El Vaticano nombra un administrador apostólico en Rabat y suspende la jurisdicción del cardenal López Romero, mientras investiga las denuncias
El elegido para esa función es Mario León Dorado, sacerdote español y actual prefecto apostólico del Sáhara Occidental, territorio en el que desarrolla su ministerio desde hace casi 25 años
La archidiócesis de Rabat ha pasado formalmente a una etapa de gobierno provisional después de que el Vaticano designara al padre Mario León Dorado como administrador apostólico sede plena, en medio de la investigación abierta contra el cardenal Cristóbal López Romero a raíz de las acusaciones de violencia sexual.
La decisión llega tras semanas de tensión y de una creciente presión sobre la Iglesia marroquí, que intenta recomponer su gobierno interno sin anticipar conclusiones, mientras Roma examina los hechos.
En el comunicado enviado a los fieles, López Romero explica que la medida responde a la espera de los resultados de la investigación “realizada por la Santa Sede sobre la diócesis y sobre mí”, y precisa que seguirá siendo obispo titular de Rabat, aunque “con jurisdicción suspendida”.
La fórmula elegida por el Vaticano es significativa: el administrador apostólico asume el gobierno efectivo de la diócesis mientras el titular permanece en el cargo, pero no ejerce.
Quién es Dorado y qué cambia
El elegido para esa función es Mario León Dorado, sacerdote español y actual prefecto apostólico del Sáhara Occidental, territorio en el que desarrolla su ministerio desde hace casi 25 años.
El nombramiento le otorga “todos los derechos y facultades otorgados a los obispos residentes”, lo que en la práctica significa que podrá gobernar la archidiócesis con plena capacidad pastoral y administrativa durante el periodo de investigación.
La figura del administrador apostólico sede plena no es habitual, pero está prevista precisamente para estos casos en los que el obispo titular sigue formalmente en el cargo, aunque impedido o suspendido.
En la práctica, supone una intervención directa de Roma para asegurar la continuidad de la diócesis y evitar que la incertidumbre afecte a la vida pastoral, especialmente en una iglesia pequeña, minoritaria y muy dependiente del equilibrio institucional.
El peso de unas acusaciones graves
La decisión vaticana se produce después de la AFP (agencia de noticias francesa) revelara el pasado 8 de julio que al menos cinco mujeres acusaban a López Romero de agresión sexual y conducta inapropiada.
El caso golpeó de lleno la imagen de uno de los cardenales españoles más conocidos en África y que, hasta hace poco, figuraba entre los nombres que en 2025 sonaban como posibles sucesores de Francisco.
Hasta el momento, según la información difundida por AFP, no se ha presentado denuncia ante la justicia marroquí, algo confirmado por la fiscalía y la policía. En respuesta a la agencia, el cardenal negó las acusaciones y afirmó no haber cometido “ni agresión, ni violencia, ni acoso sexual”. Poco después, anunció que se apartaba de sus funciones para no obstaculizar la investigación preliminar de la Santa Sede.
Una diócesis en la que faltaba la escucha
Más allá de la dimensión canónica, el caso ha abierto también una crisis de confianza. Algunas fuentes citadas por AFP sostienen que las dos supuestas víctimas cuyos testimonios fueron recogidos no han recibido aún ninguna solicitud de audiencia por parte de la Santa Sede.
Otras voces próximas al caso aseguran que varias personas que intentaron denunciar o acompañar a las afectadas se sintieron marginadas por la archidiócesis desde que las acusaciones se hicieron públicas.
Ese malestar explica que el nombramiento de Dorado haya sido recibido con esperanza por quienes reclaman una mayor atención a las víctimas y una gestión menos defensiva del caso. En palabras de algunas fuentes consultadas por AFP, la llegada del administrador podría abrir, por fin, una etapa de mayor cercanía pastoral y de escucha real.
El desafío para Roma
La Santa Sede no ha comunicado todavía un calendario para la investigación ni ha aclarado el alcance temporal de la suspensión de jurisdicción de López Romero. Sí ha dejado claro, en cambio, que no quiere que la crisis paralice la diócesis. La solución adoptada permite sostener el gobierno pastoral mientras se esclarecen unos hechos que tienen también una evidente dimensión eclesial y simbólica.
Rabat entra así en una fase delicada, con un administrador apostólico al frente, un arzobispo-cardenal apartado de la gestión y unas víctimas que, por ahora, siguen esperando ser escuchadas plenamente. El movimiento de Roma busca ordenar la casa; la cuestión de fondo es si logrará además restaurar la confianza.
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