¿Qué hemos hecho con la independencia? En el 58.º aniversario de la independencia de Guinea Ecuatorial (por Eduardo Losoha)

El 12 de octubre está cargado de celebraciones, que si la Virgen del Pilar para los que sienten una España tierra de María, para el pueblo aragonés, por supuesto; para la Guardia Civil que la tiene como patrona; el Día de la Hispanidad, con sus desfiles militares y el recuerdo a lo que para unos fue una gesta y para otros … otra cosa. El 12 de octubre de 1492 es una fecha para el recuerdo, con diversidad de matices e interpretaciones. 

El 12 de octubre será el cumpleaños de alguien, el aniversario de boda o bautizo, o la despedida de un ser querido. Hay más 12 de octubre que solo son importantes para algunos, por ejemplo el 12 de octubre de 1968. Ese día Guinea Ecuatorial alcanzó su independencia. ¿A quién le importa? A los guienano-ecuatorianos, sin duda, a los que viven en el país y a los que han tenido que huir y vivir en la diáspora, en el exilio. 

Uno de ellos, eduardo Losaha ha querido recordar esta efeméride con un texto que les comparto con su permiso. Se lo ofrezco íntegro, y al final haré un breve “Non solum sed etiam” que me caracteriza. 

“12 de octubre de 2026 El 12 de octubre de 1968, Guinea Ecuatorial alcanzó su independencia. A quienes hicieron posible aquel acontecimiento les debemos reconocimiento. Pero cincuenta y ocho años después, honrar su lucha exige algo más que celebrar una fecha: exige preguntarnos qué hemos hecho con la libertad que debía comenzar entonces.

1 Una bandera propia no basta si hay personas que temen expresar lo que piensan. Un gobierno nacional no basta si los ciudadanos no pueden pedirle cuentas. Y la riqueza de un país no merece ese nombre si sus beneficios quedan fuera del alcance de buena parte de su población. No hablamos de preocupaciones abstractas. Amnistía Internacional ha documentado detenciones arbitrarias y obstáculos a la defensa de los derechos humanos. En su informe sobre 2025 señaló que la familia y el abogado del defensor Joaquín Elo Ayeto seguían sin conocer su suerte tras su traslado de prisión. También recogió el caso de manifestantes de Annobón cuya detención había sido declarada arbitraria por un grupo de trabajo de las Naciones Unidas. ¿Qué sentido tiene una fiesta de la independencia para una familia que no logra saber dónde está su hijo, su padre o su hermano?

2 El informe Freedom in the World 2026, de Freedom House, sigue calificando a Guinea Ecuatorial como un país no libre y describe elecciones sin libertad ni equidad, concentración familiar del poder y represión de la sociedad civil. La existencia de instituciones y votaciones no basta cuando las personas no pueden ejercer sus derechos políticos en condiciones de libertad.

3 Los acontecimientos recientes obligan a mantener esa exigencia. En septiembre de 2026, la Fiscalía declaró terrorista a la coalición opositora CORED y anunció recompensas por sus dirigentes. Una acusación de esa gravedad exige pruebas que puedan ser examinadas y contradichas ante tribunales independientes. La seguridad del Estado no puede convertirse en una autorización para silenciar la oposición ni para poner en peligro a quienes viven en el exilio.

4 Debemos hablar también del patrimonio común. Durante años, los recursos naturales generaron ingresos extraordinarios. Pese a ello, el Banco Mundial estimó que en 2024 el 57 % de la población vivía por debajo del umbral de pobreza utilizado en su informe. Esa cifra no identifica al responsable de cada carencia ni establece por sí sola el destino de cada ingreso. Sí obliga a exigir una explicación: cuánto se recibió, en qué se empleó, quién obtuvo los contratos y por qué la riqueza nacional no se ha traducido en una vida digna para todos.

5 Aquí aparece una cuestión que ya no podemos atribuir únicamente al pasado. Hay autoridades de nuevas generaciones que han recibido posiciones de poder y patrimonios formados mientras sus mayores gobernaban. Otras han tenido ocasión de ampliar esos patrimonios desde sus propios cargos. Ser hijo o nieto de un gobernante no constituye una culpa. Heredar un bien tampoco demuestra, por sí mismo, que sea ilícito. Pero ningún apellido dispensa de explicar el origen de una fortuna vinculada al poder; y ningún heredero adquiere un derecho moral a conservar lo que uno pudiera haberse obtenido a costa del patrimonio de todos. La procedencia de cada bien debe establecerse mediante pruebas e investigaciones independientes, con pleno respeto a las garantías jurídicas. La exigencia de esclarecer su origen tiene antecedentes concretos. En Francia quedó firme en 2021 la condena del vicepresidente Teodoro Nguema Obiang Mangue en el caso de los bienes mal adquiridos, junto con la confiscación de bienes situados en ese país. En Estados Unidos, un acuerdo de decomiso civil de 2014 le obligó a desprenderse de activos valorados en más de 30 millones de dólares. Son actuaciones judiciales diferentes; ninguna autoriza a declarar culpable a cualquier otra persona por parentesco. Ambas muestran, sin embargo, que investigar grandes patrimonios ligados al ejercicio del poder es una exigencia de justicia, no una falta de patriotismo.

