estos episodios y me encantaría escribirle al colegio, para que proteja a sus jóvenes, a sus adolescentes; que no se les permita a los estudiantes ingresar a zonas de los sacerdotes; que existan protocolos, porque, si hubieran existido protocolos, yo nunca hubiera ido tantas veces a esa habitación. El padre Fermín Abella fue una persona que nos ayudó mucho a los jóvenes que vivíamos en la fundación. Personalmente, también a mí me marcó la vida. Tal ayuda tuvo un costo”.

De las palabras a los hechos

Javier Alcántara, el ciudadano mexicano que denunció por encubrimiento a Pedro Aguado (hoy obispo de Huesca y de Jaca, España), sigue pidiéndoles a los escolapios el expediente de la investigación eclesiástica adelantada contra su victimario, Miguel Flores. Reclama reparación, pero también verdad y justicia. Hoy cree que Aguado pretendió asegurar su silencio con la beca y con el contrato de trabajo que le ofreció en reacción a sus denuncias de 2019.

En diálogo con Religión Digital, manifestó: “Yo quiero una reparación integral económica pero apegada al derecho internacional; que se den garantías de no repetición y haya una disculpa pública por parte de Pedro Aguado, aceptando que no cuidó las medidas cautelares y, por lo tanto, cometió errores”.

El obispo fue contactado en el marco de esta investigación periodística para esclarecer cuál fue su rol en medio del proceso eclesiástico adelantado en 2013 contra el sacerdote Fermín Abella Gurrea cuando era el responsable último de las Escuelas Pías, pero se limitó a remitir a una declaración oficial de la orden religiosa sobre el asunto. Según esta, Aguado se abstuvo de intervenir en dicho proceso. Lo que equivale a admitir que la máxima autoridad de la institución para 2013 no vigiló la actuación de sus subalternos frente a lo ocurrido ese año con el asesor espiritual de los Hogares Calasanz, a pesar de los protocolos existentes.

Al igual que Javier Alcántara, Carlos Marín y otros denunciantes esperan que sus historias no queden olvidadas entre las páginas de expedientes archivados. Quieren que las promesas recientemente elevadas sobre transparencia, justicia y reparación por parte del actual jefe de los escolapios a nivel internacional, el catalán Carles Gil i Saguer, pasen del plano de las palabras al de los hechos.