El Consejo Mundial de las Iglesias pide "cautela" ante la norma que podría prohibir la Iglesia fiel a Mosú en Ucrania
Advierte que podría suponer "un castigo colectivo injustificado" a toda una comunidad religiosa
“El Gobierno de Ucrania tiene el derecho soberano y la responsabilidad de defender la integridad territorial del país y de proteger a sus ciudadanos, aún más ante la invasión ilegal y la agresión armada de Rusia”
"El CMI está profundamente alarmado por la posibilidad de que se inflija un castigo colectivo injustificado a toda una comunidad religiosa y se violen los principios de libertad de religión o creencias"
El secretario general del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), el Rev. Prof. Dr. Jerry Pillay, y el moderador del Comité Central del CMI, el obispo Dr. Heinrich Bedford-Strohm, piden cautela con la ley aprobada por la Rada ucraniana que prohíbe las actividades de las organizaciones religiosas asociadas con Rusia en Ucrania.
“El Gobierno de Ucrania tiene el derecho soberano y la responsabilidad de defender la integridad territorial del país y de proteger a sus ciudadanos, aún más ante la invasión ilegal y la agresión armada de Rusia”, afirmaron Pillay y Bedford-Strohm.
El Consejo Mundial de Iglesias ha condenado sistemáticamente la guerra de Rusia contra Ucrania, y “nos mantenemos firmes en esta posición”, señalaron. “Las autoridades ucranianas tienen el derecho de proteger la soberanía y la independencia de Ucrania, y de procesar a los individuos culpables de delitos contra los intereses de Ucrania”.
Al mismo tiempo, puntualizaron, “el CMI está profundamente alarmado por la posibilidad de que se inflija un castigo colectivo injustificado a toda una comunidad religiosa y se violen los principios de libertad de religión o creencias, en virtud de una nueva ley aprobada por la Rada ucraniana el 20 de agosto de 2024”.
La nueva ley está a la espera de la firma del presidente Zelensky.
“Exhortamos de nuevo al Gobierno ucraniano a actuar con cautela a la hora de adoptar medidas que pueden violar el derecho fundamental de libertad de religión o creencias y socavar la cohesión social en estos tiempos de emergencia nacional”, dijeron Pillay y Bedford-Strohm.
“Observamos que la ley prevé un proceso en seis etapas antes de que se pueda prohibir una organización religiosa, y rogamos que se adopte un enfoque justo e imparcial en las investigaciones de este tipo y se tengan debidamente en cuenta los principios del derecho internacional, la justicia natural y las garantías procesales a la hora de emprender cualquier acción en virtud de esta nueva ley”
Los dirigentes del CMI concluyeron diciendo: “Ni los delitos de algunos individuos ni las filiaciones históricas de una determinada entidad religiosa pueden constituir una base suficiente para medidas equivalentes a un castigo colectivo a una comunidad viva de culto en Ucrania. El Gobierno ucraniano tiene la responsabilidad de proteger los derechos de todos sus ciudadanos”.
Leer la declaración completa (en inglés)