6 A las autoridades actuales, especialmente a las más jóvenes, quisiera decirles algo con claridad. No se os pide que respondáis por actos ajenos únicamente porque los cometieran vuestros mayores. Se os pide que respondáis por vuestras decisiones. Por lo que hoy sabéis y decidís investigar. Por los recursos que administráis. Por las libertades que protegéis o restringís. Por las personas a quienes escucháis y por aquellas a quienes impedís hablar. Algunas habéis estudiado en países donde pudisteis comprobar que la crítica pública no destruye las instituciones y que un cargo no coloca a nadie por encima de la ley. Ese aprendizaje os obliga a preguntaros qué estáis haciendo ahora con la oportunidad de gobernar de otra manera. Aún podéis contribuir a abrir las cuentas, proteger a quienes denuncian abusos y permitir una justicia independiente. Llegará el día en que vuestras decisiones deberán explicarse ante vuestros conciudadanos, ante la historia y, cuando existan hechos probados y tribunales competentes, ante la justicia. La independencia plantea, además, una pregunta dirigida al propio Estado: ¿quién habla en nombre de los pueblos que lo conforman? El pueblo bubi de la isla de Bioko, los pueblos annobonés y ndowé y los demás pueblos y comunidades deben poder preservar su identidad y participar efectivamente en las decisiones sobre su territorio, sus recursos y su desarrollo político, económico, social y cultural. Nombrar para un cargo a alguien perteneciente a una comunidad no equivale a que esa comunidad lo haya elegido para representarla. La representación genuina exige libertad para organizarse, escoger interlocutores, disentir y comprobar que su voz influye en las decisiones. Cincuenta y ocho años después, los pueblos bubi, annobonés y ndowé, junto con los demás pueblos y comunidades excluidos de una participación libre y efectiva, no tienen motivos para celebrar como realizada la promesa de 1968. La independencia debía abrir un horizonte de libertad, democracia, desarrollo y bienestar. 

Mientras no puedan escoger libremente a sus representantes, influir en las decisiones que afectan a su existencia y beneficiarse justamente de los recursos comunes, esa promesa seguirá pendiente. No basta con que el Estado sea independiente frente al exterior si, dentro de él, sus pueblos carecen de poder efectivo para decidir sobre su futuro. Pertenecer a un pueblo no equivale a haber recibido de él un mandato para representarlo. La representación legítima nace de la elección libre y exige rendir cuentas a quienes se representa.  

Por eso, el 12 de octubre puede ser para estos pueblos una jornada de memoria, duelo y reivindicación. Nadie tiene derecho a exigirles entusiasmo por una celebración que no refleja su experiencia. El respeto a su dignidad comienza por reconocer su derecho a expresar el desacuerdo y a reclamar una organización política en la que su voz tenga consecuencias reales. 

La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos afirma la igualdad de los pueblos, rechaza la dominación de uno por otro y reconoce sus derechos a la libre determinación, a los recursos y al desarrollo. Reconoce también la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Estos principios deben encontrar una expresión real en Guinea Ecuatorial mediante un diálogo libre con los propios pueblos afectados.

7 Esa reclamación requiere solidaridad entre los ciudadanos, no hostilidad entre comunidades. Defender la identidad y los derechos de los pueblos bubi, annobonés y ndowé, o de cualquier otro pueblo no significa negar los derechos de nadie. Significa pedir que todos puedan vivir con dignidad y que ninguno dependa de la voluntad de otros para ser escuchado. La comunidad internacional también tiene responsabilidades. Los Estados que cooperan con Guinea Ecuatorial, las empresas que hacen negocios allí y las instituciones que financian proyectos deben mirar más allá de sus acuerdos con las autoridades. Deben escuchar a la sociedad civil y a los pueblos afectados, exigir transparencia sobre los recursos y colaborar en la recuperación de los bienes obtenidos ilícitamente. La cooperación tampoco puede ignorar los riesgos de los acuerdos migratorios. 

