Dos días de luto impuesto por el alcalde socialista de La Laguna: apoyar a un encubridor es tomar partido por el agresor La mitificación de Bernardo Álvarez: retrato de una sociedad hipócrita
"Decretar 2 días de luto oficial. Sin embargo, el Ayuntamiento de La Laguna quiso honrarlo de esa manera exagerada y artificiosa"
"Con este tipo de gestos, se demuestra que, cuando se trata de la Iglesia, las instituciones públicas se ponen a sus pies, genuflexas, se acobardan y callan"
"En el fallecido, se cumplen las condiciones que lo convierten en paradigma de la impunidad que, aún hoy, disfruta el clero en un estado aconfesional"
"Encubrimiento y vida santa son conceptos incompatibles. Y la misericordia, sin verdad ni reparación, no existe. Pues es indisociable de la justicia que el clero predica"
"En el fallecido, se cumplen las condiciones que lo convierten en paradigma de la impunidad que, aún hoy, disfruta el clero en un estado aconfesional"
"Encubrimiento y vida santa son conceptos incompatibles. Y la misericordia, sin verdad ni reparación, no existe. Pues es indisociable de la justicia que el clero predica"
| Ciro Molina de León, superviviente de la pederastia eclesial
Los tañidos de las campanas anunciaron la muerte de Bernardo Álvarez, obispo emérito de Tenerife. Y con ellos vinieron las loas y los vítores hacia su figura, como si el óbito lo convirtiera en bueno y santo; en ese modelo de pastor del que distó ser; o como si su episcopado hubiese destacado por la humanidad que tuvieron otros mitrados.
Para mostrar respeto hacia un difunto, basta con dirigirse a sus familiares y seres queridos, tener un gesto humano y hacerle un entierro digno. Eso no exige, ni mucho menos, decretar 2 días de luto oficial. Sin embargo, el Ayuntamiento de La Laguna quiso honrarlo de esa manera exagerada y artificiosa. Y aunque el poder político, religioso y militar se sume a dichos honores, sirvan estas palabras para dejar claro que no los merece, —ahí están sus polémicas—.
Menos aún, debió haberse producido el luto en una ciudad que se pronuncia frecuentemente a favor de la erradicación de cualquier tipo de violencia. La que han sufrido niños, niñas y adolescentes dentro de la Iglesia, también es violencia y una de las más execrables: la sexual. Con este tipo de gestos, se demuestra que, cuando se trata de la Iglesia, las instituciones públicas se ponen a sus pies, genuflexas, se acobardan y callan.
No es algo que sorprenda, puesto que esta misma corporación quiso impedir en octubre de 2022, —a quien escribe estas palabras—, que pudiera contar en el pleno municipal los abusos a los que me sometió un cura. De este modo, se pretendía visibilizar esta lacra, — que afecta a muchos sectores de la sociedad—, y contar con el apoyo de los representantes públicos para solicitar el cese del obispo por encubridor. Se trataba, pues, de una iniciativa simbólica que no tenía consecuencias jurídicas pero que conectaba con el concepto de justicia restaurativa.
Con el luto impuesto por el alcalde socialista de La Laguna, ¿dónde queda ahora la aplicación del criterio de separación de poderes mentado en aquel pleno de 2022? ¿Donde, la conciencia contra la violencia? ¿O el no ejercicio de la violencia institucional? Porque… apoyar a un encubridor es tomar partido por el agresor.
Como es conocido, desde que Bernardo Álvarez accedió al episcopado no hizo nada contra el cura pederasta y le permitió seguir ejerciendo a pesar de existir una denuncia previa de 2004. Tuvieron que pasar los años hasta que, debido a una segunda denuncia en 2014 y a las modificaciones del Derecho Canónico realizadas por el Papa Francisco, se vio obligado a iniciar un proceso canónico que demostró la validez de las acusaciones. El encargado de llevarlo a cabo fue Teodoro León, actual obispo auxiliar de Sevilla.
