"La publicación incurre en un delito muy grave de violación de la intimidad y revelación de secretos, tanto según las leyes peruanas como las españolas" InfoVaticana contra Mons. Jordi Bertomeu: ¿quién esta cometiendo delito?

El 25 de noviembre de este año, InfoVaticana, “un portal independiente y ultraconservador de información sobre la Iglesia católica” —como lo define la Wikipedia—, publicó una noticia que llevaba el título de “El Vaticano pidió dinero a cambio de encubrir al Sodalicio en una investigación del FBI por lavado de activos”. La nota tiene como única fuente un audio de poco más de cinco minutos y medio —evidentemente editado de una conversación más larga—, donde se escucha la voz de Mons. Jordi Bertomeu, funcionario vaticano designado comisario pontificio para la liquidación del Sodalicio.

Según InfoVaticana, el audio supuestamente devela una propuesta ilícita e inmoral de Bertomeu: le estaría proponiendo a un representante del Sodalicio de Vida Cristiana encubrir los delitos de lavado de activos de la institución —que supuestamente estarían siendo investigados en Estados Unidos por el FBI—, emitiendo el Vaticano un comunicado favorable, a cambio de la entrega de dinero para reparar a las víctimas de abusos del Sodalicio. Un fin loable, logrado mediante un acto de corrupción. Y todos sabemos que en el marco de una ética racional, el fin no justifica los medios.

Sin embargo, la nota informativa en cuestión no cumple con estándares periodísticos mínimos. No se dice de cuándo es el audio, con quién está conversando Mons. Bertomeu, dónde fue grabado y ni siquiera está completo. Tampoco se corrobora mediante otras fuentes lo que allí se dice. No se recoge la versión del FBI, ni tampoco la de Mons. Bertomeu, ni de ningún representante del Vaticano o de algún representante del desaparecido Sodalicio. Es decir, no se contrasta nada y no hay contextualización alguna que nos permita evaluar e interpretar correctamente lo que escuchamos.

InfoVaticana infiere de lo que se escucha que ya existía en ese momento una investigación formal del FBI, incoada por iniciativa de las autoridades estadounidenses, cuando no hay ninguna lógica en llegar a esa conclusión si la única fuente es el audio de marras. Lo que se escucha claramente es que los indicios de lavado de activos los descubre el Vaticano —suponemos que a través de su Comité de Seguridad Financiera a pedido de Mons. Bertomeu—, información que habría de ser trasmitida a las autoridades judiciales de EE.UU. a través de la embajada de este país en Roma. Todo lo contrario de un acto de encubrimiento.

Lo correcto es suponer, a lo más, que ha habido primeros contactos con las autoridades estadounidenses, pero no que exista una investigación federal en curso en los Estados Unidos que inculpe al Sodalicio por lavado de activos y otros delitos financieros y tributarios. Por lo tanto, el título de la nota informativa de InfoVaticana es tendencioso e induce a engaño.

Lo que propone Mons. Bertomeu se encuadraría dentro de una negociación para lograr que miembros del Sodalicio involucrados en las movidas delictivas obtengan a futuro un trato benigno de parte de la justicia norteamericana, a cambio de reparar el daño que la institución ha ocasionado a las víctimas, devolviendo parte del dinero mal habido. Bertomeu insiste una y otra vez en que el Vaticano informará de todo a las autoridades judiciales norteamericanas, lo cual no es negociable. El Vaticano solicitaría mediante un parecer escrito una decisión más benévola en el posible juicio a representantes de asociaciones vinculadas al Sodalicio, en el caso de que sus representantes reparasen adecuadamente con anterioridad a las víctimas y a las diócesis afectadas.

Nos hallamos ante un procedimiento usual en el sistema de justicia norteamericano (“plea bargaining”), donde se puede negociar las acusaciones y las penas antes del juicio propiamente dicho, a fin de llegar a un acuerdo extrajudicial que evite no sólo las incertidumbres que genera un largo proceso judicial, sino gastos innecesarios y pérdida de tiempo.

Si se trataba de una negociación de este tipo, el interlocutor de Bertomeu no puede ser otro que el abogado Gonzalo Flores Santana, representante legal del Sodalicio en temas sensibles como reparaciones a víctimas y bienes patrimoniales, como lo confirman varias fuentes, las cuales además dan fe de su cercanía al P. Jaime Baertl, el capitoste de las finanzas sodálites, expulsado del Sodalicio por orden del Papa Francisco. La reunión habría ocurrido en febrero de este año en la sede de la nunciatura apostólica en Lima.

No se ve que haya evidencias de nada delictivo en las propuestas de Jordi Bertomeu, al contrario de lo que nos quiere hacer creer la nota de InfoVaticana, un medio conocido por su falta de rigurosidad periodística y su manejo propagandístico de la información a favor de una posición “católica” ultraderechista que presenta características de ese “fascismo eterno” descrito por el filósofo italiano Umberto Eco.

