Por Ciro Molina de León, superviviente de la pederastia eclesial "Los obispos españoles, ¿quiénes se creen que son?"

¿Qué clase de obispos tenemos en España? ¿Qué clase de representantes eclesiásticos se  supone que sirven a Dios? ¿Personajes que continúan siendo venerados como si la vida,  el éxito de la misma o la salvación dependieran de ellos? 

De nuevo, en ese vínculo traumático que aún mantiene gran parte de la sociedad y la clase política de este país, el caso del obispo de Cádiz remueve los cimientos de una Conferencia Episcopal que presume de su plan PRIVA. Una jerarquía que, lamentablemente, no es capaz de ocuparse de limpiar su casa ni de colaborar para que las  víctimas de sus pederastas sean reparadas. Más aún, es incapaz de seguir las  recomendaciones del Defensor del Pueblo publicadas en su informe de octubre de 2023. 

Antes de continuar, conviene dejar claro desde el principio que estas palabras no son una crítica a la fe cristiana ni hacia quienes la viven honestamente; sino que van dirigidas a aquellos clérigos que han traicionado su propio mensaje y abandonado a sus víctimas.

No. Los obispos no pueden hablar del derecho a la vida, porque continúan eludiendo la responsabilidad que tienen para con sus víctimas y su dignidad; para con su derecho efectivo de justicia y su verdad. Y tampoco pueden sentar cátedra sobre la vida cuando sus pederastas han cercenado con dolor la vida de tantos niños y niñas, «los predilectos  del Señor». Menos aún cuando siguen defendiendo a obispos pederastas y encubridores como, nuevamente, se ve en la gestión del caso de Cádiz. 

Los obispos españoles carecen de valentía, pues creen que en la contemplación de lo divino radica la verdadera experiencia con Dios. Sin embargo, se olvidan de aquello que dice el Evangelio: «cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos pequeños, conmigo lo hicisteis». O de que la verdad es la esencia misma de la vida cristiana. Han demostrado que no solo no reconocen el delito, sino que lo tapan. 

Los prelados ibéricos han sido más dados a movilizarse en los púlpitos y en la calle, a hacer pancartas en contra de la conquista de los derechos civiles e individuales. Pero no han reclamado con el mismo énfasis que la ley de la Dependencia o la LOPIVI se cumpla en todas las comunidades autónomas, sin excepciones. ¿Por qué? Porque dicen que son cuestiones políticas. Sin embargo, cada vez que pueden, se pronuncian contra aquello que se refiere a las libertades individuales o a la sexualidad. Y es que, lo que signifique  controlar conciencias, decisiones y el ejercicio de la libertad, sí les interesa. 

En España hemos visto que las palabras de Rouco Varelacontra el matrimonio igualitario eran aplaudidas. O cómo obispos que han hecho declaraciones constitutivas de delitos no han sido llevados ante un tribunal, ni siquiera han sido investigados de oficio. Por no hablar de los encubridores de agresiones sexuales infantiles. Y cómo los fanáticos a día de hoy los siguen defendiendo. Como si sus esquemas religiosos fueran un pase VIP al Cielo. ¡Qué equivocaditos están! 

"Y mientras tanto, los casos de pederastia eclesial que están documentados por investigaciones independientes y transparentes siguen sin  abordarse. Sencillamente, porque los obispos son unos peseteros"

No veremos a los mitrados movilizándose para solicitar que se aborde el tema del sinhogarismo tal y como solicitan los profesionales del sector, sino que preferirán  centrarse en los «delitos morales» de la ciudadanía, en seguir controlando lo que hacemos en nuestra vida privada o en hacer operaciones financieras vendiendo y comprando  propiedades. Eso sí, no le diga usted a un clérigo lo que debe o no hacer ni siquiera que sea fiel a su opción de vida: el celibato. Y mientras tanto,los casos de pederastia eclesial que están documentados por investigaciones independientes y transparentes siguen sin abordarse. Sencillamente,porque los obispos son unos peseteros. 

¿Dónde están los prelados españoles? ¿Dónde quieren estar? ¿En los clímax litúrgicos que experimentan con las estéticas tridentinas? ¿En la denuncia constante de la inmoralidad ajena mientras ellos mismos practican aquello que condenan? ¿En la confrontación política? ¿En el apoyo, sin reservas, a las víctimas de sus pederastas?  Porque la realidad es que la Iglesia española sigue resolviendo los casos de abusos igual  que décadas atrás. 

Esto lo afirmo desde mi experiencia personal porque, desde que denuncié en 2004 a un  cura pederasta de Tenerife, la diócesis siempre me ha dado las mismas respuestas. He  pedido justicia, reparación, verdad y humanidad. Incluso envié una carta detallada al  nuevo obispo solicitando un acuerdo de mínimos con lo que considero justo y necesario.  Sin embargo, respondió de manera política y protocolaria. Y con unas palabras muy  parecidas a las de sus dos antecesores: Felipe Fernández y Bernardo Álvarez.