Álvarez, tampoco acompañó a la víctima al juzgado y, ni siquiera, le ofreció ayuda para que pudiera afrontar a un proceso judicial. Y eso que la ley lo obligaba a poner esos hechos en conocimiento de la justicia ordinaria.
En el fallecido, se cumplen las condiciones que lo convierten en paradigma de la impunidad que, aún hoy, disfruta el clero en un estado aconfesional. No fue investigado por la justicia civil dado que fue la propia Iglesia la que boicoteó esa vía. Tampoco por Juan Pablo II, ni Benedicto XVI. El único que hizo algo fue Francisco, que solicitó a la Diócesis resolver de manera satisfactoria al caso referenciado anteriormente.
Por tanto, se puede hablar de Bernardo Álvarez como encubridor durante al menos 10 años. Como así también lo demuestran las investigaciones del diario El País, que lo sitúan entre esos 61 prelados que ocultaron a pederastas. Y esto es así porque, sencillamente, hay documentación que lo demuestra. No son, pues, inventos ni falsas acusaciones.
Hete aquí que surge la pregunta de por qué, quiénes, o qué estructuras quieren que, una vez fallecido, continúe siendo una figura respetable o que se convierta en un símbolo de la sociedad tinerfeña.
¿Por qué la Diócesis, con el obispo Eloy a la cabeza, pretende mitificar a una persona de la que el pueblo sencillo e informado no guarda un grato recuerdo? ¿Por qué olvidar que dijo que quienes sufrimos abusos es porque provocamos a los adultos? ¿Por qué no traer al presente que comparó la homosexualidad con el alcoholismo? ¿Por qué nunca rindió cuentas sobre el incendio que sufrió la histórica Casa Salazar de La Laguna? ¿Por qué justificar todo ello y el resto de sus polémicas hablando de la debilidad humana?
Al obispo fallecido también lo mitifican los representantes públicos porque siguen siendo clericales, incluso el alcalde se muestra emocionado. Además de respetarlo por el poder que representa, no se han atrevido a cuestionarlo o a confrontarlo públicamente porque sus criterios están subyugados; porque se continúa mezclando la identidad colectiva con la religión, como si la primera no pudiera existir sin la segunda; y porque no solo ven en el traje talar o la dignidad episcopal un sinónimo de bondad e integridad, sino también ese disputado nicho de votos.
¿Puede una sociedad, en su noble pretensión de ser justa, seguir venerando a quienes protegieron a los agresores sexuales?
Con la construcción del relato mítico sobre la vida y ministerio de Álvarez, la Iglesia, una vez más, quiere proteger su reputación y prestigio. Así, cree mantener incólume la preservación de los elementos morales que han de regir la sociedad canaria. Como también marcar el terreno; recordar que ella es la que manda y desempeña el rol de guía espiritual; o colocarse en el lado bueno de la historia. De ahí, que para ella sea muy importante la presencia pública que ha exhibido en estos días.
Bernardo fue enterrado a los pies de La Candelaria y de los dos santos canarios que existen hasta la actualidad. Como si fuera a gozar de la plenitud que se le supone a la Virgen, al Hermano Pedro y a José de Anchieta. O al menos así se percibió a sí mismo. Y quiso dejar esa imagen inmortalizada para las futuras generaciones en el frío suelo de la catedral.
En esa elección vanidosa y arrogante, que consagra su mito para mantener la confianza del rebaño, para borrar las sombras de su pasado y cerrar filas ante las críticas, es perentorio recordar que nunca estuvo al lado de las víctimas de sus pederastas. Y que, en vez de unirse y abanderar su lucha, o ser propositivo, fue a remolque de lo que iba aconteciendo.
Podrán sacralizar a Bernardo y unirlo con la idea de que la Iglesia no se equivoca; incluso reescribir su pasado y anular con ello la memoria de las víctimas. Sin embargo, encubrimiento y vida santa son conceptos incompatibles. Y la misericordia, sin verdad ni reparación, no existe. Pues es indisociable de la justicia que el clero predica.