"Una casa para vivir, un hogar para crecer": oportuna y certera nota del obispo de San Sebastián ante el drama de la vivienda

El obispado de San Sebastián acaba de hacer pública una nota de su obispo coincidiendo “casualmente” con otro texto publicado en el 2024 donde monseñor Fernando Prado se hacía eco del problema de la vivienda. 

Comienza la carta exponiendo la situación que todos conocemos.  El segundo párrafo es una valoración humana y cristiana de lo que la Iglesia entiende por vivienda.  El tercer párrafo expone lo que sería deseable que toda la Iglesia entendiese por hacerse presente en la vida pública.  El cuarto párrafo no puede ser más actual, recoge la convocatoria electoral que hoy se ha hecho pública por parte del Presidente del Gobierno. 

A partir de ahí la nota es propositiva y trata de implicar a todos los agentes y sectores sociales que pueden, y deben, hacer algo para solucionar el problema de la vivienda en España. Y no excluye a nadie, más aún llama a la comunidad cristiana a ser parte de la solución. Y no lo hace tirando balones fuera, lo hace mirándose al espejo y haciendo una invitación a la autocrítica. 

Expresamente no estoy incluyendo ninguna cita textual para invitarles a leerla íntegra, que para ello adjunto seguidamente el texto.

Los dos últimos párrafos son una síntesis de todo lo que de manera un poco más extensa ha dicho. 

Ahora sí el texto completo para su lectura:

«Una casa para vivir, un hogar para crecer» Nota ante la cuestión actual de la vivienda

En estos días, la cuestión de la vivienda ocupa nuevamente buena parte de nuestra conversación pública. Las dificultades para acceder a una vivienda digna afectan cada vez a más personas y familias y, de manera especial, a muchos jóvenes que, aun teniendo un trabajo —como ya escribí en mi carta pastoral En Él, nuestra Esperanza (2024)— encuentran enormes obstáculos para independizarse, formar una familia y construir su propio proyecto de vida. En aquella carta decía que el acceso a la vivienda «es uno de nuestros más graves problemas sociales». 

Es el espacio en el que una persona puede echar raíces, cuidar y ser cuidada, educar a sus hijos y desarrollar una vida digna. No puede ser considerada ni sola ni primariamente como un bien económico. Por eso, cuando el acceso a ella se convierte para muchos en una dificultad casi insuperable, estamos ante un problema que afecta seriamente al bien común.

La Iglesia no entra ordinariamente en el juicio técnico sobre cada medida concreta que se debate, ni quiere sustituir el legítimo discernimiento de los poderes públicos acerca de las medidas concretas que deban adoptarse en esta materia. No obstante, eso no significa que deba permanecer al margen de su valoración moral: no todo lo que una ley permite o establece es, por ese solo hecho, justo o moralmente aceptable. Por ello, cuando están en juego la dignidad de las personas, sus derechos fundamentales y el bien común, la Iglesia tiene el deber de ofrecer una palabra que ilumine y dé criterios, recordando algunos principios fundamentales de su doctrina social: la dignidad de toda persona, el destino universal de los bienes, el derecho a la propiedad y su función social, la solidaridad y la responsabilidad de todos en la búsqueda del bien común.

Precisamente por la gravedad y complejidad del problema, y más aún cuando nuestro país se dispone a afrontar un nuevo proceso electoral, quizá sea este un buen momento para considerar que la cuestión de la vivienda necesita un esfuerzo colectivo capaz de mirar más allá de los tiempos electorales y de la legítima confrontación de partidos. Ese esfuerzo colectivo, para culminar con una solución compartida y duradera, debería ser suficientemente amplio y estable, permitiendo estudiar serenamente la realidad, escuchar a quienes mejor la conocen, debatir las distintas alternativas y acordar aquellas medidas más eficaces y sostenibles a medio y largo plazo. 

Probablemente ningún acuerdo conseguirá resolver por completo una cuestión tan compleja en la que confluyen tantos factores. Pero alcanzar consensos básicos, ofrecer estabilidad a las políticas de vivienda y perseverar durante años en una misma dirección sería ya un paso importante

Un esfuerzo de esta naturaleza debería implicar no solo a las distintas fuerzas políticas y a las administraciones públicas, sino también incorporar la experiencia y el conocimiento de expertos, entidades sociales, agentes económicos, propietarios, promotores, organizaciones que trabajan junto a las personas más vulnerables y otros representantes de la sociedad civil. La complejidad del problema exige escuchar muchas voces, estudiar con rigor las distintas propuestas y buscar soluciones realistas y duraderas, capaces de trascender las legítimas diferencias políticas y las respuestas meramente coyunturales.

Probablemente ningún acuerdo conseguirá resolver por completo una cuestión tan compleja en la que confluyen tantos factores. Pero alcanzar consensos básicos, ofrecer estabilidad a las políticas de vivienda y perseverar durante años en una misma dirección sería ya un paso importante. Hay asuntos que, por afectar tan directamente a la dignidad y al futuro de las personas, merece la pena abordarlos así. La convocatoria electoral que se abre puede ser ocasión para que las diferentes fuerzas políticas presenten con claridad sus propuestas en esta materia, evitando convertir el sufrimiento y las legítimas preocupaciones de tantas personas en un instrumento de confrontación. Sería deseable que, más allá de las diferencias entre programas, pudiera ir madurando desde ahora la voluntad de alcanzar después acuerdos suficientemente amplios y duraderos. 