De ahí, que  el convencimiento de que la Iglesia solo quiere controlar sea más profundo todavía: a quién se repara, cuánto dinero se da, qué es lo que se puede saber y qué no. Es decir, gestionar el asunto ella sola de tal manera que no haya transparencia, ni seguimiento, ni trazabilidad. 

Además, en este preciso punto es necesario recordar que, a raíz de una carta mía que leyó el papa Francisco en noviembre de 2024, dijo que se tenía que abordar mi caso. En febrero del presente año, llegó a la diócesis una notificación del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Tampoco sirvió de nada ni se me facilita dicha notificación. Para el actual obispo y su corte, mi caso está superado y es algo que pueden dejar morir. ¿Dónde quedan, pues, las entrañas de misericordia, la humanidad y la compasión que tanto predican? ¿Cómo son capaces de hablar de dignidad o de amor? ¿Cómo no se lavan la boca antes de pronunciar el nombre de Dios? 

Nuevamente, me remiten al plan PRIVA, cuando mi caso ya está juzgado canónicamente. Aunque me niegan tener acceso a la resolución. ¿Puede haber mayor despropósito que obligar a una víctima a someterse al criterio de la misma institución que encubrió, protegió y negó las agresiones sexuales?  

"A ningún asesino o maltratador se le permitiría poner condiciones a su víctima, pero a la Iglesia sí"

El PRIVA es un mecanismo opaco, sin garantías, que no cumple las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Y lo digo con claridad: a ningún asesino o maltratador se le permitiría poner condiciones a su víctima, pero a la Iglesia sí. Es juez y parte. Y eso lo hace completamente injusto. ¿Se puede ser más miserable?

Los datos lo confirman: mientras el PRIVA reconoce a poquísimas víctimas, de momento (39) la base de datos de El País recoge el testimonio de 2.936 víctimas y el informe del  Defensor del Pueblo lo establece entre 674 y 240.000. Un abismo entre la realidad y la  ficción que la Iglesia admite. 

A esta falta de justicia hay que añadir la ausencia de la iniciativa episcopal. En Tenerife, se sigue actuando como hace más de veinte años. No solo porque el nuevo obispo responde igual que sus antecesores; sino porque sigue los consejos de quienes no supieron  —o nunca quisieron— gestionar bien este caso. Porque, hay que recordarlo, siguen en activo vicarios que boicotearon en su momento la vía judicial. Hasta que no se vayan todos los responsables de esa cultura del silencio, nada cambiará. Y luego se creen con el derecho de decir lo que uno debe hacer cuando estarían mejor guardando silencio, ese que  tanto utilizan cuando les interesa. 

Por eso fue necesario buscar apoyo fuera de mi tierra. En este momento, solo confío en mis compañeros/as de ANIR y en las gestiones que está realizando el Gobierno de España. Para muchos supervivientes es la única esperanza que nos queda. Todas las demás instancias nos han fallado y dado de lado.  

Un dato relevante es que en la reunión que mantuvimos con el ministro Bolaños el martes pasado estuvimos supervivientes de 10 comunidades autónomas. Recordemos que España tiene 17 junto con Ceuta y Melilla. Todos los allí presentes coincidíamos en lo mismo: en décadas, la Iglesia no ha respondido y prefiere el maltrato sistemático. 

Es aquí donde aparece el otro obstáculo: la judicatura. En España hay personas intocables. Esto es posible porque una parte de la misma sigue respondiendo a una cultura profundamente católica y conservadora (que no liberal). Y mientras no se lleve a cabo una profunda reforma del poder judicial, seguirá habiendo un modo de ser y de estar que protegerá a quienes forman parte del ecosistema del poder. Por eso es tan difícil sentar a la Iglesia en el banquillo. 

"¿Podrá Dios  premiar a los hijos del mal o del terror?"

Por supuesto, mientras nuestros representantes públicos sigan venerando a la jerarquía eclesial como si fueran el mismo Dios encarnado, o la judicatura siga condicionada por organizaciones católicas, cuya misión es colonizar instituciones para preservar los intereses de la Iglesia, no habrá justicia plena. Y la libertad e igualdad no existirán en esta democracia, puesto que no se garantiza la separación de poderes. 

Los obispos creen que solo «los de abajo» —los «sufridos»— daremos cuenta a Dios. Nuevamente se olvidan del Evangelio: «a quien mucho se le da, mucho se le exigirá». También creen que la misericordia de Dios es infinita. No obstante, deberían recordar  aquello de: «la medida que uséis con los demás la usarán con vosotros». ¿Podrá Dios  premiar a los hijos del mal o del terror? 

Después de tantos años, muchas víctimas —y yo entre ellas— llegamos a la misma  conclusión: puede que todo esto solo acabe el día en que muramos. Pero antes, quizás, habríamos de solicitar la apostasía. Algo simple y digno, puesto que comprendimos que fuera de la Iglesia también hay Salvación. Y porque es en el siglo —en la secularidad, en la calle— donde realmente encontramos a la gente maravillosa que nos escuchó y nos ayudó a seguir caminando.