No se puede defender la ley tolerando la explotación

En este momento en que la regularización extraordinaria vuelve al centro del debate público en España, conviene precisar el fondo de la cuestión. No estamos ante un simple trámite administrativo ni ante una confrontación ideológica más. Estamos ante una situación que interpela directamente nuestra conciencia social y nuestra comprensión del bien común.

Cuando hablamos de regularización no hablamos de expedientes, sino de personas concretas que viven y trabajan entre nosotros. No son cifras. Son trabajadores agrícolas, cuidadoras internas, empleados de hostelería, padres y madres que sostienen familias aquí y en sus países de origen. El debate, por tanto, no puede reducirse a consignas. Es una cuestión jurídica, social y moral.

Existe un principio irrenunciable: la dignidad humana no depende de la situación administrativa. Nadie pierde su condición de persona por carecer de documentación. Al mismo tiempo, el Estado tiene el derecho y el deber de ordenar los flujos migratorios. La legalidad es necesaria para la justicia y la cohesión social. La cuestión no es elegir entre dignidad o ley, sino impedir que la defensa abstracta de la norma conviva con situaciones concretas de explotación.

Miles de personas llevan años trabajando en España sin situación regular. Están insertadas en sectores esenciales de nuestra economía. Pero esa irregularidad las coloca en una posición de extrema fragilidad: quien no tiene papeles difícilmente puede reclamar derechos sin arriesgarlo todo.

Esta fragilidad tiene rostro. Pensemos en muchas trabajadoras internas del hogar, en su mayoría mujeres migrantes en situación irregular, que viven en la misma casa donde trabajan. Perciben alrededor de 1.200 euros mensuales, pero esa cantidad no refleja la disponibilidad permanente que se les exige: jornadas que se prolongan sin límites claros, descansos insuficientes, noches interrumpidas, responsabilidades que desbordan lo pactado. Viven donde trabajan y trabajan donde viven. Reclamar un derecho puede significar perder salario y techo al mismo tiempo. No es solo precariedad; es una dependencia que roza la explotación.

En campañas agrícolas o en determinados servicios ocurre algo semejante. No todos los empleadores actúan así, pero la falta de regularidad jurídica facilita abusos que rara vez se denuncian. Cuando los derechos no pueden ejercerse sin riesgo de represalias, la legalidad queda vaciada de contenido. 

Jornadas que se prolongan sin límites claros, descansos insuficientes, noches interrumpidas, responsabilidades que desbordan lo pactado. Viven donde trabajan y trabajan donde viven

A ello se añade la precariedad de la vivienda: habitaciones compartidas por varias personas, pisos sobreocupados, alquileres abusivos sin contrato, asentamientos improvisados. Sin estabilidad habitacional no hay integración real. El techo frágil se convierte en expresión visible de una vida siempre provisional.

La Doctrina Social de la Iglesia ilumina esta realidad con claridad. San Juan Pablo II enseñaba en Sollicitudo Rei Socialis que el desarrollo auténtico debe ser “integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre” (n. 14), y advertía contra las “estructuras de pecado” (n. 36), aquellas dinámicas sociales que consolidan injusticias y dificultan la realización plena de las personas. Cuando la irregularidad prolongada produce de manera sistemática explotación laboral y precariedad residencial, estamos ante una de esas dinámicas que es necesario reconocer y corregir.

Cuando la explotación deja de escandalizar y el hacinamiento se normaliza, la indiferencia se convierte en hábito colectivo.

En este contexto resuena la advertencia del papa Francisco en Lampedusa, el 8 de julio de 2013, cuando denunció la “globalización de la indiferencia”. No fue una expresión retórica, sino un juicio moral sobre una cultura que termina acostumbrándose al sufrimiento ajeno hasta hacerlo invisible. Cuando la explotación deja de escandalizar y el hacinamiento se normaliza, la indiferencia se convierte en hábito colectivo. Y una sociedad que acepta como inevitable la vulnerabilidad de un grupo termina erosionando su propia conciencia moral.

La prudencia política es necesaria. Una regularización no debe convertirse en incentivo automático a la irregularidad ni generar expectativas irreales. El orden jurídico merece protección. Pero mantener durante años a miles de personas en la sombra administrativa tampoco fortalece la cohesión social; consolida espacios donde la ley no opera con eficacia y la desigualdad se cronifica.

No se puede invocar la dignidad humana en abstracto mientras se toleran condiciones que la contradicen en la práctica. Tampoco se puede defender la legalidad mientras se convive con un sistema que se beneficia de la fragilidad ajena.

La regularización extraordinaria no es una solución mágica ni un error inevitable. Es una herramienta que debe evaluarse con responsabilidad. Lo que está verdaderamente en juego no es solo una medida administrativa, sino el modelo de convivencia que queremos construir: uno que mira hacia otro lado ante la explotación silenciosa o uno que, sin renunciar al orden jurídico, se compromete a que la ley proteja realmente a todos.

La verdadera medida del bien común se encuentra ahí: en una sociedad que no normaliza la injusticia, que no se acostumbra al miedo como condición de trabajo ni al hacinamiento como forma de vida, y que entiende que la justicia solo es plena cuando alcanza también a quienes viven en los márgenes.