Y si bien, según la legislación peruana y la española, no existiría delito por parte de Flores Santana al haber grabado en secreto la conversación —pues él era parte de ella—, sí habría delito en haberla difundido a través de un medio como InfoVaticana, sin el consentimiento de todos los que participaron de ella, es decir, también de Mons. Bertomeu. Gonzalo Flores debería aclarar si fue él mismo quien proporcionó el audio a este medio, o si fueron otros con los cuales habría compartido esa conversación efectuada en privado en una sede diplomática del Vaticano ante un funcionario que goza de inmunidad diplomática.

La publicación de InfoVaticana incurre en un delito muy grave de violación de la intimidad y revelación de secretos, tanto según las leyes peruanas como las españolas. Y en eso también tiene responsabilidad Gonzalo Flores, ya sea que él mismo haya entregado la grabación a ese medio, ya sea que hayan sido otros a los cuales Flores se las habría compartido. Lo cual haría sospechar que detrás de todo esto estaría la siniestra mano de exmiembros prominentes del extinto Sodalicio de Vida Cristiana. 

Aunque Flores nunca ha sido miembro consagrado del Sodalicio, actúa como asesor legal clave y apoderado en estructuras vinculadas al grupo, especialmente en temas financieros y patrimoniales. Esta conexión ha sido documentada en investigaciones periodísticas, reportajes y denuncias judiciales en el contexto de la supresión vaticana del Sodalicio y de sus ramificaciones, como el Movimiento de Vida Cristiana (MVC), la Fraternidad Mariana de la Reconciliación y las Siervas del Plan de Dios.

Flores es el apoderado legal de la asociación civil “Persona, Vida y Familia” (fundada por Giuliana Caccia Arana, Sebastián e Ignacio Blanco Eguiluz), una entidad con vínculos directos al Sodalicio. Esta asociación promueve valores conservadores (por ejemplo, oposición a la educación sexual integral) y ha sido calificada como “brazo laico” del Sodalicio para influir en debates públicos. Caccia y los Blanco —simpatizante leal, la primera, y exmiembros, los segundos— han sido acusados de campañas contra víctimas del Sodalicio y contra el investigador vaticano Jordi Bertomeu.

Flores también es miembro vocal de la “Foundation Santa Rosa de Lima”, offshore en Denver, EE.UU., una entidad vinculada al Sodalicio. Esta fundación gestiona patrimonios eclesiásticos, como los nueve cementerios del Sodalicio en el Perú, clasificados irregularmente como “misiones” para lograr exenciones tributarias bajo el concordato Perú-Vaticano, obteniendo un lucro millonario al abusar de este tratado internacional.

Como canonista, Flores ha asesorado a la Conferencia Episcopal Peruana en temas eclesiásticos y ha representado intereses del Sodalicio en negociaciones sensibles, incluyendo la misión vaticana de 2023 (Scicluna-Bertomeu) sobre reparaciones a víctimas y disolución del grupo.

En el contexto de las reuniones con Bertomeu (misión Scicluna-Bertomeu), Flores aparece mencionado como intermediario clave en negociaciones sobre reparaciones a víctimas y bienes del Sodalicio. Varios reportajes lo sitúan como “representante del Sodalicio” en encuentros similares, donde se barajan temas como “evitar escándalos” y transferencias financieras.

Más allá de la responsabilidad de Flores, InfoVaticana, como medio de comunicación con sede en España (registrado en Madrid), estaría cometiendo delitos graves al publicar el audio grabado en la nunciatura apostólica de Lima. La difusión vulnera la intimidad de los participantes —incluyendo al delegado vaticano Jordi Bertomeu— y carece de consentimiento, configurando delitos de revelación de secretos y violación de la intimidad tanto en el derecho español (jurisdicción principal por ser el lugar de publicación) como en el peruano (por los hechos ocurridos en Perú y posibles querellas transfronterizas).

A esto se sumaría el delito de difamación, pues el audio muestra a Jordi Bertomeu discutiendo estrategias para “saneamiento” interno de irregularidades financieras del Sodalicio —incluyendo “lavado de activos” detectado por el Vaticano—, pagos a víctimas y una “carta de garantía” que informaría a las autoridades norteamericanas de que el caso está “resuelto internamente”. Sin embargo, InfoVaticana lo enmarca como una “maniobra para encubrir” con “dinero a cambio”, lo que implica dolo criminal, lo cual no es explícito en el audio, sino inferido y sensacionalizado por este medio “informativo”. Esto podría vulnerar el honor de Bertomeu y del Vaticano, especialmente sin contexto completo ni verificación de la cadena de custodia, es decir, sin garantía de tener un audio que no haya sido editado o descontextualizado.

En conclusión, si nos ponemos a pensar quién habría cometido delito, el fiel de la balanza se inclina hacia Gonzalo Flores Santana y su caja de resonancia que es InfoVaticana. Y es algo sobre lo cual deberían reflexionar y rectificar, antes de que los afectados se vean en la necesidad de tomar medidas judiciales.