También nosotros, como comunidad cristiana, estamos llamados no solo a participar responsablemente en este debate público, sino a dejarnos interpelar por él. La responsabilidad no corresponde únicamente a los poderes públicos. Un problema de esta magnitud reclama, en distinta medida y según las posibilidades y responsabilidades de cada uno, la colaboración de administraciones, agentes económicos y sociales, instituciones y ciudadanos. También alcanza a la Iglesia.

La Iglesia necesita sus bienes y recursos para sostener su misión pastoral, atender sus comunidades, conservar responsablemente el patrimonio que le ha sido confiado y servir a quienes más lo necesitan. Pero precisamente porque los bienes son necesarios y valiosos, administrarlos bien forma parte también de nuestra responsabilidad. Por ello debemos preguntarnos con sinceridad si los gestionamos de la mejor manera posible y si, allí donde las circunstancias lo permitan, podemos poner algunos de ellos al servicio de nuevas necesidades sociales. También en este ámbito estamos llamados a un discernimiento permanente y a una creciente coherencia evangélica.

No se trata de proponer soluciones fáciles ni de exigir a unos lo que no corresponde exigir a todos. Se trata más bien de reconocer que ante un problema tan serio cada cual está llamado a preguntarse qué puede aportar desde su propia situación, sus posibilidades y sus responsabilidades.

Porque una vivienda es mucho más que cuatro paredes: es el lugar donde una vida puede echar raíces y convertirse en hogar para crecer. Es lo primero que, siendo niños, nos enseñaron a dibujar. Favorecer que cada vez más personas puedan acceder a este bien tan preciado merece un debate público sereno y responsable, propuestas realistas, acuerdos duraderos y el esfuerzo compartido de todos. 

En tiempo electoral necesitamos recordarnos, más aún si cabe, que, más allá de nuestras legítimas diferencias, el bien común debe seguir siendo un empeño responsable de todos. Recordar las tan aplaudidas palabras de nuestro papa León XIV, invitando a todos a “abandonar las narrativas divisivas y polarizantes”, pronunciadas en su reciente viaje apostólico, sin duda, nos hará mucho bien. 

+ Fernando Prado Ayuso, CMF

 Obispo de San Sebastián

Non solum sed etiam 

Desde el respeto a D. Fernando Prado, pero haciendo uso de mi libertad y costumbre en mi blog, permítanme un Non solum sed etiam.

El primer párrafo que destaco es el tercero: “La Iglesia no entra ordinariamente en el juicio técnico sobre cada medida concreta que se debate, ni quiere sustituir el legítimo discernimiento de los poderes públicos acerca de las medidas concretas que deban adoptarse en esta materia.” Ojalá Prado pudiese hablar en nombre de toda la Iglesia en España, pero todos conocemos que esta no es la actitud de algunos prelados que llevan más allá de lo necesario, oportuno, correcto, y responsable sus declaraciones en algunas cuestiones. 

Esto no invalida la frase que escribe también el obispo de San Sebastián: “eso no significa que deba permanecer al margen de su valoración moral: no todo lo que una ley permite o establece es, por ese solo hecho, justo o moralmente aceptable.” El problema es que cuando se tiene más vocación política que pastoral. 

¿Por qué triunfó el discurso de León XIV en el Congreso? porque se ajustó precisamente a esto que apunta Fernando Prado. 

Agradezco también esa mirada crítica ad intra cuando dice refiriéndose a las propiedades de la Iglesia: “debemos preguntarnos con sinceridad si los gestionamos de la mejor manera posible y si, allí donde las circunstancias lo permitan, podemos poner algunos de ellos al servicio de nuevas necesidades sociales. También en este ámbito estamos llamados a un discernimiento permanente y a una creciente coherencia evangélica.”

Y concluyo recogiendo las últimas líneas de su nota: “En tiempo electoral necesitamos recordarnos, más aún si cabe, que, más allá de nuestras legítimas diferencias, el bien común debe seguir siendo un empeño responsable de todos. Recordar las tan aplaudidas palabras de nuestro papa León XIV, invitando a todos a “abandonar las narrativas divisivas y polarizantes”, Porque, hoy que muchos amenazan con el regreso del franquismo y otros fantasmas, yo tampoco quiero un régimen fascista ni dictatorial, pero lo que es un hecho es que en el franquismo nuestros abuelos y nuestros padres pudieron hacerse con una (o más) casa, de las que hoy nos beneficiamos, hemos vivido en ellas y alguno de ellas. Hace falta vivienda pública ya, y no una ni dos, millones de viviendas asequibles. Y eso no es ni socialismo ni franquismo, eso es justicia. Por eso, en las próximas elecciones quien anteponga y garantice con cifras y letras un parque público de vivienda accesible para todos, contará con mi voto. Le daré cuatro años para cumplir su palabra.