La Iglesia Católica Eritrea “El cierre de clínicas en Eritrea es un pretexto para censurar a la iglesia y robar sus bienes”

Una de las estructuras sanitarias de la Iglesia Católica en Eritrea
Una de las estructuras sanitarias de la Iglesia Católica en Eritrea

Secretariado Católico de Eritrea: “La acción realizada respecto a nuestras clínicas, de la manera en la que ha sido realizada, ha ido más allá de una simple nacionalización”

Consideran que el cierre de los hospitales ha sidoun pretexto” o una “cobertura” para llevar a cabo “una indebida apropiación de los bienes de la Iglesia y para llevar a cabo una injusta prohibición de sus actividades sociales”

(Vatican News).- El Secretariado Católico de Eritrea se pronuncia ante el reciente cierre de todos los centros sanitarios católicos del país. “Han violado los derechos fundamentales a la libertad religiosa y de elección”.

Después de que el Gobierno de Eritrea cerrara el último hospital católico que quedaba en el país africano, apoyándose para ello en las normas introducidas en 1995, que limitan las actividades de las instituciones religiosas en el país (escuelas, proyectos agrícolas, hospitales y atención a los ancianos), los medios de comunicación han publicado informaciones “decididamente erróneas o voluntariamente engañosas que están confundiendo las idea a aquellos que, lejos o cerca, no son capaces de verificar la fiabilidad”, ha señalado el Secretariado Católico de Eritrea a través de un comunicado hecho público hoy; documento que han escrito precisamente para aclarar los hechos a todos aquellos que están mal informados.

Aclaración ante las declaraciones del Director de relaciones públicas del Ministerio de Sanidad

Frente a las declaraciones que realizó Tajadin Abedel Aziz, Director de la Oficina de relaciones públicas del Ministerio de la Sanidad, durante una entrevista a “Radio Voice of America” el pasado 12 de junio, en las que afirmó – contra la evidencia de los hechos – que se han tratado de operaciones administrativas “de traspaso y no de cierre o de nacionalización de los centros en cuestión, ni de intimidación del personal o de los trabajadores”, el Secretariado Católico de Eritrea se pregunta que si se trataba de “traspaso” ¿porque entonces han tomado decisiones unilaterales sobre sus estructuras y sobre el personal empeñado, sin acuerdo previo con ellos, sin pre-avisos, sin un mínimo de diálogo con las autoridades superiores legítimas propietarias de las estructuras?, y continúa preguntándose, si se trataba de un traspaso… ¿es aceptable que quien lo ha pedido (los enviados del Gobierno) lo hayan hecho sin presentar un documento, un formal escrito de acompañamiento firmado por las autoridades superiores enviadas y ordenadas?

El Secretariado Católico de Eritrea insiste además en que alguien les explique cortésmente en qué categoría de acción se clasifica lo sucedido en sus centros y asegura que es inútil que se quiera dar a pensar que todo esto no se ha tratado de nacionalización, pues – señalan – “la acción realizada respecto a nuestras clínicas no sólo ha sido tal, sino que de la manera en la que ha sido realizada, ha ido más allá de una simple nacionalización”.

“El cierre de los hospitales ha sido una cobertura para apropiarse de los bienes de la Iglesia”

La Iglesia Católica en Eritrea también habla de las declaraciones que hace siempre el Estado en las que asegura que Eritrea “es un estado laico”, en el que la política y la religión “son realidades separadas”. Frente a estas declaraciones, el Secretariado Católico asegura que con las recientes requisiciones de sus clínicas “se ha violado un preciso derecho de su religión, el cual prescribe de “amar al prójimo” y de “hacer el bien””. También se han violado otros dos derechos fundamentales – continúan – “el derecho fundamental a la libertad religiosa” y “el derecho de las personas que eligen o tienen necesidad, de utilizar nuestros centros sociales”.

Además, puntualizan que en el mundo hay muchos Estados que siguen la línea política considerada “laica” o “secular” pero no les consta que, en nombre de tal línea, sus gobiernos “hayan prohibido las obras caritativas y sociales de la Iglesia o hayan confiscado los medios y las estructuras de su propiedad”. Y es por ello que lo consideran “un pretexto” o una “cobertura” para llevar a cabo “una indebida apropiación de los bienes de la Iglesia y para llevar a cabo una injusta prohibición de sus actividades sociales”.

En la carta además, critican que el Estado haya proclamado “a los cuatro vientos” el pleno respeto a la libertad religiosa mientras, al mismo tiempo, “atan de pies y manos” a quien, por elección personal, consagra su propia vida para ponerse al servicio de los demás.

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