Ocampo: "El derecho internacional no puede funcionar si se lo deja solo. Tenemos un problema de diseño de estructuras"
Las reflexiones del primer fiscal de la Corte Penal Internacional entre 2003 y 2012, protagonista del juicio contra las juntas militares argentinas en 1985, sobre la actualidad internacional y las guerras en curso: "Ninguna necesidad de seguridad nacional puede justificar los crímenes contra la población civil"
(Silvina Pérez/Vatican News).- Mientras la guerra en Ucrania entra en su cuarto año y el conflicto en Gaza sigue produciendo una crisis humanitaria de proporciones dramáticas, Luis Moreno Ocampo lanza una advertencia contundente: «Ninguna exigencia de seguridad nacional puede justificar crímenes contra la población civil».
Primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional entre 2003 y 2012 y figura clave del histórico juicio a las Juntas militares argentinas en 1985, Moreno Ocampo sostiene que el derecho internacional no es una opinión moral, sino una herramienta concreta de prevención de los crímenes. El problema —advierte— no es la falta de normas, sino la ausencia de voluntad política para aplicarlas. L’Osservatore Romano lo ha entrevistado.
Una justicia sin consenso político global
A cuatro años del inicio del conflicto en Ucrania y con Gaza aún atrapada en un conflicto sin salida, ¿tiene todavía la justicia internacional capacidad para incidir en la realidad de los conflictos?
Diría más bien que estamos pagando el precio de haberla construido sin un verdadero consenso político global. La guerra acompaña a la humanidad desde hace cinco mil años; la diplomacia tiene unos cuatro siglos de historia; la justicia internacional apenas veinte. Ese desequilibrio importa. A escala mundial no existe una institución central capaz de garantizar la resolución pacífica de los conflictos ni de proteger efectivamente a las personas.
¿Cuál es el nudo estructural de esta fragilidad?
El hecho de que no exista un gobierno global. El mundo está gobernado por Estados que actúan según intereses nacionales, no globales. De ahí surge una fractura permanente. Existe una Corte Internacional de Justicia que resuelve controversias entre Estados, pero solo 78 países aceptan su jurisdicción obligatoria, de un total de 195. Es un dato elocuente.
¿Y la Corte Penal Internacional? ¿No nace precisamente para llenar ese vacío?
Es la institución más reciente y más innovadora del sistema. No resuelve conflictos entre Estados: investiga crímenes. Protege a las víctimas de atrocidades masivas y afirma la responsabilidad penal individual, incluso en los niveles más altos del poder. Sin embargo, muchos de los conflictos más graves involucran a Estados que no reconocen su jurisdicción. No se trata solo de un límite coyuntural, sino estructural.
El derecho internacional frente a la lógica del poder
Entonces, ¿el derecho internacional es rehén de las relaciones de fuerza?
El derecho internacional no puede funcionar si se lo deja solo. El sistema creado por el Estatuto de Roma no es únicamente un tribunal: es una red de Estados que se comprometen a poner fin a la impunidad. Pero ese compromiso depende del apoyo de los ciudadanos y de los líderes políticos. Sin ese respaldo, la justicia queda expuesta a la selectividad.
Muchos observadores hablan precisamente de una aplicación selectiva de las normas.
Es una percepción comprensible. Pero el problema más profundo es otro: seguimos pensando el mundo con categorías del siglo XIX. Faltan pensadores y dirigentes capaces de ir más allá del Estado-nación. Los Estados siguen siendo indispensables, pero no suficientes para afrontar problemas globales.
¿Qué problemas exigen ese salto de escala?
El genocidio, los crímenes contra la humanidad, las violencias sistemáticas, los crímenes de guerra. Pero también el cambio climático y las pandemias. Son problemas globales y, frente a ellos, la soberanía nacional no basta. Se necesita un nivel de gobernanza más amplio.
¿Las Naciones Unidas no deberían desempeñar ese papel?
La Carta de las Naciones Unidas no establece la igualdad. Otorga autoridad legal a cinco países para imponer sus intereses. Por eso, en la práctica, el Consejo de Seguridad está paralizado por el derecho de veto de sus cinco miembros permanentes. Rusia lo ejerce sobre las resoluciones relativas a Ucrania; Estados Unidos sobre las que afectan a Israel. El resultado es la inmovilidad. Tenemos que aprender a superar ese problema.