El 28 de septiembre de 2026, expertos independientes de las Naciones Unidas pidieron detener las deportaciones estadounidenses a terceros países por el riesgo de abusos, entre ellos tortura y persecución. Reuters recogió esa advertencia y las preocupaciones sobre el trato a personas enviadas a Guinea Ecuatorial. Quienes colaboran con el país deben exigir garantías verificables de protección y acceso a asistencia jurídica, y responder por las consecuencias de sus acuerdos.

8 Cuando se recuperen activos, su devolución debe ser verificable y beneficiar realmente a la población; no puede convertirse en una nueva oportunidad de apropiación. El destino acordado en 2021 para fondos procedentes del decomiso civil estadounidense —vacunas, medicamentos y suministros médicos— muestra la importancia de concretar a quién debe beneficiar una recuperación patrimonial.

9 Por eso este aniversario debería dejar compromisos comprobables: publicar los ingresos y contratos relacionados con los recursos naturales; someter los patrimonios e intereses de los altos cargos a un control independiente; investigar las denuncias de detenciones y otros abusos; proteger a quienes defienden derechos; y abrir procesos en los que los pueblos afectados estén representados por personas escogidas libremente por ellos. El Estado no es patrimonio hereditario de quienes lo gobiernan. Sus recursos deben servir a la población, y los pueblos que lo integran deben poder decidir libremente sobre su futuro. Mientras eso no ocurra, no encuentro razones para pedir a los pueblos bubi, annobonés y ndowé, ni a quienes siguen excluidos, que celebren como cumplida la independencia. Encuentro razones para escuchar su dolor, reconocer sus derechos y exigir cambios.  

Cincuenta y ocho años después, la celebración debe dar paso a la rendición de cuentas. La libertad pendiente de las personas y de los pueblos es la tarea que este aniversario nos obliga a afrontar.”

Firma: Eduardo Losoha Belope 

Fuentes documentales empleadas: 1. Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory. The Process of Decolonization of Equatorial Guinea. Consultar fuente 2. Amnistía Internacional. Guinea Ecuatorial 2025. Consultar fuente 3. Freedom House. Freedom in the World 2026 — Equatorial Guinea. Consultar fuente 4. Fiscalía General de Guinea Ecuatorial. Comunicación del 21 de septiembre de 2026 sobre la resolución núm. 08/2026, fechada el 14 de septiembre, relativa a CORED y las recompensas por sus dirigentes. Fuente para acreditar el anuncio oficial, no la veracidad de sus acusaciones. Consultar fuente 5. Banco Mundial. Equatorial Guinea Economic Update, 21 de julio de 2025. La estimación citada utiliza el umbral de 6,85 dólares diarios en paridad de poder adquisitivo de 2017. Consultar fuente 6. Sherpa. Comunicación sobre la condena firme y confiscación en Francia, 29 de julio de 2021. Consultar fuente 6. Departamento de Justicia de Estados Unidos. Acuerdo de decomiso civil, 10 de octubre de 2014. Consultar fuente 7. Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Carta Africana, artículos 13 y 1922. Consultar fuente 8. Reuters. UN experts call for halt to Trump policy of migrant deportations to third countries, 28 de septiembre de 2026. Consultar fuente 9. Departamento de Justicia de Estados Unidos. Acuerdos sobre el destino sanitario de fondos procedentes del decomiso civil, 20 de septiembre de 2021. 

Non solum sed etiam 

Por si alguno no lo recuerda Guinea Ecuatorial fue colonia española, y su independencia fue un acuerdo pactado por España y la ONU y una escasa representación de los diversos pueblos que habitaban en la Colonia. Pueblos que preferían optar por una división de territorios antes que por la unificación que se sabía de antemano quedaría en manos de una de las etnias mayoritarias dando paso a dictaduras, hoy la más longeva sobre la faz de la tierra. 

Pueblos que hubiesen votado si les hubiesen preguntado por ser una Comunidad Autónoma más. España se desentendió de aquellos españoles a los que no se les aplicará ley de de nietos, ni de primos ni sobrinos. Guineano-ecuatorianos que hoy son españoles acogidos por ser perseguidos de su país. 

Un 12 de octubre que España evita recordar, pero lo españoles guineano-ecuatorianos vueltos a nacionalizar siguen recordando, hablando a las nuevas generaciones de dirigentes del país que van ocupando cargos bajo el manto de un régimen que ellos mismos deberían desmantelar y pasar a la historia por los que verdaderamente concedieron la libertad al pueblo Guineano, y para no liarla que la fecha clave no sea un 12 de octubre. 

Hecho en falta las referencias a los papeles de la Iglesia a lo largo de estos 58 años, con sus luces y sus sombras. Pero bueno de eso ya se ha hablado. Nunca más se supo del asesinato del último sacerdote, el que se cargaron a cuatro días de la llegada de León XIV.