Hay que rediseñar las instituciones. Los problemas del siglo XXI —del clima a las guerras entre Estados, del terrorismo global a las desigualdades— no pueden afrontarse con estructuras jurídicas diseñadas entre los siglos XVII y XVIII. Es un problema de diseño, no solo de liderazgo
Guerra, tecnología y responsabilidad global
La tecnología nos muestra todo en tiempo real, pero no parece ayudarnos a detener la violencia.
Vivimos en un mundo con comunicación global, pero sin un sistema político global. Vemos de inmediato lo que ocurre en Ucrania, en Gaza o en Siria, pero no existe una institución que represente realmente a la comunidad global. El ser humano siente empatía por lo cercano, no por lo lejano. Pero la tecnología también puede ayudarnos. La inteligencia artificial se usa para la guerra y para vender mejor; también podemos utilizarla para detener genocidios y mejorar la protección del medio ambiente.
¿La guerra sigue siendo entonces un instrumento “normal” de las relaciones internacionales?
Durante milenios lo fue. Hoy ya no. El desarrollo de las armas nucleares y de destrucción masiva ha convertido la guerra en un mecanismo obsoleto. La civilización no sobreviviría a una tercera guerra mundial. Seguir pensando la guerra como una solución significa ignorar esta realidad.
Usted insiste a menudo en la contraposición entre guerra y justicia.
Son dos métodos distintos para enfrentar la violencia y producen efectos opuestos. La guerra genera venganza; la justicia sirve para impedirla. La guerra obliga a tomar partido —con Israel o con Palestina—, mientras que la justicia permite situarse del lado de las víctimas, de todas las víctimas: israelíes y palestinas, ucranianas y rusas. Desde hace décadas respondemos al terrorismo con venganza. Y no funciona.
El desarrollo de las armas nucleares y de destrucción masiva ha convertido la guerra en un mecanismo obsoleto. La civilización no sobreviviría a una tercera guerra mundial. Seguir pensando la guerra como una solución significa ignorar esta realidad
¿Qué hace falta, entonces, para salir de este ciclo?
Rediseñar las instituciones. Los problemas del siglo XXI —del clima a las guerras entre Estados, del terrorismo global a las desigualdades— no pueden afrontarse con estructuras jurídicas diseñadas entre los siglos XVII y XVIII. Es un problema de diseño, no solo de liderazgo.
La tecnología nos muestra todo en tiempo real, pero no parece ayudarnos a detener la violencia.
Vivimos en un mundo con comunicación global, pero sin un sistema político global. Vemos de inmediato lo que ocurre en Ucrania, en Gaza o en Siria, pero no existe una institución que represente realmente a la comunidad internacional. Sin embargo, la tecnología sí puede ayudarnos. Hoy la inteligencia artificial se utiliza para hacer la guerra o para optimizar los mercados; también puede emplearse para prevenir genocidios y reforzar la protección del medio ambiente.
En este contexto, el papel del papa León XIV es de vital importancia. Es una autoridad moral global, capaz de trazar una dirección y de encauzar el debate sobre bases éticas universales. En septiembre de 2025 participé en un encuentro con el Santo Padre dedicado a estos temas y pude constatar directamente hasta qué punto este compromiso es para él concreto y central.
La historia demuestra que la cooperación entre Estados no es una utopía. Pero requiere innovación institucional y personas dispuestas a participar en los acontecimientos, no solo a comentarlos. Pongamos la inteligencia artificial al servicio de esas personas y transformemos el orden global. Eso es posible
¿Es un objetivo realista?
Será difícil y llevará tiempo cambiar la arquitectura legal, pero podemos poner la inteligencia artificial al servicio de un mejor funcionamiento del sistema jurídico existente. Los medios se centran en lo que deciden líderes políticos como Putin, Netanyahu o Trump, pero hay muchas otras personas con poder de decisión. El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles es un buen ejemplo. La historia demuestra que la cooperación entre Estados no es una utopía. Pero requiere innovación institucional y personas dispuestas a participar en los acontecimientos, no solo a comentarlos. Pongamos la inteligencia artificial al servicio de esas personas y transformemos el orden global. Eso es posible.
